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¿Qué explica el pobre desempeño de la oposición venezolana a nivel subnacional pese a su alto potencial? Para responder esta pregunta, este artículo analiza las oposiciones a partir de los datos electorales a nivel subnacional de 2008 a 2021. Esto pasa por estudiar dos dimensiones del sistema de partidos: fragmentación y competencia. Para esto, proponen los autores el Índice de Competitividad Electoral Opositora, que sirve para observar el efecto de la (des)coordinación versus su potencial a nivel subnacional. Entre las conclusiones esta que los datos evidencian que la descoordinación opositora coadyuvó a mitigar la pérdida de apoyo popular al chavismo, al hacerse este último de la mayoría de las gobernaciones.

Maryhen Jiménez <maryhen.jimenezmorales@area.ox.ac.uk> | Stefania Vitale <svitalem@gmail.com> | Juan Manuel Trak <jmtrak@gmail.com> | Guillermo Tell Aveledo <gaveledo@unimet.edu.ve>

Pese a la heterogeneidad en su composición y en las diversas estrategias políticas —institucionales y extrainstitucionales—, la oposición partidista en Venezuela ha movilizado a la población, tanto a nivel nacional como subnacional, para disputar el poder al chavismo. El terreno subnacional ha representado una instancia clave para este propósito. Los partidos de oposición han empleado estrategias que, en ocasiones, los han acercado a propiciar mayores derrotas electorales al chavismo a nivel subnacional, demostrando un potencial clave en términos de votos, pero que aún no se ha traducido en un mayor número de gobernaciones a su favor.

© Oficina Nacional de Procesos Electorales

(enero-junio), 21(23): 125-160. DOI:10.53557/Elecciones.2022.v21n23.04

1.    Introducción

¿Es el chavismo un movimiento político invencible?, ¿o es la oposición venezolana incapaz? Los resultados electorales de los últimos veinticuatro años en Venezuela y la narrativa política contemporánea sobre el conflicto parecen sellar en piedra la hegemonía del chavismo en el poder y el desplazamiento prolongado de cualquier otro grupo político. Si bien es cierto que el movimiento fundado por Hugo Chávez ha logrado victorias abrumadoras en todos los niveles de gobierno, en ocasiones, la oposición ha mostrado capacidad para disputarlo.

De hecho, pese a la heterogeneidad en su composición, y diversas estrategias políticas, institucionales y extrainstitucionales empleadas a lo largo del tiempo, varios grupos opositores han aprovechado las oportunidades para movilizar a la población venezolana a su favor, tanto a nivel nacional como subnacional. Por ejemplo, de 2002 a 2004, Chávez se enfrentó a movilizaciones masivas, una ola de huelgas, un paro petrolero y un golpe de Estado que logró removerlo por tres días de la Presidencia. Luego, los estudios de opinión del referéndum revocatorio para 2004 no le favorecieron en un principio. En 2007, la ciudadanía se movilizó en rechazo al referéndum consultivo y al cierre del canal de televisión RCTV. En 2010, a pesar de ser ya un régimen autoritario competitivo, la oposición venezolana ganó el voto popular en las elecciones legislativas, aunque el sistema electoral favoreció al Gobierno en la distribución de los escaños.

Henrique Capriles, bajo la estrategia electoral de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD), logró reducir la brecha en términos de votos obtenidos por cada bloque en las elecciones presidenciales de 2012 contra Chávez y en 2013 contra Nicolás Maduro. La disputa por el poder al chavismo mediante diferentes vías tampoco ha cesado durante los mandatos de Maduro, entre hitos de protestas (2014, 2017 y 2019), un intento de golpe de Estado (2019) y en elecciones para distintos cargos políticos (2013, 2015, 2018 y 2021). Durante esta última etapa, la coalición opositora MUD ganó más de dos tercios de los escaños en la Asamblea Nacional en los comicios de 2015.

El terreno subnacional también ha constituido para la oposición un tablero clave para reunir capital político. Desde que se inició la descentralización política en 1989, los gobernadores han sido actores centrales dentro del sistema político. Por lo tanto, la disputa del poder regional entre fuerzas políticas ha sido relevante. No en vano, en el curso de la autocratización venezolana, el

chavismo ha implementado acciones para centralizar el poder (Mascareño 2004; Rachadell 2006; Manzano et al. 2012; Rangel 2017), bajo la “nueva geometría del poder”, aunque sin cerrar el sistema político subnacional por completo (González y Vitale 2022), a pesar de haber evidenciado que tiene un techo electoral (Jiménez 2022).

El Gráfico 1 muestra que el chavismo parece haber dejado atrás su máxima capacidad electoral en términos de voto popular a nivel subnacional, registrando un mínimo en 2021. El bloque chavista, de hecho, contabilizó una proporción menor de los votos populares que los partidos de oposición en conjunto, 3.719.133 (45 % del total de votos) versus 4.515.043 (55 % del total de votos), respectivamente, en 2021. Por otro lado, observamos que, pese a esa pérdida neta del voto popular, ayudado por el sistema electoral de carácter mayoritario, y sus tácticas de represión y cooptación, el Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) ha conservado el mayor número de gobernaciones. En el campo no-chavista ocurre lo contrario (Gráfico 1). Vemos un desempeño poco competitivo de este bloque, a pesar de contar con un crecimiento en relación con el voto popular. Cabe destacar que los adversarios del chavismo no han logrado ganar más de ocho gobernaciones de veintitrés cargos en una misma elección desde 2000; el bloque no-chavista no pudo aprovechar su potencial, reflejado nuevamente en el caudal de votos populares en 2021, al ganar cuatro de veintitrés gobernaciones. El chavismo, en cambio, mostró de nuevo su alto nivel de competitividad electoral al hacerse con el resto, con una proporción menor de votos.

Gráfico 1

Número de gobernaciones vs. voto popular regional

Ante este panorama, nos preguntamos por qué la oposición no ha logrado capitalizar su potencial político a nivel subnacional. Este trabajo brinda una respuesta más allá de las obvias ventajas que obtiene el partido de Gobierno en el marco de un contexto autoritario. Para ello, analizamos el comportamiento electoral subnacional de los diferentes grupos que adversan al oficialismo, junto a una serie de indicadores complementarios para explicar, de forma alternativa, la falta de competitividad de la oposición en el terreno electoral subnacional, sin dejar de evidenciar las restricciones estructurales y aquellas variables que impone la competencia con actores del chavismo.

