“Con la Corte Penal Internacional no hay términos medios: o se restaura el Poder Judicial para investigar las graves violaciones a derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, o la investigación de la CPI avanzará. Tal es la encrucijada en la que hoy se encuentra el régimen de Maduro”. Entonces, ¿la investigación formal podría crear incentivos para la transición en Venezuela?, ¿para el régimen esto es un asunto de supervivencia?, ¿el régimen está claro que la única manera de cumplir con el memorando firmado entre las partes es restaurando el Estado de Derecho en el país?
José Ignacio Hernández G. | La Gran Aldea
Durante su visita a Caracas, el fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, anunció su decisión de abrir una investigación formal sobre Venezuela, a cuyo efecto suscribió un memorando de entendimiento con el régimen de Nicolás Maduro.
¿Cuáles son las implicaciones prácticas de esta decisión?
Tres años de historia
Cuando la entonces fiscal Fatou Bensouda anunció el 8 de febrero de 2018 su decisión de abrir un examen preliminar sobre posibles violaciones a los Derechos Humanos y uso de fuerza excesiva por parte del régimen de Maduro, se planteó el debate sobre cómo podría influir esa investigación preliminar en la transición política. Una interpretación sostuvo que esa actuación desestimulaba una posible transición, pues el régimen preferiría aferrarse al poder parea eludir la investigación.
Siempre he pensado lo contrario. Como expliqué en el New York Times la investigación preliminar elevaba los costos de represión del régimen de Maduro. Y como el régimen se sostiene en la represión -y el reparto corrupto de rentas- entonces, las actuaciones de la CPI podían afectar uno de los pilares de soporte del régimen autoritario.
El transcurso del tiempo comenzó a debilitar las expectativas que se habían formado. Pero como expliqué aquí en La Gran Aldea, los tiempos de la Fiscalía de la CPI no son necesariamente expeditos. En todo caso, los incentivos para que Maduro abandonara su sistema de represión estaban allí.
“El principio de complementariedad, en el caso de Venezuela, no puede considerar el Poder Judicial de manera aislada”
El tema se colocó de nuevo en el tapete el 14 de diciembre de 2020, cuando la Fiscalía de la CPI anunció que existían fundamentos razonables para creer que “al menos desde abril de 2017, autoridades civiles, miembros de las fuerzas armadas e individuos a favor del Gobierno han cometido los crímenes de lesa humanidad”. Esto hizo que la amenaza de la CPI fuese mucho más creíble. Como también expliqué en La Gran Aldea, esto podía elevar los incentivos para restaurar el sistema de justicia en Venezuela, todo lo cual pasaba por la negociación política.
Maduro optó por una solución solo de apariencia, a través de un catálogo de Leyes inconsultamente aprobadas por la ilegítima Asamblea Nacional para -supuestamente- restaurar el debido proceso en materia penal. De igual manera, algunos tribunales penales dictaron aisladas sentencias de condena contra algunos de los funcionarios responsables de la violación de derechos humanos. Asimismo, varios presos políticos han sido liberados. Pero como ha explicado el profesor Fernando Fernández, todos esos cambios son tan solo cosméticos, pues no restauran el sistema de justicia en Venezuela.
Como dice la cita atribuida a Abraham Lincoln: ‘Puedes engañar a todo el mundo algún tiempo, puedes engañar a algunos todo el tiempo, pero no puedes engañar a todo el mundo todo el tiempo’.
Las reformas de Maduro eran un engaño, pues quisieron emular la apariencia de justicia. Pero lo cierto es que el progresivo proceso de demolición de la justicia en Venezuela y las sistemáticas violaciones de derechos humanos requieren mucho más que medidas cosméticas.
Fue por ello que el fiscal Karim Khan anunció su decisión de abrir una investigación formal, considerando -entre otros elementos- que el actual sistema de justicia en Venezuela no puede investigar las graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de acuerdo con los estándares internacionales.
Entendiendo el principio de complementariedad
La clave para entender el caso de Venezuela está en el principio de complementariedad. En términos muy sencillos, este principio establece que la CPI debe dar preferencia a las investigaciones judiciales conducidas domésticamente por los Estados, todo lo cual presupone la existencia de un Poder Judicial autónomo, independiente y con capacidad para actuar. Tal principio responde al mandato -reiterado en la Constitución- según la cual el Estado debe investigar violaciones a derechos humanos.
Este principio actúa de manera proactiva, en el sentido que la Fiscalía y la CPI pueden actuar conjuntamente con el Estado para reforzar su capacidad para adelantar investigaciones, todo lo cual generará un efecto positivo para prevenir nuevas atrocidades. Esto explica por qué el Fiscal de la CPI suscribió un memorando de entendimiento con el régimen de Maduro, pues ahora la Fiscalía se involucrará, activamente, en el sistema de justicia venezolano.
“El verdadero problema de fondo es que en Venezuela no existe Estado de Derecho, lo que ha permitido la concentración de poderes de facto en el régimen de Maduro”
En todo caso, no basta con la existencia de un Poder Judicial autónomo, independiente y capaz. Además, el Estado debe demostrar, de manera clara, la existencia de genuinas investigaciones, como ha decidido la Sala de Cuestiones Preliminares II de la CPI. La palabra genuina implica que el Poder Judicial doméstico, de acuerdo con los estándares internacionales, debe investigar de manera efectiva las graves violaciones a derechos humanos de acuerdo con los delitos tipificados en el Estatuto de Roma, al tiempo que se detienen las graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos. Por ello, el Fiscal decidió cerrar la investigación preliminar sobre Colombia, al considerar que existen garantías de genuinas investigaciones judiciales en ese país.
