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Nunca ha sido grande. Pero chavismo y oposición revirtieron el progreso en cargos electos que desde 1989 había ido haciendo justicia a las mujeres. La prueba: las regionales de 2021

Alejandra Otero y Felipe Torres | Cinco8

Tan solo entre las candidaturas de oposición en una de las áreas más pobladas del país había que esforzarse para encontrar una mujer, Rosiris Toro, quien perdió ante el chavista José Vicente Rangel Ávalos

Si hacemos el experimento de introducir las palabras “candidatas femeninas Venezuela 2021” en el buscador de Google, la barra de búsqueda automáticamente se completa con otras sugerencias basadas en búsquedas anteriores: “Miss Venezuela”, “Miss Universo”, “Nuestra Belleza Latina”.

Ninguna de las opciones autocompletadas incluye palabras referentes a las mujeres que participaron en el proceso electoral de finales de noviembre. La invisibilización automática en una simple búsqueda por internet funge como analogía de un problema mayor: la falta de oportunidades debido al machismo.

Con el anuncio de unas elecciones regionales con condiciones prometedoras —como un Consejo Nacional Electoral (CNE) mixto con rectores de la sociedad civil y de la oposición, la participación de partidos opositores tras años de abstención y la presencia de una misión diplomática de la Unión Europea como observadores—, las expectativas sobre estos comicios eran tangibles para los actores políticos que participaron en ellos. En la sociedad venezolana, debieron incluir paridad de género en las instancias locales y regionales de gobierno. Pero aunque la normativa electoral de cuotas paritarias obligatorias en las candidaturas no fue respetada, los grupos políticos que incumplieron las normativas no sufrieron sanciones.

Impulsar liderazgos femeninos dentro de la oposición aparece como una deuda pendiente, mientras que en el chavismo se enorgullecen de las cuotas alcanzadas, que, si bien son más altas, tampoco cumplen con la estadística requerida.

Las estrategias para incluir a la mujer en la política tienen un carácter apenas simbólico, únicamente para dar muestras de una paridad que no existe. Se evidencian, por ejemplo, prácticas partidistas como la creación de espacios donde las mujeres tienen un papel de segunda y no una verdadera capacidad de incidir en decisiones políticas. Los vacíos en la normativa son aprovechados por los partidos para ver la igualdad o la paridad como “sugerencia” en vez de como norma.

La descentralización política: un camino truncado

Los venezolanos empezaron a elegir gobernadores, alcaldes y demás autoridades regionales por primera vez en 1989. Antes de eso, solo cuatro mujeres fueron designadas por el Ejecutivo en el cargo de gobernadoras: Carmen Morales en Apure (1970-1972), Dori Parra en Lara (1975-1977), Dora Maldonado en Trujllo (1979-1984) y Luisa Teresa Pacheco en Táchira (1984-1989). Solo hubo una candidata presidencial en esos 28 años: Ismenia Villalba, esposa del histórico dirigente de la URD, Jóvito Villalba, en 1988. 

Gracias, en parte, a la celebración de elecciones en todos los niveles, Venezuela presenció durante la década de 1990 un rápido crecimiento en la participación de las mujeres en la política regional. Para 1992 era el país con un mayor porcentaje de mujeres (16,4 %) en los concejos municipales de América Latina. En 1998, tenía un porcentaje superior a la media de mujeres alcaldesas de América Latina (6,7 %), solo superada por Nicaragua, Panamá, Honduras, Chile y El Salvador. Tres mujeres optaron por la presidencia, aunque solo una tuvo verdaderas opciones de ganar las elecciones: Rhona Ottolina y Carmen de González en 1993 e Irene Sáez en 1998.

Al cierre de la década parecía que se estaba yendo en la dirección correcta para igualar la cuota de participación de las mujeres en la política venezolana. “Para el año 2000, Venezuela era uno de los países de la región que tenía más mujeres en cargos de elección popular”, dice Eugenio Martínez, periodista especializado en procesos electorales. “Luego esa proporción de mujeres en cargos de elección popular ha caído significativamente hasta llegar al punto de que Venezuela se ha convertido en uno de los países donde menos mujeres ocupan este tipo de posiciones”.

