Héctor Antolínez @hectorantolinez
En el primer año del nuevo Parlamento, controlado casi en su totalidad por las fuerzas del Gran Polo Patriótico, la AN aprobó un total 38 nuevas leyes y dejó 16 en primera discusión. La controversial Ley de Ciudades Comunales se le dio la segunda discusión pero no ha sido aprobada en su totalidad.
Caracas. El año 2021 trajo de vuelta la mayoría chavista a la Asamblea Nacional (AN) luego que el Gran Polo Patriótico se impusiera en las elecciones legislativas de diciembre de 2020. Con su regreso al Parlamento se puso fin a la controversia entre la AN del 2015 y los Poderes del Estado por el presunto “desacato” y, aprovechó un bloque mayoritario de 256 de 277 diputados, el chavismo se puso manos a la obra.
En total, en el 2021 se realizaron 61 sesiones, las cuales estuvieron repartidas en 49 ordinarias, 4 extraordinarias, 2 solemnes, 5 especiales, y la restante que fue la sesión de instalación. Durante algunas de estas sesiones, la AN aprovechó para aprobar 81 acuerdos, 9 designaciones y darle el beneplácito a a 9 embajadores.
En materia legislativa fue quizás en la que se mostró más la necesidad de la AN por, como lo dijo en su momento el presidente del órgano, Jorge Rodríguez, “recuperar el tiempo” perdido, y por ese motivo se discutieron en total 55 leyes y otras, 26 quedaron en cuenta para llevar a cabo el segundo debate.
De las leyes que sí llegaron a la plenaria, un total de 38 fueron sancionadas, tres más que las 35 que a principio de año se habían propuesto en la agenda parlamentaria. Otras 16 leyes quedaron en primera discusión. La única ley que quedó aprobada parcialmente en segunda discusión fue la controversial Ley de Ciudades Comunales, la cual no ha sido mencionada por el Poder Legislativo desde que se aprobaron sus primeros 10 artículos en segunda discusión el pasado 22 de junio.
Las leyes más polémicas se quedaron en el arrancadero
A pesar que la AN en el 2021 sancionó varias leyes con un impacto importante como la Ley de Reforma Parcial del Código Orgánico Procesal Penal, la Ley de Nuevos Emprendimientos, y la Ley de la Comisión para la Garantía de Justicia y Reparación de las Víctimas de Delitos Contra los Derechos Humanos, los instrumentos legales más polémicos se quedaron en el punto de partida, fueron aprobados solo en primera discusión y luego apartados de la agenda legislativa.
Quizás el ejemplo más claro de esto es la polémica Ley de Ciudades Comunales, un instrumento jurídico que, en teoría, permitiría la transferencia de potestades de las alcaldías y concejos municipales a una nueva entidad manejada por los consejos comunales. Esta ley fue mencionada por primera vez en la sesión ordinaria del 11 de marzo, en la se aprobó con la mayoría calificada del chavismo, luego se llevó a consulta pública y el 22 de junio se empezó la segunda discusión. Solo 10 artículos fueron aprobados y luego, desde ese mes, no se le ha vuelto a nombrar en el Parlamento. Este no fue el único caso.
Para complementar la Ley de Ciudades Comunales se propuso la Ley Orgánica del Parlamento Comunal Nacional, un instrumento que crearía un poder Legislativo paralelo compuesto por representantes de todas las comunas del país. Se aprobó en primera discusión el 13 de abril y desde entonces no se le volvió a mencionar.
En abril también se presentó otro de los proyectos polémicos, esta vez en materia económica. El proyecto de Ley Orgánica de Zonas Económicas Especiales es un instrumento que permitirá a quien ocupe la presidencia de la República crear mediante decreto Zonas Económicas Especiales, las cuales tendrán un marco legal y tributario discrecional que dependerá del Ejecutivo y se supone que permitirá incentivar la inversión extranjera y las exportaciones. Esta ley garantiza además el secretismo de los inversionistas algo que ya se había visto con la Ley Antibloqueo que aprobó en su momento la Asamblea Nacional Constituyente del 2017.