A partir del análisis de la correlación de fuerzas de los dos bloques políticos desde 2008 hasta 2021, argumentamos que el éxito relativo de una oposición partidista está condicionado por el tipo de estrategia que emprende y la capacidad que tiene para ejecutarla. Lo esencial no es si una oposición participa o se abstiene, sino cómo participa y/o se abstiene. La evidencia empírica sugiere que no es la participación o abstención la que impacta en la (in)capacidad de la oposición venezolana, sino la descoordinación estratégica. La falta de coordinación, como demostraremos, ha sido un factor que ha incidido negativamente en la maximización de su potencial y, por lo tanto, ha impuesto un alto costo que se ha traducido en un pobre desempeño electoral a nivel subnacional.

El artículo está organizado de la siguiente manera: primero, discutimos los dilemas estratégicos que enfrentan las oposiciones en regímenes autoritarios. Después, presentamos el contexto autoritario venezolano, e introducimos algunos indicadores asociados a la competitividad y número efectivo de candidatos subnacionales, así como el Índice de Competitividad Electoral Opositora (Iceo) que proponemos para abordar nuestro argumento. Concluimos señalando futuras áreas de investigación a partir de los hallazgos que encontramos desde el caso venezolano.

2.   Dilemas opositores en contextos autoritarios  

Los dilemas a los cuales se enfrentan las oposiciones en autocracias tienen varios orígenes.[1] Un tipo de dilema suele ser impuesto directamente por el contexto autoritario, debido a los riesgos inherentes que acarrea la decisión de enfrentarse a ese tipo de régimen. La participación en elecciones es una forma de hacerle frente a los autócratas, sobre todo en autoritarismos contemporáneos, que, a diferencia de los del pasado, son proclives a permitir la celebración de elecciones, aunque no estén dispuestos a perderlas. Más bien, las autocracias modernas utilizan las elecciones para intentar mantenerse en el poder (Levitsky y Way 2010).

Aun así, las oposiciones tienen un espacio de participación en estos regímenes. Los autócratas han aprendido a valorar el beneficio de los elementos de la democracia y los combinan con el ejercicio autoritario del poder (Diamond 2002). Más específicamente, este tipo de autocracias pasan a calificar como regímenes autoritarios electorales, de acuerdo con Levitsky y Way (2011), porque celebran elecciones sin incurrir en fraudes masivos para “ganarlas”, aunque tienen lugar en un contexto de alta incertidumbre en el cual quienes gobiernan violan reglas institucionales de manera amplia y frecuente.

Existe una serie de alicientes enumerados por Gandhi y Reuter (2013) que llevan a las autocracias a aceptar la organización de eventos electorales; estos son validación de la propia legitimidad de la autocracia, cesión ante presiones de la comunidad internacional, recolección de información de sus seguidores y opositores, demostración de dominio, y mitigación o cooptación de sus oponentes. Si bien estos incentivos llevan a las y los autócratas a permitir la competencia electoral, por otro lado, la disuaden con un buen número de artificios. Para asegurar una maximización de réditos electorales, las y los autócratas tienen al alcance una serie de herramientas para crear profundas desventajas a la oposición en elecciones (Alvarez, Hall y Hyde 2008; Lehoucq 2003; Magaloni 2006). Como dice Schedler (2002), existe un “menú de manipulación” compuesto por abusos generales en el uso de los recursos estatales, la distribución de beneficios selectivos a políticos y/o votantes, control sobre la información, imposición de reglas electorales que impiden candidaturas opositoras, manejo casi de monopolio de la cobertura de los medios, aun permitiendo cierto grado de prensa independiente, y, en última instancia, si todo lo anterior falla, el uso de represión o fraude (Schedler 2002).

Una combinación entre incentivos para permitir elecciones y el uso de elementos de manipulación permite a los sistemas autocráticos conseguir victorias abrumadoras que sirven para enviar señales a varias audiencias: a) a sus propios miembros, de que la oposición es insustancial (Gandhi y Lust-Okar 2009); b) a las propias oposiciones, para desestimular futuras participaciones, y c) a los votantes, para convencerles de que no existen alternativas.

Visto que las autocracias suelen abrirse a la celebración de elecciones bajo su misma lógica de preservación del poder (Knutsen, Håvard y Tore 2017), las oposiciones se enfrentan a una serie de dilemas a la hora de tomar decisiones sobre participar electoralmente y, en el caso de hacerlo, cómo y en cuáles comicios. A estos dilemas se suman otros que se derivan de la naturaleza de estos grupos políticos. Por ejemplo se debe tomar en consideración el tipo de sistema de partidos —bipartidista, multipartidista—, características consustanciales a los partidos —centralizados, descentralizados, nacionales, subnacionales, tipos de ideologías, identidades, intereses— así como el tipo de sistema electoral —proporcional, mayoritario, mixto—, que es un determinante clave, precisamente, del tipo de sistema de partidos (Bunce y Wolchik 2011). Las características de los partidos y grupos políticos influyen en el cálculo político de las oposiciones al momento de tomar decisiones fundamentales, en cuanto a ejercer o no la investidura de oposición, en las formas estratégicas de cómo oponerse y respecto a los espacios.

2.1.  Oponerse vs. salirse

Es común pensar que los grupos adversos a regímenes autoritarios actuarán de forma permanente e invariable en el tiempo en la disputa por el poder. Se suele presumir que, si bien existen personas, grupos, organizaciones sociales, partidos políticos y coaliciones de partidos que de manera inmóvil se oponen a autocracias, la voluntad de “operativizar” esa oposición y disputa por el poder es invariable en el tiempo y se materializa a costos casi inexistentes. Lo cierto es que la voluntad de tomar acciones políticas opositoras al autoritarismo está estrechamente vinculada a una estructura de incentivos. De hecho, los grupos políticos que se oponen a un gobierno no democrático, ya sea que provengan del sistema anterior al establecimiento del régimen autoritario, o que han mutado y/u operado ya dentro del sistema autocrático, se enfrentan constantemente a un macrodilema clave, el de seguir, o no, en las filas de lucha por hacerse con el poder.