Los principales liderazgos en los partidos nuevos, que pronto serían la principal oposición al gobierno de Chávez, eran en su mayoría masculinos. Para el momento en el cual se reformaron las estructuras partidistas y las fuerzas de oposición se agruparon en la MUD, la prioridad parecía ser una sola: hacer frente a la popularidad de Hugo Chávez. Otras cuestiones, como el fomento de políticas paritarias de género o el surgimiento de nuevos liderazgos juveniles parecieron quedar en segundo plano o, directamente, ni plantearse. 

La inacción como acto político

En Venezuela no hay leyes que legislen la participación femenina en la política y que garanticen una representación justa en el país. Ha sido un tema históricamente omitido y que se ha atenuado con normativas y resoluciones sin carácter punible que terminan siendo sugerencias más que normas.

“La Asamblea está llamada a establecer por vía legal esas equivalencias en los derechos de la mujer y esas claves de participación política (…) pero tenemos un problema de institucionalización muy importante que agrava el logro de todos estos objetivos”, indicó Eglée González Lobato, exconsultora jurídica del CNE y exdirectora de la Escuela de Derecho de la Universidad Central (UCV).

La responsabilidad de garantizar la paridad de género es del CNE, quien ha emitido normativas en donde se exigen cuotas paritarias en las candidaturas. Eugenio Martínez indicó que la normativa vista por sí sola pareciera una decisión acertada. “Sin embargo, la norma no resuelve el problema de la representación de la mujer en cargos de elección popular”, agregó.

Para las elecciones parlamentarias de 2015, en las cuales la oposición ganó la mayoría de los escaños, el CNE exigió una postulación paritaria del 50 %, pero solo un 22 % de las diputadas electas fueron mujeres. Lo mismo ocurrió en las elecciones de 2020, en las cuales, pese a que la misma normativa se mantuvo, solo un 32 % del actual cuerpo legislativo son diputadas. El 21 de noviembre, el CNE anunció nuevamente la norma de paridad. En general y a nivel nacional, solo hubo un 16 % de postulaciones femeninas.

Elaborado por los autores sobre una investigación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista
Elaborado por los autores sobre una investigación del Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista

El problema traspasa el ente electoral; radica en los cimientos del seno político, en los partidos, los cuales según Eugenio Martínez, tienen pocas o ninguna mujer en su estructura. “El CNE instrumentaliza el tema de la paridad”, afirmó Susana Reina, periodista experta en asuntos de género y fundadora de la organización no gubernamental Feminismo Inc. “Instrumentaliza la paridad para ponérsela más difícil a los partidos, sobre todo, a los de la oposición a la hora de estructurar las planchas. Es una burla en el sentido de que no genera un reglamento específico, no regula y mucho menos aplica sanciones”. En efecto, si bien la primera resolución del CNE sobre paridad de género en las candidaturas fue publicada en 2008 para regular las candidaturas a los consejos legislativos, el órgano electoral publicó las primeras normativas antes de las elecciones parlamentarias de 2015, para las cuales se esperaba un triunfo de la oposición. 

“No solamente hay que garantizar las cuotas paritarias sino que hay que enseñar a la gente a confiar en las mujeres”, explicó González Lobato. “Los partidos políticos no plantean candidaturas femeninas porque el elector tiende a votar por hombres, y esto es una realidad medida».

“Se habla de una jerarquía basada en los sexos —agrega Susana Reina—. Ante esta premisa, los hombres tienen más privilegios y más derechos a estar en la vida pública, lo productivo, y la toma de decisiones. Las mujeres bajo este sistema tienen un rol en lo doméstico, en lo privado y en lo reproductivo”.