Precisamente lo que el régimen de Maduro intentó hacer fue simular investigaciones de justicia, para así detener el avance a la investigación. Pero claramente el Fiscal concluyó que no existen genuinas investigaciones conducidas de acuerdo a los estándares internacionales.
El principio de complementariedad y la pervivencia del régimen de Maduro
El principio de complementariedad, en el caso de Venezuela, no puede considerar el Poder Judicial de manera aislada. El verdadero problema de fondo es que en Venezuela no existe Estado de Derecho, lo que ha permitido la concentración de poderes de facto en el régimen de Maduro. Sin controles efectivos, ese régimen ha acudido a políticas de sistemáticas violaciones a derechos humanos para reprimir toda forma de disidencia; mientras que el colapso del Estado ha favorecido la adopción de estructuras de crimen organizado que alimentan la cleptocracia y reparten rentas para comprar lealtades.
Por ello, para que el principio de complementariedad pudiese favorecer investigaciones en Venezuela por sobre la investigación ante la CPI, hace falta mucho más que cambios puntuales. Es un grave error creer que por dictar dos o tres Leyes o cambiar a dos o tres magistrados, logrará restaurarse el Estado de Derecho en Venezuela.
Esto queda en evidencia en el primer punto del memorando de entendimiento, en el cual el régimen de Maduro se comprometió a adoptar “todas las medidas necesarias para asegurar la efectiva administración de justicia, de acuerdo con los estándares internacionales, con el apoyo y el compromiso activo de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional en virtud del principio de complementariedad”.
“El Poder Judicial doméstico, de acuerdo con los estándares internacionales, debe investigar de manera efectiva las graves violaciones a derechos humanos de acuerdo con los delitos tipificados en el Estatuto de Roma”
Para el régimen de Maduro esto es un asunto de supervivencia. La única manera de cumplir con ese compromiso es restaurando el Estado de Derecho, lo que presupone poner fin el régimen autoritario y criminal de Maduro. Pero si Maduro opta por mantener su régimen autoritario y criminal, con reformas gatopardianas, estará incumpliendo el memorando, contribuyendo con ello a que la investigación avance hacia las siguientes fases.
Con la Corte Penal Internacional no hay términos medios: o se restaura el Poder Judicial para investigar las graves violaciones a derechos humanos de acuerdo con estándares internacionales, o la investigación de la CPI avanzará. Tal es la encrucijada en la que hoy se encuentra el régimen de Maduro.
Es por ello que, como he venido explicando desde 2018, la investigación preliminar, y ahora la investigación formal, crean incentivos para la transición, pues pueden afectar las técnicas de represión en las cuales se apoya el régimen autoritario. Ahora esos incentivos son mucho más claros, lo que lleva al régimen de Maduro a decidir cuál camino tomar en esta encrucijada.
Lo anterior es además fundamental para el deber de obediencia. La responsabilidad penal internacional alcanza a un número muy reducido de todos los funcionarios que hoy actúan al mando del régimen de Maduro en todos los Poderes Públicos, incluyendo la Fuerza Armada. Esos funcionarios hoy están también en una encrucijada: si obedecen las órdenes de las élites autoritarias, tarde o temprano también serán responsables. Pero pueden optar por desobedecer esas órdenes y participar en un proceso ordenado de transición orientado a la reconciliación nacional.
La narrativa de Venezuela
Este anuncio, además, contribuye a contrarrestar la narrativa que enfoca el caso Venezuela como el de un autoritarismo que al sufrir en déficit democrático, debe ser atacado con tácticas de democratización que pasen por acuerdos de reconciliación y cogobierno.
Pero esa narrativa es la de Venezuela en 2015. Durante el 2016 se intentó, por varias vías, promover la democratización a través de acuerdos orientados a la reconciliación nacional. El resultado fue el bloqueo de la Asamblea Nacional y la represión de 2017, por la cual hoy las élites autoritarias están siendo investigadas ante la CPI.
“Como el régimen se sostiene en la represión -y el reparto corrupto de rentas- entonces, las actuaciones de la CPI podían afectar uno de los pilares de soporte del régimen autoritario”
Desde entonces, el colapso de Venezuela se ha acelerado y con ello, la criminalización de las élites, como lo demuestran, entre otros eventos, la depredación del Arco Minero del Orinoco y el caso Alex Saab.
La verdad es que las élites autoritarias son algo mucho peor que un régimen autoritario. Son, también, estructuras criminales que han implementado sistemáticas violaciones a derechos humanos y han extendido una cleptocracia trasnacional. Este es un problema cuya solución va a exigir mucho más que acuerdos de reconciliación nacional (que sin duda son necesarios pero insuficientes).
La decisión del Fiscal de la CPI, por ello, ayuda al correcto diagnóstico de régimen autoritario venezolano. De allí la importancia de aprovechar el inicio de la investigación ante la CPI para minar los pilares de apoyo del régimen y promover el apoyo popular para canalizar mecanismos de movilización y presión para solucionar la crisis política y abrir paso a la conformación de un gobierno legítimo basado en el pluralismo político, la reconciliación nacional y el sistema de justicia transicional.
Pues en Venezuela solo habrá justicia cuando el régimen autoritario y criminal de Maduro y sus élites llegue a su fin.