Las oposiciones habitualmente incurren en el cálculo del costo-beneficio inherente a los dilemas relacionados con esa disputa del poder en alguno o todos los niveles de gobierno. Esta matemática cobra mayor importancia en contextos autoritarios, puesto que estos cálculos sirven para tomar decisiones clave en los respectivos niveles de riesgos individuales y colectivos que implican una lucha política bajo un régimen autocrático. Es decir, grupos opositores en estos contextos pueden recoger filas y replegarse con respecto a su objetivo de hacerse con el poder a quienes ejercen el autoritarismo o, más bien, apelar al alcance de objetivos políticos de una forma más sistemática en el tiempo. Grupos y partidos opositores en contextos autoritarios que sí muestran mayor ambición intentarán cambiar el statu quo en algún grado, desde emprender una lucha por reformas políticas, sociales y/o económicas, disputas del poder en alguno o todos los niveles de gobierno y/o perseguir objetivos más altos en la escala, como la democratización del sistema.

Mientras algunos grupos y partidos de oposición optan por rutas graduales e institucionales para alcanzar la liberalización y/o democratización, otros se decantan por mecanismos extrainstitucionales y maximalistas para alcanzar el mismo fin (Gamboa 2017). Existen otros actores, por el contrario, que, a pesar de llamarse oficialmente oposición, no están interesados en desalojar a las élites autoritarias del poder. Estos grupos y partidos son sensibles a ser cooptados y/o preferir una estrategia netamente minimalista que apunte, en promedio, a objetivos menos ambiciosos como, por ejemplo, optar por cargos de elección pública e intentar implementar mejoras dentro del sistema político, es decir, sin cuestionar significativamente el conjunto de reglas e instituciones autoritarias. Por lo tanto, sus estrategias y discursos suelen ser complacientes con el régimen autoritario, aunque la cooptación por parte de los autócratas tiene sus limitaciones (Haber 2006; Magaloni 2010).

2.2.  (Des)coordinarse

Un peldaño en el dilema de la acción colectiva opositora en contextos no-democráticos se presenta cuando los grupos políticos deben decidir cómo operar en conjunto para maximizar las probabilidades de concreción de sus objetivos políticos. Los estudios comparados han demostrado la alta utilidad y efectividad de la coordinación entre adversarias y adversarios a un régimen autoritario, tanto para una posible liberalización como democratización (Bunce y Wolchick 2011; Howard y Roessler 2006).

Como se explicó anteriormente, los dilemas opositores ocurren en distintas arenas. Por ejemplo, como señala Jiménez (2021), los partidos tienen intereses y objetivos que deben atender en paralelo, y que pueden abarcar desde la formación de su base partidista, reclutamiento de activistas y líderes o programa ideológico, hasta el crecimiento de su movimiento. Igualmente, mientras desarrollan su agenda política individual, los partidos también evalúan la necesidad y tipo de una posible coordinación con sus pares. Al mismo tiempo, tienen que diseñar mecanismos de toma de decisiones y formación de estrategias colectivas, si deciden formar un frente. En contextos no-democráticos, ese proceso de formación de estrategias se ve condicionado por las circunstancias en el cual se insertan. En otras palabras, las estrategias, objetivos e incentivos para la (des)coordinación pueden variar en función del conjunto de oportunidades disponibles en un momento dado. Una pregunta central es cómo entender estas luchas que giran en torno al tipo de coordinación, ya sea formal o informal (Jiménez 2021).

Como se mostrará en la siguiente sección, diversos hallazgos demuestran que la descoordinación de la oposición conlleva un alto costo. Dicho de otra forma, pese a un alto potencial de desempeño competitivo, una oposición fragmentada perderá frente a un régimen autoritario. Esto se demuestra en los siguientes casos de estudio:

  1. Dilemas de las oposiciones en las elecciones subnacionales de 2008-2021
  2. Federalismo y la revolución bolivariana

Toda consideración sobre las elecciones regionales en Venezuela debe incluirse dentro del contexto de la peculiar interacción entre el federalismo y la revolución bolivariana, y el rol de los gobiernos locales y regionales dentro del sistema político en general.

El ascenso al poder de Hugo Chávez en 1999 pareció retar la expectativa de las reformas modernizadoras de finales de la década de 1980, que la democracia asumiría la descentralización administrativa y la elección de gobiernos locales y regionales, aunque en un contexto de fragmentación del sistema de partidos y con baja participación del electorado. El chavismo tenía una visión claramente crítica del proceso de descentralización, considerándolo un mecanismo de fragmentación territorial derivado de reformas neoliberales que implantaba un desorden en las relaciones entre la federación y sus estados miembros y que aumentaba el número de funcionarios públicos.

Pese a esto, la Constitución de 1999 definió la República como “un Estado federal descentralizado” regido “por los principios de integridad territorial, cooperación, solidaridad, concurrencia y corresponsabilidad” (art. 4). Además, la Constitución agregó que la “descentralización (…) debe profundizar la democracia, acercando el poder a la población” (art. 158), estableciendo la elección de alcaldesas, alcaldes, gobernadoras y gobernadores de manera directa por primera vez en la historia, aunque esto no ha sido desarrollado desde el inicio de la aplicación del texto constitucional (Brewer-Carías 2007). No solo se evitó desarrollar instituciones proclives al federalismo en la Constitución, sino que se propició, expost, un proceso de recentralización del poder, con el vaciamiento de las competencias administrativas, fiscales y políticas regionales: la reducción de la autonomía fiscal y administrativa —disminución de los recursos y competencias transferidos a gobernaciones y alcaldías—, uso de fondos y presupuestos paralelos, así como la proliferación de distintas instancias paralelas de ejecución de gasto (consejos comunales y protectorados). Vale destacar que Chávez creó, después de 2006, los consejos comunales como espacios de participación a nivel hiperlocal en conexión directa con el Ejecutivo Nacional, con lo que el partido de Gobierno tenía incidencia en estos “grupos sociales” que ejercían “directamente la gestión de las políticas públicas (…) de las comunidades”, sin atención a las divisiones político-administrativas o a los vaivenes de la política electoral. Otra instancia que se suma son las figuras subnacionales paralelas, los “protectorados”, promovidos en el régimen de Maduro para contrarrestar las funciones de las gobernaciones en manos de la oposición, por una suerte de comisarios del poder central no electos en estados cuya gobernadora electa o gobernador electo proviene de las filas del bloque opositor, y el protector designado es el front runner de la elección, perteneciente a las filas del partido de Gobierno Psuv (Arellano 2021).

