Texto por Ibis Leon | @ibisL
La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) publicó la actualización de su informe sobre Venezuela en el que documenta 17 presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
Las muertes “coinciden con los patrones de ejecuciones extrajudiciales previamente documentadas en el Distrito Capital y en los estados Miranda, Monagas, La Guaira y Zulia”.
Otros datos contenidos en el informe dan cuenta de 97 incidentes relacionados con personas defensoras de los derechos humanos, entre ellas periodistas, líderes sindicales, activistas y organizaciones de la sociedad civil. Disgregados de la siguiente manera: dos muertes, seis actos de violencia, 62 de criminalización, 17 de amenazas e intimidación y 10 casos de estigmatización.
La oficina de la alta comisionada Michelle Bachelet también reporta once casos de periodistas que fueron objeto de amenazas o acoso por parte de la Guardia Nacional Bolivariana, las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes) de la Policía Nacional Bolivariana y el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional.
Avances
El informe Bachelet destaca como avances, aunque insuficientes, las siguientes decisiones del Ejecutivo:
Reforma de la Policía Nacional Bolivariana en un plazo de seis meses, ordenada por Maduro el 13 de abril de 2021. Se creó una comisión especial para este fin. “La reforma representa una oportunidad para implementar acciones previamente recomendadas tales como el restablecimiento del carácter civil de las fuerzas policiales, la investigación de antecedentes de las personas que conforman las fuerzas de seguridad y el fortalecimiento de la supervisión y la rendición de cuentas”.
La acusación contra dos oficiales por cargos de homicidio culposo y tortura en el caso del capitán de Corbeta Rafael Acosta Arévalo, asesinado bajo custodia del Estado. “La calificación por parte del Estado de la muerte por tortura del señor Acosta representa un paso positivo en la lucha contra la tortura”.
La creación de una oficina de asistencia a las víctimas para la protección de los derechos humanos en el seno del Ministerio Público. El Acnudh también toma nota de la creación, en marzo de 2021, de una fiscalía especializada contra el femicidio y los delitos sexuales.
Indulto del 31 de agosto a 110 personas que enfrentaban cargos penales. “La medida puso fin a los procesos penales contra 23 miembros de la Asamblea Nacional y ordenó la liberación de cuatro parlamentarias así como de otros líderes del ámbito político, activistas y periodistas que estaban en prisión”.
Investigación iniciada por el Ministerio Público contra 716 agentes de seguridad y 40 civiles por graves violaciones de los derechos humanos, ocurridas entre agosto de 2017 y abril de 2021, y 153 condenados. El 1 de mayo de 2021, se anunció que 12 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana habían sido acusados por el homicidio de Juan Pablo Pernalete, quien habría resultado muerto por el impacto de una bombona de gas lacrimógeno durante una protesta en 2017.
Retrocesos
La Acnudh continuó recibiendo denuncias creíbles de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación. La oficina no tiene conocimiento de ninguna acción emprendida por la Comisión Nacional para la Prevención de la Tortura entre el 1 de junio de 2020 y el 30 de abril de 2021.
Los informes de violencia sexual contra mujeres en prisión preventiva preocupan al organismo ya que la mayoría de las instalaciones no están adaptadas para cumplir las normas específicas de género y las detenidas a menudo están vigiladas por hombres. El 13 de marzo un agente de la policía estatal de Barinas asesinó a una mujer bajo custodia policial después de que ella se negara presuntamente a participar en actos sexuales.
La oficina continúa registrando restricciones a las libertades fundamentales que limitan el espacio cívico y democrático. La labor de las organizaciones de la sociedad civil y de los medios de comunicación se vio obstaculizada por restricciones normativas y administrativas y en algunos casos sus miembros se enfrentaron a procesos penales relacionados con su trabajo.
El Acnudh recibió informes de inducción al voto tanto antes de las elecciones parlamentarias de 2020 como en su transcurso. Autoridades públicas a nivel nacional y local hicieron declaraciones prometiendo beneficios sociales o amenazando con revocar el acceso a asistencia social de los electores, entre otras cosas a cestas de alimentos y subsidios monetarios. Se reportó que empleados de empresas e instituciones estatales también fueron amenazados con ser despedidos si no votaban
Según la información recibida, el 21 de agosto de 2020, agentes de las Fuerzas de Acciones Especiales habrían ejecutado a dos comunicadores de Guacamaya TV. El Acnudh saluda la imputación de seis oficiales, e insta a las autoridades a que realicen una investigación exhaustiva. El Acnudh también documentó un atentado contra la vida de un tercer profesional de los medios de comunicación en diciembre por parte de desconocidos en el estado de Guárico. Además, siguió recibiendo informes de periodistas que tuvieron que esconderse o abandonar el país por temor a represalias.
Recomendaciones
El documento exhorta al gobierno de Nicolás Maduro a implementar una serie de medidas para poner fin a la violación de derechos humanos en el país. Estas son:
Sanción a máximos responsables. “Son necesarios más esfuerzos para garantizar la responsabilidad tanto de los autores directos como de los que están en la cadena de mando a fin de desmantelar las estructuras y prácticas que han facilitado la tortura y los malos tratos y evitar que se repitan”.
Reforma judicial. “Deben hacerse mayores esfuerzos para garantizar el acceso a la justicia ya que las víctimas siguen enfrentándose a importantes obstáculos como el miedo a las represalias, la falta de recursos económicos y el acceso a combustible para asistir a las audiencias o a las reuniones con las fiscalía”.
Reforma carcelaria. “Son necesarias soluciones estructurales para abordar las causas subyacentes del hacinamiento, especialmente la persistencia de las dilaciones judiciales indebidas y el uso excesivo de la prisión preventiva”.
Lea el informe completo aquí.