La Ley de Partidos Políticos no hace ninguna referencia al cumplimiento de una cuota paritaria, y dentro de la Constitución no hay ningún artículo que dictamine directamente los procesos internos de los partidos. El asunto de la representación de género queda a discreción de unos partidos que no demuestran interés en el tema, ni siquiera en la política universitaria.

La aparente inclusión actual mantiene a raya las aspiraciones políticas femeninas, relegando a las mujeres que militan a puestos de segunda, comités de damas, trabajo voluntario, o posiciones que solo sirven para mostrar presencia femenina en ruedas de prensa o eventos mediáticos. 

La retórica chavista

El 15 de junio de 2021, Nicolás Maduro afirmó que “hay que respetar a las mujeres, las mujeres son superiores a nosotros (…) se debe recordar que Hugo Chávez fue quien reposicionó el feminismo en el mundo”. Desde sus primeras apariciones en la política nacional, Chávez se declaró un abanderado de las causas sociales y de la inclusión. El proyecto chavista accedió al poder gracias a la aglutinación de grupos marginados, entre ellos las mujeres y, sobre todo, las mujeres pobres.

Hacia 2006, con gran popularidad e ingresos petroleros, Chávez comienza una “feminización” de su propuesta al crear programas sociales como “Misión Hogares de la Patria”, “Misión Madres del Barrio” y “Misión Niño Simón”, entre otras, elaborados por el Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género. Estas políticas posteriormente fueron continuadas por el gobierno de Nicolás Maduro. Pero todos los programas chavistas de asistencia social tienen un punto en común: en su discurso hacen un énfasis significativo en el rol de las mujeres madres y cuidadoras, en la capacitación de labores domésticas y en el llamado al trabajo comunitario voluntario en organizaciones como consejos comunales o asociaciones de vecinos, basados en un arquetipo de mujer cuidadora y tierna.

En los espacios de poder políticos que ocupa el chavismo podemos observar líderes con una voz resonante en las decisiones del país. Ejemplos bastan: Delcy Rodríguez, vicepresidenta y ministra de Economía; Tibisay Lucena, exrectora del CNE y ministra de Educación Superior; Cilia Flores; diputada a la Asamblea Nacional y esposa del presidente Nicolás Maduro, Iris Varela; exministra Penitenciaria y diputada para la Asamblea Nacional; Luisa Ortega Díaz, ex Fiscal General de la República hasta 2017; o Carmen Meléndez, exgobernadora de Lara, exministra de Defensa (primera mujer en ocupar ese cargo) y actual alcaldesa del municipio Libertador de Caracas.

Georgette Topalián, expresidenta del Concejo Municipal de Baruta y excandidata por el partido oficialista Somos Venezuela para esa alcaldía, comentó que dentro del chavismo se fomentan liderazgos políticos a través de la participación femenina de mujeres en consejos comunales y asociaciones de vecinos. Asimismo, justificó el incumplimiento de las cuotas de paridad de género en las postulaciones para las elecciones de noviembre del 2021 con que el diseño de las candidaturas estuvo supeditado por las primarias del PSUV, celebradas antes. Aunque el chavismo integra más a las mujeres que otras coaliciones políticas del país, la igualdad de género en la política venezolana sigue siendo un problema. 

En la actualidad, en 33 ministerios, 10 los dirigen mujeres, es decir, solo el 30 % del gabinete presidencial. El oficialismo obtuvo 19 gobernaciones, de las cuales solamente en dos fueron electas mujeres.

La mayoría de los puestos ocupados por mujeres dentro de partidos oficialistas se limitan a liderazgos comunales. Las cuotas electorales no se cumplen y las instituciones pertinentes no generan legislaciones orientadas a la igualdad de género.

“Con un Estado tan grande y tan burocrático, [los chavistas] necesariamente tienen que incluir la representación femenina. Pero eso no significa que la representación femenina tome decisiones. Porque esos programas de Chávez de asistencia social eran medios de adoctrinamiento del socialismo del siglo XXI y no fomentaban la profesionalización e independencia de la mujer, sino que la anclaban al medio comunitario, que no es donde se toman decisiones político-administrativas”,  dice María Verónica Torres, constitucionalista y consultora política.