Este esquema de recentralización fue promovido al concebir el chavismo, a través de su proyecto de revolución bolivariana, una “nueva geometría del poder”, lo que implicó de entrada una posición ideológica contraria al federalismo, en tanto que este era una manifestación de la democracia representativa. Tal propósito se vio, además, alentado por la percepción de que los Gobiernos subnacionales podían servir, en algunos casos notorios, como bastiones de liderazgo opositor. Pese a que los partidos del chavismo obtuvieron consistentemente mayorías en las elecciones regionales y municipales, los espacios dominados por la oposición eran tenidos como focos de acciones contrarias y hasta desestabilizadoras del poder central. Los candidatos presidenciales principales de la oposición han sido exgobernadores: Francisco Arias Cárdenas (2000), Manuel Rosales (2006), Henrique Capriles (2012 y 2013) y Henry Falcón (2018).

3.     Resultados electorales y estrategias a nivel subnacional (2008-2021)

De 1998 a 2012, el chavismo buscó legitimidad como fuerza política en el poder a través de innumerables victorias electorales, al tiempo que fue ejerciendo el control de las instituciones democráticas, incurriendo en prácticas autoritarias. Una vez que Maduro asumió el poder, el país transitó hacia un autoritarismo (electoral) que se consolidó en el tiempo.

Los dilemas a los cuales se han enfrentado las oposiciones en Venezuela no pueden ser subestimados a la luz del contingente de prácticas discrecionales del chavismo. Entre estas destacaban: la manipulación de los lapsos constitucionales, irregularidades en centros electorales en los días de votación, coerción y coacción a los votantes y testigos electorales o partidos, acceso diferenciado a medios de comunicación durante la campaña, uso parcializado de recursos públicos, vulneración del secreto del voto (Corrales 2020), represión ejercida entre inhabilitaciones políticas, amenazas de diversa índole y represión física a funcionarios públicos y/o (potenciales) candidatos (Jiménez 2021). Dilemas de mayor envergadura surgieron en la medida en que se iban superando estas prácticas por otras más sofisticadas. Los efectos del autoritarismo electoral en la toma de decisiones de la oposición y participación electoral tomaron tiempo para surtir efecto. Evidentemente, estos dilemas deben ser dimensionados, a priori, por el carácter de la elección, por las diferencias entre intereses políticos generales subyacentes en unas elecciones presidenciales y el “elevado componente local, proclive al particularismo y la fragmentación” de unas elecciones subnacionales (Romero 2021).

La participación electoral general ha sido, en promedio, alta durante la era del chavismo; sin embargo, lo llamativo es que, en particular, la participación a nivel subnacional también fue relativamente alta, al ubicarse en más del 60 % de 2008 a 2017 (Gráfico 2), aunque con un declive intermedio en 2012, con 53 %. La abstención en los comicios subnacionales de 2021 mostró, en cambio, el efecto de la desafección política de la población, puesto que la participación cayó a 43 %. Al ser discriminada por estados, se observa una disminución significativa en la que destaca el caso del estado Bolívar, con una caída de 20 %. En el nivel de abstención de 2021, parecen confluir diferentes factores estructurales y coyunturales: a) vinculados al propio autoritarismo electoral por el secuente manejo arbitrario (Trak 2020), b) migración masiva (Penfold 2017), c) las estrategias políticas de boicot de los bloques tradicionales de oposición en las municipales 2017, presidenciales 2018, parlamentarias 2020, y d) inconsistente coordinación (Jiménez 2022).

Gráfico 2

Porcentaje de participación en las Elecciones Regionales 2008-2021 según estado[2]

Elaboración propia a partir de datos del CNE[3]

Para la oposición, los intereses políticos generales en juego en una elección presidencial y parcialmente en legislativas primaron sobre los intereses diferenciados de las regiones. Su mejor desempeño fue, de hecho, en las elecciones parlamentarias de 2010 y 2015 (Trak 2016, 2018), tras coordinarse de manera formal (Jiménez 2021).

A nivel subnacional, la oposición venía de lograr importantes números en 1998 y 2000, diecinueve y siete gobernaciones, compitiendo de forma fragmentada. No obstante, también es cierto que, para aquellos años, el chavismo no se había terminado de compactar ni dejó de mostrar la plenitud de su tendencia autoritaria, así como tampoco contaba con el caudal de los ingresos fiscales petroleros. En la medida en que estos se consolidaron, los dilemas estratégicos de partidos y grupos de oposición que surgieron fueron más complejos y giraron en torno a opciones distantes entre sí, reformistas y moderadas o de carácter maximalista, desde boicot electoral hasta la creación de un Gobierno paralelo.

Lo cierto es que el resultado general a nivel subnacional no es alentador para la oposición, a juzgar por la correlación de fuerzas (Gráfico 3). Para 2008, ya los partidos apenas habían diseñado una estructura en el seno del cual operar conjuntamente. Ahora, esta elección de 2008 no puede analizarse sin tener en cuenta la derrota del oficialismo en el referéndum constitucional de 2007, que motivó la generación de dos incentivos críticos para asegurarse la victoria, sobre todo en la elección de la enmienda constitucional de 2009: reelección sin límites para todos los cargos de elección popular y el ingente gasto público. El oficialismo obtuvo frutos de aquello en 2008, al obtener la mayoría en dieciséis estados, prácticamente todos ubicados en la periferia, mientras que la oposición solo cinco bajo la incipiente MUD, en las regiones más pobladas y económicamente más importantes: Carabobo, Miranda, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. Este resultado significó, sin embargo, una mejora relativa, si se le compara con el par logrado en 2004. 

Los resultados de los comicios subnacionales subsiguientes de 2012 estuvieron marcados por la última victoria presidencial de Chávez, de apenas dos meses de diferencia. Un elemento clave estuvo asociado a la economía política del gasto público, puesto que el ciclo electoral propició una expansión del gasto público de 51 % del producto interno bruto para la elección presidencial de ese año (Monaldi 2013). Este aumento respondió también a la pérdida del voto popular del chavismo en las legislativas de 2010. Otro efecto colateral de la victoria de Chávez en las presidenciales fue que produjo la desmovilización del contingente de votantes opositores. Cyr (2013) atribuye la derrota a su “naturaleza regionalizada” debido a la presencia de partidos regionales y concluye que, “frente a una oposición unida institucionalmente”, pero “fragmentada territorial e ideológicamente”, resulta evidente que el oficialismo cuenta con muchas ventajas. Para esa elección, la oposición operó bajo el funcionamiento pleno de la MUD, aunque ganó solo tres gobernaciones, manteniendo Miranda, mientras que el oficialismo obtuvo veinte. La votación no oficialista también sufrió una pérdida sustantiva, a nivel del voto popular, de un poco más de 500.000.

