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A la atención del Dr. Edmundo González Urrutia | Por Celestino Aponte

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La inmensa mayoría de los ciudadanos venezolanos y extranjeros que cohabitamos en el el extenso territorio que conforma al estado Bolívar estamos persuadidos de la urgente necesidad de un cambio político en Venezuela. De eso no hay duda alguna

Compartimos con Usted el criterio de promover una transición en unión, bajo la premisa de que todos los venezolanos somos necesarios, que quienes detentan el gobierno actualmente no son enemigos sino adversarios,  que la justicia y no la venganza es la garantía de una transición democrática y pacífica.

 Declaramos nuestro acuerdo con el objetivo, sobriamente expuesto en sus comparecencias públicas, según el cual, lo que está planteado es restablecer la institucionalidad democrática, el Estado de derecho, las libertades y los derechos constitucionales. Vale decir,establecer un sistema democrático y sustituir la arbitrariedad, ilegalidad y el autoritarismo existente en nuestros días.

Restablecer la institucionalidad democrática en GUAYANA tendrá, necesariamente, una especificidad que seguramente Usted y su equipo asesor conocen, pero los guayaneses tenemos interés en subrayar esa singularidad y llamar su atención al respecto.

No sé trata de enarbolar posiciones regionalistas, sino de contribuir a dar una respuesta correcta a una realidad regional en la cual la institucionalidad política está totalmente destruida con gravísimas consecuencias para los moradores en esta “tierra de gracia” y para todo el país. Veamos, dos manifestaciones concretas de esta afirmación.

 La primera, es producto del ex profeso abandono que las instituciones del Estado han dado al territorio y a su integridad. Desde hace diez o doce años, al menos, áreas geográficas cuantitativas y significativas ubicadas al sur del Orinoco están bajo el control de grupos irregulares (bandas criminales y el ELN). Significa que el Estado venezolano perdió el control de parte importante del territorio, no ejerce soberanía sobre el mismo y, lo más grave, es que tanto las comunidades indígenas como las comunidades “criollas» y trabajadores mineros son víctimas indefensas ante los atropellos criminales y la indiferencia de los cuerpos de seguridad del Estado e, incluso, de manifiesta complicidad. Dicho mas claramente, las instituciones del Estado responsables de definir y ejecutar políticas públicas que garanticen la integridad territorial, la soberanía nacional y la seguridad ciudadana en Guayana no tienen ni capacidad ni voluntad política para cumplir con su responsabilidad.

La segunda manifestación de tan delicada y grave situación está  íntimamente relacionada con la economía, el proceso productivo y el ambiente. La explotación de minas ilegales y legales de oro, diamante y Coltán se  caracteriza por la comercialización de estos recursos naturales vía contrabando de extracción. La opacidad imperante, por otra parte, tanto en el otorgamiento de permisos para la extracción de minerales como en el registro de  cantidad y volumen de minerales extraídos es una triste realidad: saqueo a la nación. Cuánto oro de Guayana ingresa al Banco Central de Venezuela (BCV) es un secreto bien guardado o, tal vez, es más apropiado llamarlo un misterio.

La visión extractivista  dominante en las altas esferas del gobierno saliente (moribundo) es lo que explica el disparate que es el Decreto N° 2.216 del 24 de febrero del año 2016, creador del Arco Minero del Orinoco y sus secuelas, amén de la desaparición de instituciones del Estado responsables de vitales funciones reguladoras (MARNR, Ministerio de Minas y TECMIN, etc.). El impacto ha sido y es desastroso: destrucción  de suelos, bosques, fauna, contaminación de ríos y aguas subterráneas. El agua dulce que consumimos los guayaneses (ríos Paragua, Cuyuni, Caura, Caroní y Orinoco) contaminada con Mercurio podría convertirse en una amenaza para la salud pública y para la vida. Sin contar el daño irreparable que la erosión está generando al sistema hidroeléctrico instalado en el bajo Caroní.

La descripción arriba expuesta tiene como causa fundamental, no única, la quiebra institucional. La destrucción de CVG, TECMIN y EDELCA, por una parte,  la perversión de los cuerpos de seguridad del Estado, la presencia de un Poder Judicial sin autonomía y con un elevado funcionamiento corrupto, un Poder Público Estadal hueco e insignificante y los municipios despojados de competencias y recursos  mantienen a esta entidad federal a la deriva, arrastrada por “la hojarasca» e impotente ante tan dura y adversa realidad.

Así las cosas, el remedio no es otro que restablecer la institucionalidad democrática. Las elecciones presidenciales del 28 de julio es una extraordinaria oportunidad que los guayaneses no vamos a desperdiciar. Derrotaremos al desorientado y equivocado gobierno de Nicolás Maduro y  votaremos por el único candidato que ha demostrado tener la estatura intelectual y moral requerida para tan exigente desafío.

Con el permiso de los ciudadanos guayaneses y la sociedad civil que hace vida en la región me permito proponerle suscribir un ACUERDO por Guayana con los voceros de nuestro gentilicio, tal como lo han propuesto la plataforma de la sociedad civil LAZOS GUAYANA  y el Frente Amplio Venezuela Libre, seccional Bolívar. (FAVL BOLÍVAR). Un ACUERDO para restablecer la institucionalidad democrática en Guayana a la par de los desarrollos en la misma dirección en el país como un todo.

Ciudad Guayana, 12 de mayo de 2024.

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