Alberto Torres @albertotorresm_
La Alianza Sindical Independiente propuso al Ministerio del Trabajo, en el marco del diálogo tripartito, que se avance progresivamente en la recuperación del salario mediante aumento de la productividad, generación de empleos formales y captación de ingresos fiscales. Plantea un ingreso mínimo equivalente a 50 euros, dos compensaciones mensuales y una trimestral.
Caracas. Luego de cinco meses y tras seis sesiones de diálogo tripartito entre centrales sindicales, patronales y el gobierno de Nicolás Maduro, producto de las recomendaciones hechas por la Comisión de Encuesta de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la Central ASI Venezuela presentó ante el Ministerio del Trabajo una propuesta salarial “para establecer un piso mínimo de protección social”.
La propuesta de Ley de Emergencia Laboral, según indica una nota de prensa de ASI Venezuela, contiene 15 puntos que, afirman, aseguraría un ingreso suficiente para sacar a la población del umbral de la pobreza, partiendo de la reactivación del aparato productivo, seguridad jurídica, gobernanza, generación de empleos formales y políticas públicas adecuadas.
Marcela León, presidente de ASI Venezuela, explicó que la propuesta tomó en cuenta indicadores como el Producto Interno Bruto (PIB), la inflación, la producción petrolera, los ingresos fiscales, las sanciones económicas, vacunación e índice de desempleo, entre otros, por lo que, a pesar de que tendría una vigencia de un año, “es una propuesta gradual y progresiva”.
La Central ASI estima que el monto total de inversión sería de aproximadamente 106.602 millones de euros y podría beneficiar a trabajadores activos de los sectores público y privado, jubilados y pensionados y a trabajadores no dependientes o autónomos.
Según cálculos de la firma financiera Ecoanalítica, en 2020 Venezuela percibió ingresos por el orden de los 7800 millones de dólares, una disminución de 78 % respecto a 2018, cuando ingresaron 35.500 millones de dólares al país, en su mayoría ingresos petroleros. La caída coincide con el desplome del PIB y de la producción petrolera (-80 % desde 2013).
Aún así, el gremio sindical pone como bandera de su propuesta que los bonos que depositan tanto Estado como empresas privadas, al igual que el de alimentación, tengan incidencia salarial y la punta de lanza de la ley sea un incremento de 200 % del salario mínimo (actualmente en Bs. 7.000.000) con aumentos intermensuales de 100 % hasta alcanzar el año.
De igual forma, se plantean al menos tres compensaciones tomando en cuenta la realidad económica y sanitaria del país:
- Un pago trimestral equivalente a dos salarios mínimos (SM).
- Una compensación mensual digital, por concepto de trabajo a distancia y sin incidencia salarial, de 15 % del salario mínimo.
- Una compensación “por bioseguridad”, bien sea en dotación o en dinero, de 20 % del salario mínimo, sin incidencia laboral.
- Para trabajadores independientes y emprendedores, la Central ASI incluye en su propuesta de ley compensaciones de 70 % del SM durante los dos primeros meses; 60 % en el tercer y cuarto mes; 50 % en el quinto y sexto mes; y 40 % del SM del séptimo al duodécimo mes.
Además, tomando en cuenta las recomendaciones de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), la Central ASI incluye entre sus planteamientos la transferencia directa de un Ingreso Vital de Emergencia equivalente a 50 euros mensuales durante un año para trabajadores activos, jubilados y pensionados, autónomos, independientes y por cuenta propia.
Su viabilidad
Cuestionada sobre la posibilidad real de que el Estado tenga capacidad de costear tal inversión, que es 17 veces superior a las reservas internacionales del país, Marcela León indicó que dependerá no solo de la recuperación del ingreso fiscal y petrolero, sino de la productividad y el desarrollo económico, lo que, a su juicio, pasa necesariamente por resolver el tema político.
El pasado 13 de agosto el gobierno de Nicolás Maduro y los principales partidos de oposición, agrupados en la Plataforma Unitaria, iniciaron un nuevo proceso de negociación que se espera ponga sobre el tapete temas como condiciones electorales, reconocimiento de las partes y relajación o levantamiento de sanciones a empresas del Estado.
León señaló que, en este momento, pueden tocarse temas que permitan liberar recursos para aliviar el panorama económico del país, como los 5100 millones de dólares que le corresponden por Derechos Especiales de Giro (DEG) que el Fondo Monetario Internacional (FMI) aprobó recientemente y que no serán entregados hasta tanto se aclare la situación de legitimidad del Gobierno.
En 2019, amparado en el artículo 233 de la Constitución, el diputado Juan Guaidó se juramentó como presidente encargado de Venezuela y rápidamente recibió el reconocimiento de al menos 50 países, entre ellos Estados Unidos y Reino Unido, naciones que restringieron el acceso de la gestión de Maduro a fondos y empresas en sus territorios.
El reconocimiento a las juntas directivas del Banco Central de Venezuela (BCV), Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y sus filiales en el exterior, nombradas por Guaidó y la Asamblea Nacional electa en 2015, ha provocado disputas legales, como la de las 31 toneladas de lingotes de oro del BCV en el Banco de Inglaterra, y trabas en procesos como los litigios por deudas o por empresas expropiadas por Hugo Chávez.
¿Qué esperar de la propuesta?
León reconoce que la propuesta hecha por la Central ASI Venezuela, a simple vista, puede impactar, pero considera que el diálogo social que adelantan trabajadores, patrones y Gobierno desde marzo “va de la mano con el diálogo político en México”, y espera que en esas negociaciones se toquen términos macroeconómicos “que permitan la recuperación de la producción nacional y el empleo”.
A las reuniones convocadas semanalmente por el Ministerio de Trabajo, gracias a las recomendaciones de la Comisión de Encuesta de la OIT, han acudido diversos actores, como la Central Socialista de Trabajadores, la Federación de Artesanos, Micros, Pequeñas y Medianas Industrias y Empresas (Fedeindustria) y Fedecámaras.
La propuesta de Ley de Emergencia Laboral plantea la creación de un Consejo Tripartito Nacional que revise los salarios en momentos de emergencia, de manera semestral y anual.