En 2017, el oficialismo logró la mayoría en diecisiete de los veintitrés estados, mientras que los votos no oficialistas lo hicieron en cinco entidades: Anzoátegui, Mérida, Nueva Esparta, Táchira y Zulia. En concreto, la oposición cedió su capital político logrado en 2015 y se descoordinó en torno a diferencias estratégicas sustantivas, entre mantener la competencia por la elección regional que había sido postergada desde 2016, el apoyo al referéndum revocatorio presidencial y una agenda de movilizaciones masivas para solicitar la renuncia de Maduro. Por otro lado, una vez celebrados los comicios subnacionales con retraso en 2017, el elemento distintivo en desfavor del bloque opositor fue la mejora tecnológica de la manipulación electoral. De acuerdo con Penfold (2017), entre las condiciones electorales que marcaron diferencia sustantiva en favor del oficialismo estuvo “la masificación del despliegue de los puntos rojos, el 15-O” —una instancia irregular de registro electoral a la hora de votar, en la cual se entrega el carné de la patria—, un dispositivo anómalo de registro de la población para ejercer control social y que está asociado a la recepción de un subsidio alimenticio a través de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap). Este episodio marcó un hito en el uso cada vez más sofisticado de la manipulación electoral, generando mayores dilemas opositores sobre si ejercer o no su potencial electoral.

En 2021, el oficialismo obtuvo su menor caudal electoral desde 2008, con alrededor de 3,7 millones de votos, frente a los 5,8 millones que había logrado en 2017 (Tabla 1), generando mayores dilemas a la oposición respecto a si podía actualizar su potencial electoral. El voto no oficialista fue de aproximadamente 4,5 millones, es decir, 500 mil votos menos que en 2017, cuando obtuvieron 5 millones a nivel nacional. Si bien el bloque no oficialista sumó más del 50 % de los votos en diecinueve de los veintitrés estados, apenas logró ganar cuatro gobernaciones: Barinas, Cojedes, Nueva Esparta y Zulia. La abstención afectó a ambos bloques, en mayor medida al oficialismo, volviendo a representar el bloque minoritario después de veintiún años. A pesar de esto, el Gobierno logró ganar en diecinueve de las veintitrés gobernaciones en disputa, mientras que la oposición únicamente cuatro. Esto supone que la falta de coordinación tras el dilema de participar o no, como en la postulación de candidatas y candidatos, impidió aprovechar el potencial.

Tabla  1

Voto popular por bloque en elecciones regionales de 2008 a 2021

Bloque2008201220172021
No oficialismo4.579.0644.065.7035.052.3034.515.043
Oficialismo5.096.5074.855.3405.817.3443.719.133

Elaboración propia a partir de datos del  CNE

Gráfico 3

Porcentaje de votos válidos por bloque en las Elecciones Regionales           2008- 2021 según estado

Elaboración propia a partir de datos del CNE[4]

Los bloques de oposición lograron victorias en Zulia y Nueva Esparta, donde tradicionalmente son competitivos, salvo en 2012. Por otro lado, sus victorias en Barinas y Cojedes ilustran un avance en la periferia, zona que suele estar dominada por el chavismo. 

La tendencia por bloques evidencia que la coordinación en las candidaturas electorales tiene un potencial importante para que la oposición pueda superar algunas de las desventajas estructurales del sistema autoritario. Para profundizar en este argumento, en la siguiente sección se hace un análisis más detallado de los resultados electorales de 2021, partiendo de dos dimensiones de los sistemas de partidos por cada entidad.

4.     Fragmentación y competitividad: un zoom a la elección regional de 2021

A lo largo de los últimos cuatro procesos (2008-2021) que se han dado en un contexto autoritario, podemos observar cómo la oposición se ha a) abstenido o ha participado, b) enfrentado problemas de acción colectiva y c) (des)coordinado sus acciones. A lo anterior se suma el dilema asociado al sistema electoral que rige las elecciones para cargos ejecutivos en Venezuela, mediante el cual gana aquel que obtiene la mayoría simple de los votos;  ello desincentiva la construcción de alianzas electorales, pues los partidos calculan que pueden ser la primera minoría regional. La cuestión es que, en un sistema en el que existe un partido dominante como lo es el Psuv, la coordinación es fundamental para tener oportunidades reales para competir por el poder a nivel (sub)nacional (Gandhi y Reuter 2013; Howard y Roessler 2006).

Los dilemas previamente señalados se observan significativamente en los resultados de las elecciones regionales de 2021, en las cuales el oficialismo obtuvo diecinueve de veintitrés gobernaciones, mientras que la oposición, cuatro. En este sentido, el Gráfico 4 desagrega los resultados por cada estado según las alianzas políticas más relevantes.

En las elecciones regionales de 2021 compitieron tres grandes alianzas. La coalición oficialista Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), que concentra a los partidos que apoyan al Gobierno de Nicolás Maduro y que lidera el Psuv,[5] así como dos alianzas opositoras que reflejan diferentes posiciones estratégicas: por un lado, la MUD, constituida por partidos como Un Nuevo Tiempo Contigo (Untc) y dirigentes de partidos intervenidos judicialmente en 2020, como Primero Justicia, Voluntad Popular (VP) o Acción Democrática (AD), entre otros.[6] La tercera coalición es la Alianza Democrática (Aldem), conformada por partidos políticos que apoyaron a Henri Falcón de Avanzada Progresista (AP) en su candidatura presidencial en 2018, así como otros que se fueron incorporando posteriormente: Comité de Organización Política Electoral Independiente (Copei), Liberal Prociudadanos (LPC), Cambiemos Movimiento Ciudadano (CMC), Esperanza por El Cambio (El Cambio), Venezuela Unida (VU) y Primero Venezuela (PV).

Asimismo, se incorporaron a esta alianza partidos que pertenecieron a la MUD hasta 2020, que posteriormente fueron intervenidos por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sus tarjetas electorales fueron asignadas a dirigentes políticos cuestionados por sus vínculos con el Gobierno (AD y VP). Finalmente, a nivel municipal, sobre todo en las alcaldías del este de Caracas, destaca Fuerza Vecinal (FV), el cual, además, fue el principal partido no oficialista en Nueva Esparta y Miranda. Los datos del Gráfico 4 muestran cómo la fragmentación de la oferta opositora, principalmente entre MUD y Aldem, impidió que lograsen la victoria en algunos estados importantes del país, tales como Amazonas, Anzoátegui, Apure, Falcón, Guárico, Lara, Mérida y Táchira. Aquí, los cuatro candidatos de la MUD fueron perjudicados por esta descoordinación, mientras que otros cuatro de la Alianza Democrática no lograron la victoria como resultado de la fragmentación.

