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Los impuestos en Venezuela

De la información extra-oficial del presupuesto 2022, los ingresos fiscales descansarán principalmente en la recaudación impositiva por el Impuesto al Valor Agregado (IVA), que representa el 49% de la recaudación fiscal del país, el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF) que espera recaudar 17% de los ingresos fiscales de la economía y el Impuesto sobre la Renta (ISLR) que tiene una meta de recaudación del 16% de los ingresos fiscales del país:

El IVA mantiene una tasa del 16%, mientras de acuerdo a la última reforma al IGTF, éste pecha las operaciones de intercambio en moneda extranjera, con tasas entre el 3% si se realiza en puntos de venta nacionales y el 20% si se hace en puntos de venta internacionales. Por otra parte, el ISLR tiene una base imponible que oscila entre el 6% y el 34%.

Deriva de lo anterior que los ingresos ordinarios no petroleros, provienen en un 66% de impuestos regresivos (IVA e IGTF), que tanto impactan al ciudadano, particularmente a los menos favorecidos económicamente. Pero además, de la elevada tasa que registran, el creciente costo burocrático, los perniciosos controles, han llevado a la informalización de la economía, por lo que se reduce la base que paga impuestos y la parte del sistema que permanece formalizado, es asfixiado con demandas de todo tipo, además de crearse un ecosistema fiscal altamente tóxico para la inversión directa, nacional o extranjera.

Venezuela: Estrangulando la inversión

A medida que el desarrollo profundiza la interconectividad global, los gobiernos democráticos que apuestan por el bienestar de sus ciudadanos, reducen los impuestos para atraer los negocios internacionales y favorecer el desarrollo de un entorno de alta productividad para las pequeñas y medianas empresas.

A nivel mundial, se observa que las tasas impositivas que afectan a las empresas son más bajas en el Medio Oriente (17,9%) y Europa (16,2%), mientras son más altas en promedio en África (27,6%) y Sudamérica (26,1%), regiones que se han hecho menos atractivas para la inversión extranjera directa, además de economías donde los pequeños empresarios no pueden sostenerse[1].

Sudamérica es la región que tiene la tasa de impuestos a las empresas más elevada del mundo. Suriname (36%), Venezuela (34%) y Colombia (32%) son los países que muestran las tasas más altas para las empresas, en toda la región. Mientras que algunos países como Paraguay (10%), Chile(27%) y Uruguay (25%) ofrecen las más bajas del sub-continente.

Venezuela, tiene una tasa impositiva efectiva corporativa del 34%, además de un entorno donde una empresa puede demorar en promedio unos 230 días para iniciar un nuevo negocio con un costo equivalente a más del doble del PIB per cápita del país (1800$/hab para 2020), y las pequeñas empresas consumen más de 1000 horas laborales/año para cumplir con los trámites burocráticos exigidos para mantenerse funcionando legalmente[2]. Sin duda, uno de los entornos menos atractivos para la inversión del mundo.

Consideraciones finales

Los altos impuestos en Venezuela fomentan la informalidad de la economía e incentivan la evasión, porque los ingresos fiscales no se reflejan en servicios públicos de calidad. El estado de los servicios de electricidad, internet, agua, transporte, educación, salud, seguridad personal y jurídica, es cada vez más deplorable, por lo que no sólo no existen las condiciones para atraer la inversión directa, sino que el régimen ha creado un ecosistema tóxico para cualquier tipo de empresa, particularmente para las pequeñas.

Por otra parte, los impuestos en lo que descansa el gasto fiscal son especialmente regresivos, por lo que afectan más al ciudadano con menos ingresos, incrementando las brechas en la sociedad. Mientras todos los países que aspiran al bienestar de sus ciudadanos buscan crear incentivos fiscales a la inversión nacional y extranjera, en Venezuela, los impuestos y la burocracia del Estado asfixian a los ciudadanos, a las empresas, los emprendimientos y alejan a la inversión extranjera directa.

En estas dos décadas del siglo XXI, la dinámica pública sólo extrae recursos de los agentes de la economía que producen valor, los maneja discrecionalmente y con gran opacidad, destruye capacidades productivas humanas y físicas, y no ofrece como prestación los servicios que le son obligados, generando una deuda social y financiera inaceptable.

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