Un análisis del Observatorio Electoral Venezolano destacó que la creación de estos espacios y programas para mujeres por parte de la administración chavista no ha tenido impacto en las decisiones políticas, y que la presencia de mujeres en cargos de poder no es garantía de la creación de políticas públicas reivindicativas y enfocadas en el género.

Estructuras partidistas

“A partir del 2007, la reconstrucción de los partidos políticos se hizo de forma muy desordenada y sin estructuras sólidas, en donde las mujeres no participaron activamente”  recuerda Eugenio Martínez.

“Lo que está en esencia es que han acabado con el mérito. Carecen de meritocracia. Asciende el que tiene más contactos y más relaciones con los jefes de esos partidos o está más dispuesto a seguir instrucciones”, afirmó María Corina Machado, una de las políticas femeninas con mayor trayectoria dentro de la oposición, sobre los partidos circunscritos a la MUD. “El problema no es solo que se discrimina por género, está mal que se discrimine por cualquier criterio y sobre todo, que se haya eliminado el mérito”, agregó.

A pesar de que la presencia femenina disminuyó en estructuras partidistas, aumentó en organizaciones no gubernamentales enfocadas en derechos humanos. Martínez concluyó que esto se debe a que las mujeres abandonaron estas estructuras tradicionales para integrar esquemas mucho más horizontales y menos machistas. 

González Lobato también hizo hincapié en este fenómeno, “parece como un contrasentido: hay un mayor número de mujeres liderando la sociedad civil organizada que no se ve reflejada en la misma proporción en los movimientos ni en partidos políticos”, explicó.

Las estrategias de inclusión de los partidos de la MUD no son mejores que las que aplica el oficialismo. De hecho, las mujeres que ejercen cargos de dirección dentro de partidos de oposición son contadas y su ascenso al liderazgo se hace más cuesta arriba al tener que lidiar con prejuicios, roles de género y un tratamiento por parte de medios de comunicación mucho más severo que el de sus contrapartes. Machado comentó: “el ser mujer me ha generado más demandas, preocupaciones y sentimientos de culpa en el plano personal, al dejar a mis hijos chiquitos en la casa (…) el atacar tu reputación y credibilidad usando los medios del Estado. Todo eso ha afectado mucho a la familia, siendo mujer y además mujer divorciada”. Queriendo verse como inclusivos, incurren en prácticas ofensivas según Machado. “Por razones de opinión pública y de lo que es políticamente correcto, cuando (la MUD) hacía ruedas de prensa, sacaban de donde fuera una mujer para llenar la cuota y que hubiese una mujer en la foto. Para mí, eso es algo grotesco y profundamente ofensivo”.

El retroceso de las elecciones de 2021

En las elecciones regionales de 2021 el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) solo tuvo un 13,04 % de candidatas femeninas a gobernaciones y un 26,35 % a alcaldías. La Plataforma Unitaria (alianza que incluye a la MUD), por su parte, postuló a un 8,7 % de mujeres a gobernaciones y a un 19,51 % a alcaldías.

Solo un 9 % de los elegidos en todo el país fueron mujeres y apenas un 18 % de las alcaldías fueron a parar a manos de mujeres. Dicho de otra forma: en el período 2021-2025, solo una de cada diez gobernadores y dos de cada diez alcaldes serán mujeres en Venezuela.

En comparación con los resultados de las elecciones de 2017, el decrecimiento de mujeres en cargos electos es notable: las gobernadoras disminuyeron en un 40 % y las alcaldesas en un 16 %. 

“Hay que diferenciar la representación política de la mujer y la lucha de la mujer por sus reivindicaciones en la política venezolana —dice Eglée González Lobato—. Con la pandemia, todo lo alcanzado hasta ahora por la lucha de los derechos de las mujeres se ha visto disminuido y agravado. En numeros podemos decir que esto son de diez a quince años de retroceso”.