Gráfico 4

Porcentaje de votos por alianza en las Elecciones Regionales de 2021              según estado

Elaboración propia a partir de datos del CNE[7]

Los partidos más importantes de la MUD y la Aldem están en conflicto desde la elección presidencial de 2018 (Trak 2020), pero, especialmente, desde la creación del Gobierno interino en 2019. La polarización entre estos dos grupos, la estrategia de máxima presión de la MUD (Rosales y Jiménez 2021) y las sospechas de cooptación de varios miembros de la Aldem impidieron cualquier acuerdo de cara a 2021, lo que derivó en la descoordinación de las candidaturas y la fragmentación del voto no oficialista. 

Para analizar con mayor profundidad los resultados de 2021, se recurre al análisis de los sistemas de partidos de cada entidad subnacional. Según RuizRodríguez y Otero-Felipe (2013), el sistema de partidos es el conjunto de interacciones que establecen los partidos políticos entre sí en un determinado contexto social, político y jurídico con el que existe una relación de mutua influencia. Ocaña y Oñate (1999) señalan que las dimensiones del sistema de partidos son fragmentación, competitividad, polarización y volatilidad.

Para efectos del artículo, se exploran las dos primeras dimensiones a nivel estatal, fragmentación y competitividad, toda vez que lo que se busca conocer es si la descoordinación de los partidos opositores ha impedido que obtengan un mayor número de victorias en las elecciones regionales. La fragmentación se refiere a la distribución del poder político entre los diferentes partidos que compiten en la arena electoral. Para su medición se usarán los indicadores concentración electoral,8 y el número efectivo de partidos de Laakso y Taagepera (NEP)9 (Ocaña y Oñate 1999, Ruiz-Rodríguez y Otero-Felipe

2013). Por otra parte, dado que el sistema electoral venezolano permite la existencia de alianzas electorales en las que una candidatura es apoyada por múltiples organizaciones políticas, se ha procedido no solo a calcular los indicadores de ambas dimensiones para los partidos políticos, sino para las alianzas electorales para las y los candidatos, por lo que se mostrará también la Concentración por candidatos y el Número Efectivo de Candidatos (NEC).

En la Tabla 2 se exponen los indicadores de fragmentación por cada uno de los estados. A nivel partidista se observa que el de mayor concentración entre los dos primeros lugares fue Barinas; el segundo, Vargas; y el tercero, Zulia. Cabe recordar que Barinas fue el estado en el que la elección de gubernatura se repitió el 9 de enero de 2022, debido a una inhabilitación sobrevenida al candidato de la MUD que había ganado el día oficial de la elección. En el extremo contrario, Nueva Esparta es el estado donde hubo menor concentración a nivel partidario, seguido de Táchira y Sucre. El caso de Nueva Esparta es interesante ya que las dos primeras fuerzas políticas no fueron las que postularon al candidato que resultó electo. El Psuv obtuvo 35,4 % y la MUD, 13,7 %. El candidato ganador obtuvo la mayoría gracias a la agregación de votos de una pluralidad de partidos encabezados por Fuerza Vecinal, con 13,6 %, y organizaciones pertenecientes a la Alianza Democrática. Consecuente con lo anterior, el NEP más alto fue el del estado Nueva Esparta con 5,43, seguido de Táchira y Bolívar con 5,20 y 5,10, respectivamente, mientras que el NEP de Barinas fue menor, de 2,42, seguido de Vargas con 2,82 y Zulia con 2,84.

  • Concentración electoral es la suma de la proporción de votos de los dos primeros partidos (o alianzas) en una elección. Su fórmula es como sigue: concentración = P1-P2 (Ruiz-Rodríguez y Otero-Felipe 2013). Para el caso de las alianzas, se sustituye la proporción de los partidos por la proporción de votos obtenidos por el candidato.
  • La fragmentación mediante el índice de número efectivo de partidos (NEP) de Laakso y Taagepera parte del cálculo del índice de fragmentación de RAE, cuya fórmula es:

FRAE = 1 – ∑Pi  Donde Pi es la proporción de votos de cada partido.

NEP = 1/FRAE

 Para el caso de las alianzas por candidaturas se usa la proporción de votos de las candidatas y los candidatos, y no solo de los partidos (Ocaña y Oñate 1999; Ruiz-Rodríguez y Otero-Felipe 2013).

Tabla  2

Indicadores de fragmentación según estado en las Elecciones Regionales 2021

Elaboración propia a partir de datos del CNE

En relación con las alianzas alrededor de las candidaturas (Tabla 2), Barinas, Zulia y Lara tienen la concentración del voto de los dos primeros candidatos, superior al 90 %, lo que indica un alto nivel de polarización en las candidaturas. Mientras que, Bolívar, Amazonas y Portuguesa exhiben una concentración menor al 70 %, lo que indica una mayor fragmentación en las preferencias. Por su parte, el NEC muestra que Bolívar, Amazonas y Portuguesa muestran valores más altos, con 3,81; 3,76; y 3,52 respectivamente, mientras que Barinas, Zulia y Delta Amacuro son las entidades cuyo NEC es menor, con 2,09; 2,25; y 2,31 cada uno.

Al segmentar los datos por coalición ganadora, se observa que la concentración partidista en los estados en los que ganó el oficialismo fue de 65 %, mientras que en los no oficialistas fue de 74,3 %. Por otro lado, el NEP en las entidades oficialistas fue de 4,12, mientras que en las que ganó la oposición fue de 3,5. En el caso de las candidaturas, la concentración media en las gobernaciones ganadas por la coalición del Gobierno fue 78,2 %, mientras que en las que ganaron algunas de las alianzas opositoras fue de 89,2 %. En el caso del NEC, la media de este indicador en las entidades oficialistas fue de 2,91, en cambio en las no oficialistas fue 2,43. Consecuente con lo que expone la teoría, en la dimensión fragmentación, los indicadores muestran que hay mayor dispersión de votos en los lugares donde el oficialismo ganó, mientras que, donde la oposición ganó, el voto se dispersó menos.

