El Alto Comisionado de Naciones Unidas Volker Türk pidió en una rueda de prensa a su salida del país “poner fin a la tortura de una vez por todas” y que se limite “el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva”. También se refirió en mayor medida al impacto de las diversas crisis en el país, que requieren intervenciones simultáneas por parte de diversos actores, entre ellos las agencias de Naciones Unidas. Recordó que hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria
El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, solicitó este sábado 28 de enero la liberación de todos los presos «detenidos de forma arbitraria» en el país, al igual que investigaciones creíbles sobre desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones extrajudiciales.
En una rueda de prensa desde el aeropuerto internacional de Maiquetía, el funcionario de la ONU señaló que se le entregó a la administración de Nicolás Maduro una lista detallada sobre presos políticos que espera sean liberados. Afirmó que su Oficina seguirá de cerca la situación de estas personas, como Emirlendris Benítez, Ángela Expósito, el teniente coronel Igbert Marín o el profesor Javier Tarazona.
Türk, que anunció la renovación por otros dos años del memorando de entendimiento entre su oficina y la administración Maduro, también espera que sus oficiales tengan pronto acceso a todos los centros de detención, incluyendo los manejados por militares, para revisar las condiciones de los detenidos en el país.
Otra de las cuestiones denunciadas por el Alto Comisionado fueron las torturas cometidas contra personas detenidas de forma arbitraria o desaparecidas forzosamente, en sintonía con los informes anteriores de su Oficina, cuando era manejada por Michelle Bachelet, y la Misión de Determinación de Hechos.
*Lea también: ESPECIAL | La república que tortura
Dijo que pudo escuchar el relato de varias víctimas y sus familiares, entre ellos el de la hermana de una mujer que fue detenida y violada. Türk también pidió “poner fin a la tortura de una vez por todas” y que se limite “el amplio y prolongado uso de la prisión preventiva”.
“Se me prometió que se atenderían las denuncias de torturas, serán investigadas y los responsables enjuiciados”, indicó. Por ello solicitó al Gobierno que se refuerce la Comisión Nacional contra la Tortura y que se ratifique la Convención Internacional sobre Detenciones Forzadas.
Respecto a las ejecuciones extrajudiciales, dijo que hay «mucha ansiedad y trauma» y es imperativo «escuchar a los familiares y víctimas de este flagelo». El austríaco, que estuvo de visita desde el 26 de enero en el país, insistió en que debe tomarse y revisarse «con mucha seriedad el tema» por parte de las autoridades venezolanas.
Además de las reuniones con el Ejecutivo venezolano y representantes de varios poderes públicos, como el diputado Jorge Rodríguez y la magistrada Gladys Gutiérrez, también tuvo la oportunidad de sostener encuentros con delegados opositores de la negociación y más de 125 víctimas de graves violaciones a los DDHH, defensores y oenegés nacionales.
En las conversaciones con el Ejecutivo y otros poderes, señaló el Alto Comisionado que tuvo la oportunidad de plantear sus inquietudes sobre la ruptura del espacio cívico venezolano, en especial tras la aprobación en primera discusión de un proyecto de ley que pretende fiscalizar a las ONG.
Aseveró que planteó sus inquietudes particulares respecto a esta ley tras las denuncias de nuevas restricciones a los derechos de asociación, libertades personales o reunión, que insistió «deben ser garantizados».
Señaló también que tras la reunión con el mandatario Nicolás Maduro, éste le expresó sus intenciones de «mejorar» el sistema de justicia, por lo que dijo que su oficina está dispuesta a brindar todo el apoyo para lograr este cometido.
Impacto de la crisis social
El Alto Comisionado de Naciones Unidas se refirió en mayor medida al impacto de las diversas crisis en el país, que requieren intervenciones simultáneas por parte de diversos actores, entre ellos las agencias de Naciones Unidas. Recordó que hay más de siete millones de personas que necesitan ayuda humanitaria.
Volker Türk destacó en la conferencia de prensa que pudo constatar el estado fragmentado y dividido de la sociedad venezolana y la fractura de la confianza de los grupos políticos, además de la necesidad imperiosa de construir esa confianza entre las autoridades y la sociedad para resolver la crisis.
«Es importante superar las divisiones y reconstruir el contrato social entre los venezolanos», incluso con apoyo de otros países, mencionó el Alto Comisionado de la ONU.
Entre otras cosas, y tras reuniones con sociedad civil y ONG, destacó la importancia de atender la crisis social, la despolitización de los derechos humanos y también solicitó que se tome en cuenta el impacto del aborto inseguro en el país y su posible despenalización.
También escuchó sobre el impacto que generan las sanciones sobre la economía venezolana. «Si bien las raíces de la crisis económica son anteriores a las sanciones, sí han desmejorado y agravan la situación», una frase que ya había repetido su antecesora en informes oficiales y actualizaciones orales.
Por ello, el Alto Comisionado solicitó formalmente a los países que levanten o suspendan las sanciones que afectan directamente la economía del país.
Respecto a la negociación, expresó su apoyo a esta salida y pidió que se escuche a todas las víctimas y se entable un diálogo significativo para la población venezolana.
«Ambas partes tienen que reflexionar sobre el futuro que quieren sobre Venezuela y mi oficina está lista para tender puentes entre la población y los sectores políticos «, dijo el funcionario.
En cuanto a la situación de migrantes y refugiados, solicitó al Gobierno venezolano que tome las acciones pertinentes y apoye a las agencias de la ONU para el retorno seguro de venezolanos a su propio país.
La situación de Venezuela en materia de derechos humanos es seguida de cerca por la Oficina del Alto Comisionado a partir de 2017, cuando se produjeron dos informes sobre la situación país derivada de las protestas antigubernamentales de ese año.
En 2019, tras el cambio de mandato de la Oficina, la expresidenta chilena Michelle Bachelet visitó el país y deploró la situación en cuanto a libertades personales y de asociación, así como la cantidad de desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias, torturas y ejecuciones extrajudiciales, lo que la llevó a solicitar de forma reiterada la disolución de cuerpos de seguridad como las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES), un brazo de la PNB.
Con información de TalCual Digital