Desde la formación del interinato encabezado por Juan Guaidó, en enero de 2019, también han llovido críticas dentro y fuera de Venezuela por la falta de inclusión de mujeres en la junta directiva y en el gabinete. Tras el nombramiento de la junta directiva para el período 2022-2023, Vanessa Neumann, diplomática venezolana que se desempeñó como embajadora del gobierno interino ante Reino Unido e Irlanda entre 2019 y 2020, criticó la composición: “Vamos por el cuarto año de Guaidó sin ni una mujer en el liderazgo político oficial. Es como si no fuéramos la mitad de la población. De verdad que no entiendo cómo pueden decir que representan al pueblo sin mujeres”.

La diplomática también reconoció que aunque la falta de inclusión de mujeres no fuese intencional, los dirigentes son conscientes del problema. “Tú no puedes llegar en una misión diplomática con cuatro o cinco hombres y una sola mujer, y que esa mujer sea la secretaria que les trae el café (…). Lo irónico es que hay muchas embajadoras, como lo fui yo, que son muy buenas, muy preparadas, que hablan varios idiomas y han tenido buenas carreras. Sin embargo, había un canciller por encima, que era Julio Borges (…). Ser embajadora es un cargo importante, pero tienes que representar la línea que tu jefe te dice. Al final de mi gestión fue un poco difícil, porque yo sentía que estaba acatando órdenes de unos hombres que realmente no entendían el tema”.

Uno de los peores desempeños de la región

Los resultados de esta investigación contrastan con los grandes avances que ha habido en otros países de la región. El presidente electo de Chile, Gabriel Boric, presentó su gabinete en enero de 2022: de 24 ministros, 14 son mujeres (un 58 %). Y de esos 24 ministros, siete (29 %) son menores de 40 años.

Si comparamos las composiciones de sus parlamentos, Venezuela (con un 22 %) supera en porcentaje de diputadas a Colombia (19 %), Paraguay (16 %) y Brasil (15 %) . Pero es menos de la mitad de lo logrado por países como Bolivia (46 %) o Argentina (42 %) y una estadística lejana a la de Perú (40 %) y Ecuador (39 %).

Los esfuerzos en este sentido también han sido legislativos. Argentina fue el primer país en aprobar la Ley de Cuotas, en 1991. Y en 2021, ya se han aprobado legislaciones cuyo objetivo es mejorar el acceso a las mujeres al parlamento, estableciendo cuotas o paridad, en 16 países de la región. 

En un mundo ideal, las cuotas de paridad de género no serían necesarias porque se evidenciaría una participación de la mujer en la vida pública, sin que esto representara mayor cosa. Pero la realidad es otra.

En 193 países solo hay 22 presidentas. La ciudadanía para la mujer en Venezuela no data de más de 80 años y aún hay un saldo pendiente en derechos reivindicativos.

Por los momentos, Noruega es el único país en el mundo que ha alcanzado la igualdad de género. La ley de paridad fue de carácter transitorio, ya que una vez alcanzada la representación esta no se pierde. Pero para llegar a ese punto hay que recorrer un camino que no hemos ni siquiera iniciado.

Como con la mayoría de los problemas que tiene Venezuela, para poderse aproximar a soluciones hay que recuperar espacios democráticos en los cuales los liderazgos femeninos puedan tener poder. “El gobierno sí ha podido renovar sus liderazgos porque han tenido un acceso libre a medir a sus candidatos en los concejos municipales de los 335 municipios del país. (…) Sin embargo, las estadísticas de participación de mujeres que pudieran denotar una inclinación feminista por parte del chavismo, se corresponden con cuotas paupérrimas de participación política que la oposición está en incapacidad de igualar porque no tienen opciones de acceder al poder”, concluye la constitucionalista María Verónica Torres.

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