Respecto a la dimensión competitividad,10 los datos expuestos en el Gráfico 5 muestran que, a nivel de partidos, los estados menos competitivos fueron Delta Amacuro, con una diferencia de 44 % entre el primero (Psuv) y el segundo (El Cambio); Carabobo, con 29 % (Psuv-MUD); y Guárico (Psuv-AD), con 27 %. En tanto, los estados con mayor competitividad partidista —es decir, menor distancia entre primero y segundo— fueron Apure, con 1,66 % (Psuv-MUD); Mérida, con 5,78 % (Psuv-MUD); y Miranda (Psuv-FV), con 6,18 %. Por otro lado, las candidaturas menos competitivas fueron Delta Amacuro, con 38 % (Gppsb-Aldem) de diferencia; Aragua, con 31 % (Gppsb-Aldem);

10      La competitividad electoral es la suma de las proporciones de votos obtenidos por los dos partidos más votados.

Competitividad = P1-P2,

 donde P1 representa la proporción de votos del partido más votado, y P2, la proporción del segundo más votado (Ocaña y Oñate 1999; Ruiz-Rodríguez y Otero-Felipe 2013).

y Carabobo, con 30,43 % (Gppsb-MUD). En relación con las candidaturas más competitivas, estas fueron Táchira, con 1,02 % (Gppsb-Aldem); Apure, con 2,47 % (Gppsb-MUD); y Nueva Esparta (Aldem -Gppsb) con 3,26 %.

Gráfico 5

Competitividad electoral por candidato y partido según estado en 2021

Al analizar los datos de la dimensión competitividad según la alianza ganadora, se observa que la media a nivel de partidos en las gobernaciones oficialistas fue de 18,2 % y en las no oficialistas, 15,0 %. Por su parte, a nivel de alianzas de candidatas y candidatos, la distancia entre el primero y el segundo en los estados ganados por la coalición de Gobierno fue de 16,2 %, mientras que en la oposición fue 18,2 %. Los indicadores de la dimensión competitividad permiten plantear la hipótesis de que, allí donde hay menos candidatos, es decir, mayor coordinación, la distancia de la oposición frente al chavismo tenderá a ser menor y, por tanto, mayores las oportunidades para acceder al poder.

5.    Una mirada al potencial competitivo de la oposición

En la sección anterior se describió el comportamiento de los sistemas de partidos subnacionales en 2021. Con el fin de explorar con mayor profundidad la posible relación entre el desempeño electoral de la oposición y la descoordinación, se realiza un análisis longitudinal de competitividad de los partidos que adversan al Gobierno. Medir el desempeño electoral de los grupos políticos puede hacerse de dos maneras: por el porcentaje de cargos alcanzado en la elección, o por el porcentaje de votos obtenido por cada partido o coalición. Pese a ello, estas mediciones podrían obviar el hecho de que los partidos opositores venezolanos compiten en elecciones poco competitivas, en las que las instituciones están sesgadas a favor del partido de Gobierno y que, si bien se celebran elecciones y son el principal mecanismo para competir por el poder, estas no garantizan el ejercicio de la democracia.

Es por tal motivo que, para medir el desempeño electoral de la oposición, se ha tomado la decisión de construir un Índice de Competitividad Electoral Opositora (Iceo), que toma como fundamento la fórmula de competitividad electoral.[8] Para el cálculo del Iceo, se asume que el partido, coalición o bloque de Gobierno es dominante y, por tanto, está en ventaja frente al resto de los grupos o coaliciones. Para el cálculo del Iceo, POpo representa el segundo partido, coalición o bloque más votado, con el cual se le compara respecto al partido dominante (PGob). En ambos casos, la posición en la ecuación es fija, pues lo que se busca medir es la fuerza electoral relativa de la oposición frente al partido dominante. Dado que el valor resultante puede oscilar entre -1 y 1, se ha decidido calcular el índice para que el mínimo sea 0 y el máximo, 1, de manera que la fórmula del Iceo es:

 1 + (POpo – PGob)

ICEO =                  2

Así, la oposición es más competitiva cuando Iceo es cercano a 1 y es menos competitiva cuando el valor del indicador es cercano a 0.

Gráfico 6

Boxplot Iceo para coaliciones y bloques opositores (2008-2021)

Elaboración propia a partir de datos del CNE

El Gráfico 6 muestra la distribución del Iceo tanto para las coaliciones de candidatos opositores más votados por estado desde 2008 (Iceo_C) como para el bloque no oficialista (Iceo_B), es decir, la agregación de los votos que fueron a candidaturas diferentes a las del partido de Gobierno, tal como se expuso en el Gráfico 4. Los datos muestran que, de 2008 a 2021, las medias de la Iceo de las coaliciones y las del bloque no mostraron diferencias significativas.[9] En 2008, Iceo_C era de 0,413 y la del bloque no oficialista, 0,455; en 2012, Iceo_C fue de 0,399 y la Iceo_B, 0,419; y en 2017, la competitividad de la coalición opositora más grande (Iceo_C) fue de 0,438 y la del bloque no oficialista ese mismo año (Iceo_B), 0,438. En 2021, la proximidad de ambas medidas se acabó: el valor de la Iceo_C fue de 0,449, mientras que la medida para el bloque no oficialista (Iceo_B) fue significativamente superior (0,542). Esto supone que, por primera vez, el bloque no oficialista es, a nivel nacional, superior al del bloque gubernamental.

La comparación de los datos de ambos índices permite identificar el patrón de competitividad de la oposición en las cuatro elecciones analizadas. En las tres primeras, la competitividad opositora por coalición o bloque fue muy cercana, por lo que es posible asumir que la coalición más votada y el bloque no oficialista eran casi el mismo. En ese caso, los partidos opositores que eran parte de la MUD eran los que más concentraron el voto no oficialista y, si bien no lograron ganar en la mayoría de las gobernaciones, pudieron agregar la mayor cantidad de votos antigubernamentales. Sin embargo, a medida que el autoritarismo se fue consolidando, la oposición se fue fragmentando en varios subgrupos (Jiménez 2021). A lo anterior cabe añadirle la aparición de un bloque alternativo liderado por quienes apoyaron a Henri Falcón en 2018 y algunos de los partidos intervenidos por el TSJ quienes, en un intento de sustituir a la MUD, asumieron una posición menos beligerante ante el Gobierno, tolerando o apoyando irregularidades como las vistas en la elección parlamentaria de 2020 (Rosales y Jiménez 2021), lo que reforzó la polarización en el seno de la oposición.

