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Foto: Gleybert Asencio

Por Alberto Torres @albertotorresm_

La manifestación de trabajadores públicos recorrió parte de la avenida Baralt hasta llegar a la sede del TSJ, donde exigieron respuesta a las demandas y recursos que han interpuesto en contra del instructivo Onapre, que el Tribunal califica como “inexistente”, y también la libertad de líderes sindicales detenidos por protestar.

Caracas. Si el instructivo de la Oficina Nacional de Presupuesto (Onapre) no existe, ¿por qué se sigue aplicando y siguen desmejorando los ingresos del sector público? La misma pregunta se hacen cientos de trabajadores ante la indiferencia sobre el conflicto, que está cerca de cumplir seis meses.

“Lo que está ocurriendo es abuso de poder. El salario es sagrado, es el pan de cada familia y las instituciones lo que hacen en lavarse las manos, lo reconocen y luego se echan para atrás”, criticaba la docente Elsa Castillo en medio de una nueva manifestación en la esquina de Salas, frente al Ministerio de Educación, en protesta contra el instructivo.

Foto: Gleybert Asencio

Esta vez, el grupo de trabajadores activos y jubilados de ministerios, centros de salud, universidades, empresas básicas y otros órganos públicos buscaban consignar ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sendas comunicaciones exigiendo respuesta a los recursos que se han interpuesto y en defensa de los trabajadores detenidos por protestar.

Señalamos (en el documento) que es inadmisible que el TSJ diga que el instructivo no existe, porque eso se ha ejecutado por orden ministerial y lo han reconocido en todos los ministerios a los que hemos ido, explicó José Gregorio Afonso, secretario de asuntos académicos de la Asociación de Profesores de la Universidad Central Venezuela (Apucv).

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Foto: Gleybert Asencio

Los manifestantes critican que, además de que ratificó la “inexistencia” del instructivo, el TSJ multó a los trabajadores y rectores universitarios demandantes de los dos recursos de nulidad. “No aceptamos la práctica intimidatoria y represiva del TSJ”, añadió Afonso. 

Eduardo Sánchez, presidente del Sindicato Nacional de Trabajadores de la UCV (Sinatraucv), señaló que la reducción de salarios, primas y beneficios contractuales de la administración pública afecta a cerca de 2,5 millones de trabajadores, que perciben la mitad de lo que deberían, según sus contratos colectivos.

Foto: Gleybert Asencio

La manifestación avanzó, para sorpresa incluso de algunos trabajadores, hacia la avenida Baralt de Caracas con destino a la sede del TSJ, escoltada por funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB).

Allí, tras cerca de media hora, el magistrado suplente de la sala de Casación Social, Silio Sánchez Zerpa, recibió los recursos y una comunicación dirigida a la magistrada Gladys Gutiérrez, presidente del TSJ. Sánchez se limitó a escuchar las demandas y argumentos de los manifestantes, pero no hizo comentario alguno ni respondió preguntas de la prensa.

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Una de las que habló ante el magistrado suplente fue Yorbelis Oropeza, maestra y esposa del profesor Alcides Bracho, sindicalista y activista del partido Bandera Roja que fue detenido arbitrariamente el 4 de julio por funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin).

Oropeza le recordó al funcionario del TSJ que el Estado está para resolver los problemas de la ciudadanía, no para amenazar ni generar más conflictos, por lo que pidió que se acelere el proceso penal en contra de su esposo y se le dé libertad plena, pues asegura que no hay elementos probatorios en su contra.

El Observatorio Venezolano de Libertad Sindical estima que al 14 de septiembre más de 80 dirigentes sindicales están sometidos a procesos penales y al menos ocho de ellos están presos. Eduardo Sánchez, de Sinatraucv, señala que en total hay alrededor de 140 trabajadores detenidos por su lucha sindical y críticas a la gestión del gobierno de Nicolás Maduro.

Foto: Gleybert Asencio

Los trabajadores esperan en las próximas semanas continuar las movilizaciones por reivindicaciones e irán a la Contraloría General de la República para denunciar la “apropiación indebida de fondos” por parte de la Onapre de los aportes que realizan los empleados a las organizaciones sindicales, que tienen entre ocho meses y un año sin recibir.

También se espera que el tema Onapre –que se remonta a 2018, pero que se profundizó en marzo de este año– sea elevado ante la comisión de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que vendrá al país el 26 de septiembre para evaluar el estado del diálogo tripartito.

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