Acuerdos para anular la AN de 2015 y ratificar lo hecho por la ANC
A pesar que durante el 2021 la mayoría de acuerdos fueron de naturaleza simbólica, con el objetivo de apoyar la agenda política nacional e internacional del gobierno de Nicolás Maduro, estos instrumentos con respaldo de la AN se emplearon también con otros objetivos como el de anular los actos realizados por la AN de 2015 de mayoría opositora, y ratificar las “leyes constitucionales” que se debatieron en la Constituyente de 2017.
El primero acuerdo de relevancia fue el que permitió el 19 de enero establecer el Comité de Postulaciones que culminó con los candidatos y eventuales rectores del nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE). Tiene la particularidad de que se discutió y se realizó en cooperación con la bancada minoritaria de la Alianza Democrática.
En mayo, se llevó a cabo el primer espaldarazo a la ANC de 2017, con el Acuerdo de Respaldo a la Implementación de la Ley Constitucional Antibloqueo para el Desarrollo Nacional y la Garantía de los Derechos Humanos. Presentado el 13 de mayo, con él la AN respalda la implementación de la Ley Antibloqueo la cual institucionaliza el secretismo con respecto a las inversiones extranjeras y acuerdos suscritos por el Estado venezolano.
En julio se presentó además el Acuerdo que Declara la Inexistencia, Ineficacia e Invalidez de los Acuerdos, Decisiones y Actos de la Asamblea Nacional durante el Periodo de desacato continuado, contrarios a los Intereses de la República y los Derechos del Pueblo. Con esta norma, la AN actual declara como nulo e inválido todo lo hecho por el Parlamento de mayoría opositora de 2015. Acá entran designaciones de embajadores, acuerdos de la República, sanciones administrativas y otras actuaciones.
Otro acuerdo aprobado por la AN, más específico, fue el Acuerdo que Constata y Advierte el Fraude a la Ley, la Constitución y el Derecho Internacional Público como consecuencia de la Inexistencia, Ineficacia e Invalidez de los simulados Acuerdos de Fechas 26 de junio de 2018, 16 de julio de 2019 y 19 de mayo de 2020, mediante los cuales se pretendió designar unas falsas Autoridades del Banco Central de Venezuela “BCV”, con esto se pretendió anular la directiva del máximo organismo emisor que se designó con la AN del período anterior.
En septiembre también se aprobó el Acuerdo que Constata y Advierte el Fraude a la Ley, la Constitución y el Derecho Internacional Público como consecuencia de la Inexistencia, Ineficacia e Invalidez de los simulados Acuerdos de Fechas 22 de mayo de 2018 y 21 de mayo de 2019, mediante los cuales se intentaron desconocer la Elección, Proclamación y Juramentación del Ciudadano Nicolás Maduro Moros, con lo que se dejó a un lado la falta de reconocimiento a la elección presidencial del 2019.
Ambos acuerdos mencionados anteriormente se aprobaron el 1 de septiembre, ese mismo día se aprobaron otros dos: El Acuerdo que Constata y Advierte el Fraude a la Ley, la Constitución y el Derecho Internacional Público como consecuencia de la Inexistencia, Ineficacia e Invalidez de los simulados Acuerdos de Fechas 20 de noviembre de 2018, mediante el cual se pretendió el desconocimiento de la autoridad que detentan los Embajadores y Embajadoras, Jefes y Jefas de Misiones Diplomáticas Permanentes, Representantes y Personal del Servicio Exterior de la República Bolivariana de Venezuela; y el que Constata y Advierte el Fraude a la Ley, la Constitución y el Derecho Internacional Público como consecuencia de la Inexistencia, Ineficacia e Invalidez de los simulados Acuerdos de Fechas 12 de septiembre de 2018, 19 de marzo de 2019, 10 de diciembre de 2019 y 28 de abril de 2020; mediante los cuales se pretendió el Desconocimiento del Procurador General de la República Bolivariana de Venezuela, así como, del sistema normativo sobre la Asesoría Jurídica y Defensa Legal de la República, tanto Nacional como Internacionalmente.
Crónica Uno