Gráfico 7

Diferencia entre Iceo para coaliciones y bloques opositores (2008-2021)

Elaboración propia a partir de datos del CNE

Tal como se observa en el Gráfico 7, para el 2021, en casi todas las entidades federales aumentó la diferencia entre la competitividad de la coalición opositora más votada y el bloque no oficialista. En los estados en que la oposición ganó en 2017 (Táchira, Mérida y Anzoátegui), y cuyos gobernadores se postularon a la reelección y perdieron, se observa una brecha importante entre la competitividad de la coalición de candidatas y candidatos, y la del bloque no oficialista. En los tres casos, la brecha aumentó respecto a 2017, lo que permite afirmar que, en esos casos, la descoordinación de las candidaturas fue una de las potenciales causas que impidieron la reelección de las gobernadoras opositoras y los gobernadores opositores.

6.    Conclusiones

Las instituciones en sistemas autoritarios inciden directamente en las capacidades de las oposiciones; igualmente, inducen dilemas entre opositores para inhibir la coordinación visto su potencial para promover cambios, pese al contexto en el que operan. En Venezuela, el chavismo —así como otros movimientos o partidos autoritarios— ha intentado construir y comunicar su aparente invencibilidad. De hecho, hasta la fecha, y como resultado de su ingeniería electoral-autoritaria, ha logrado imponerse como primera fuerza política, pese a su continuo decrecimiento en términos de apoyo popular. A pesar de ello, en este artículo hemos mostrado que la oposición ha logrado vencer los obstáculos opuestos en algunas ocasiones y aun en un contexto no competitivo como 2021 ha conseguido resultados positivos en cuanto al número de votos obtenidos y municipios ganados. Sostenemos que, más allá del tipo de estrategia que elijan las oposiciones a la hora de enfrentar a un régimen autoritario, la capacidad de éxito estará condicionada por cómo la ejecuta, es decir, si lo hace de manera coordinada o no.

La experiencia venezolana a nivel subnacional muestra que, si bien los adversarios a un Gobierno autoritario tienen desventajas y obstáculos significativos, la coordinación entre pares tiene un efecto “trampolín” que les permite incrementar su competitividad e, incluso, vencerlo. Los datos e indicadores presentados en este artículo nos muestran que, efectivamente, cuando la oposición ha coordinado sus acciones, aun en un contexto de consolidación autoritaria, el bloque no oficialista aumenta las probabilidades de cambio y/o mejora su competitividad vis a vis; sin embargo, cuando ha ido dividida a la elección, ha fragmentado el voto y facilitado las victorias del chavismo. Aun en un contexto poco competitivo como el de las elecciones regionales de 2017 y 2021, se mostró que la descoordinación resta y la coordinación añade potencial.

En futuras investigaciones sería útil aumentar el número de observaciones y agregar indicadores socioeconómicos, protestas, popularidad del Gobierno, entre otros, para analizar el comportamiento de las oposiciones a nivel subnacional. Más allá de contribuir a la literatura comparada sobre autoritarismo y democratización, nuestros hallazgos también tienen una serie de implicaciones prácticas para activistas, dirigentes o actores internacionales en el diseño de estrategias que permitan promover dinámicas democratizadoras.

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[Sobre las y los autores]

Maryhen Jiménez 

Maryhen Jiménez Morales es Marie Skłodowska-Curie Fellow en la Universidad de Oxford y en el Wilson Center (Washington D.C.). Tiene un doctorado en política por el Departamento de Política y Relaciones Internacionales de la Universidad de Oxford, un MPhil en Estudios Latinoamericanos por la Universidad de Oxford y una licenciatura en Ciencias Políticas por la Universidad Goethe de Frankfurt. Su campo de investigación abarca el autoritarismo comparado y movimientos de oposición en América Latina.

Stefania Vitale

Stefania Vitale es economista (Universidad Católica Andrés Bello, Ucab), magister en Gerencia Pública (Iesa) y candidata a doctora en el Centro de Estudios del Desarrollo de la Universidad Central de Venezuela (UCV). Ha sido profesora en la Universidad Católica Andrés Bello, UCV e Iesa. Actualmente se desempeña como investigadora independiente. Su área de investigación se centra en instituciones políticas, capacidad estatal y autoritarismo.

Juan Manuel Trak 

Doctor en procesos políticos contemporáneos y magíster en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca. Consultor en análisis de datos e investigador independiente.

Guillermo Tell Aveledo

Politólogo y doctor en Ciencias Políticas (UCV). Decano de la Facultad de Estudios Jurídicos y Políticos, Universidad Metropolitana (Unimet). Profesor de Historia de las Ideas Políticas en la Escuela de Estudios Políticos y Administrativos de la UCV y de Pensamiento Político en Venezuela de la Escuela de Estudios Liberales en Unimet. Su investigación se centra en la historia intelectual, especialmente ideologías extremas.

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[1] En este artículo nos enfocaremos mayormente en las oposiciones partidistas.

[2] Para el análisis y visualización de los datos se usó el lenguaje y ambiente de programación R (R Core Team 2021) y la librería tidyverse (Wickham et. al. 2019).

[3] En 2008 no se celebraron elecciones en el estado de Amazonas porque su calendario electoral había sido alterado como consecuencia de la repetición de sus elecciones para gobernador en 2001. 

[4] El bloque “oficialista” es el porcentaje de votos obtenido por los candidatos apoyados por el Psuv, mientras que el bloque “no oficialista” es la suma de partidos que apoyaron a candidatos diferentes a los del Psuv.

[5] En 2021, el Gppsb, además del Psuv, estuvo conformado por otras nueve organizaciones, entre las que destacan Podemos, Patria para Todos (PPT), Tupamaro y Movimiento Electoral del Pueblo (MEP).

[6] En agosto de 2021 se inició un proceso de negociación entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria, coalición que agrupa a los partidos que usaron la tarjeta de la MUD en las Elecciones Regionales 2021; sin embargo, las conversaciones entre Gobierno y oposición se suspendieron en octubre de 2021.

[7] Se muestran las alianzas o partidos cuyo porcentaje de votos fue superior al 5 %. En el estado Bolívar hubo dos partidos minoritarios superiores al 5 %, los cuales se muestran apilados.

[8] Ver pie de página número 10.

[9] Para todos los casos se hizo una prueba de t de student para diferencia de medias de dos muestras independientes. En 2008, 2012 y 2017 se aceptó la hipótesis nula de igualdad de las medias de las muestras, mientras que para 2021 se rechazó la hipótesis nula y se aceptó la alternativa de que las medias de las muestras eran significativamente diferentes al p-valor < 0,05.1

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