Ariadna García @ariadnalimon
El especialista en derecho administrativo José Gregorio Torrealba sostiene que desde el año 2000 hay reclamos contra Venezuela en el Ciadi. A partir de 2006 aumentaron las demandas y Venezuela llegó a ser el país con mayor número de arbitrajes activos en esa institución. A la fecha, suma más de 50 casos en el Ciadi. José Ignacio Hernández apunta que casi la totalidad de estas demandas han sido ocasionadas por políticas autoritarias implementadas desde 2003.
Caracas. La deuda externa que acumuló Venezuela en las últimas dos décadas se estima en $160.000 millones. Para especialistas en derecho administrativo este endeudamiento astronómico derivó de la política autoritaria que llevó a cabo Hugo Chávez en los 2000 contra varias empresas nacionales y extranjeras. Desde entonces los reclamos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) se han multiplicado, llevando a Venezuela a ser el segundo país con más demandas en ese organismo.
Un análisis del economista Francisco Rodríguez expone que en los últimos dos años la defensa de los activos en el extranjero se ha debilitado, en parte por la compleja situación política de Venezuela, donde Nicolás Maduro tiene el poder y el control de las instituciones dentro del país, mientras que Juan Guaidó maneja los activos en EE. UU., desde que en febrero de 2019 ese país lo reconociera como presidente interino, así como otra decena de países. La división de poderes le ha valido a la nación que en el extranjero haya conflicto sobre el reconocimiento. De hecho, el Fondo Monetario Internacional es uno de los entes que no libera recursos al no tener una posición firme sobre a cuál gobierno reconocer.
El especialista en derecho administrativo José Gregorio Torrealba sostuvo en un evento organizado el 28 de octubre por la Asociación Venezolana de Derecho Administrativo (Aveda), que desde el año 2000 hay reclamos contra Venezuela en el Ciadi. A partir de 2006 aumentaron las demandas y Venezuela llegó a ser el país con mayor número de arbitrajes activos en esa institución. A la fecha, suma más de 50 casos en el Ciadi. El también especialista en derecho administrativo, José Ignacio Hernández, dijo que casi la totalidad de estas demandas han sido ocasionadas por las políticas autoritarias implementadas desde 2003.
La investigación del economista Francisco Rodríguez apunta que el tener un gobierno dividido –en la que un grupo político detenta el control de facto del territorio y, por tanto, la generación de la mayor parte de los ingresos y otra parte controla la representación legal del país en tribunales estadounidenses– “ha estado asociada con una pérdida de la capacidad de la nación de defenderse ante demandas legales”.
Una de las decisiones más recientes del Ciadi que no favorecen a Venezuela fue el caso de Air Canada. En 2017 la aerolínea solicitó un arbitraje ante ese tribunal para que le fueran liberados sus ingresos por ventas de boletos en Venezuela, retenidos en bolívares por el estricto control cambiario que estuvo vigente desde 2003 hasta 2018. El 15 de septiembre Venezuela fue condenada al pago de 26 millones de dólares por el reclamo de Air Canadá.
El caso de Air Canadá lo maneja la administración de Maduro. El especialista José Ignacio Hernández explica que todavía caben mecanismos de defensa ante el propio Ciadi.
“Puede pedirse una rectificación o la nulidad; en todo caso, luego de ello Air Canadá tiene que ir a una corte para que esta acepte el laudo y luego de eso es que el laudo pudiera ser ejecutado. Esto lo que significa es que en realidad no hay ningún riesgo inminente, ni creo que se plantee en un escenario en el cual la República tenga que pagar esa cantidad de dinero en el corto plazo”, comentó Hernández a Crónica.Uno.
El documento elaborado por Rodríguez revela un aumento significativo en el tiempo que los representantes de la República tardan en aparecer en la corte distrital. “El tiempo promedio de respuesta aumenta de 121 días en las comparecencias en 2015-2018 a 333 días en el período 2019-2020. Aún este último número, ya elevado de por sí en comparación con otros países, es muy inferior al retraso de 644 días en el caso de Conoco”.
El 21 de octubre el Ciadi suspendió la consideración de solicitud de Venezuela para anular un laudo de ConocoPhillips, debido al impago de gastos procesales por la República; Rodríguez explicó en su cuenta de Twitter que la decisión dejaba el terreno libre a ConocoPhillips para proseguir en su intento de cobrar una demanda cuyo monto llega a $9,7 millardos.
Ya el 1° de octubre una corte federal del Distrito de Columbia de EE. UU. le había permitido a ConocoPhillips ejecutar un laudo de $8,5 millardos contra Venezuela después de que los abogados del gobierno interino no respondieran ante la citación judicial de la corte.
Pero lo único que aumenta no es solo el tiempo de respuesta por parte de la defensa de los activos. El informe de Rodríguez señala que “en años recientes también aumenta la emisión de certificados de no comparecencia, de 2 (uno de ellos posteriormente anulado) en 2015-2018 a 5 (ninguno de ellos anulado) en 2019-2020”.
El gobierno de Chávez propició un clima hostil para las inversiones en el país tras liderar varias expropiaciones entre 2000 y 2011. Sin embargo, el doctor en derecho y profesor emérito de la UCV, Allan Brewer, aclara que en las leyes de Venezuela no está contemplada la expropiación sin compensación. “Lo que ha ocurrido en el país es una masiva política de confiscación, que ha sido sistemática”, dijo en el evento de Aveda. El especialista agregó que una deuda externa de esta magnitud es el reflejo de “la irresponsabilidad basada en el incumplimiento de la ley. Todo lo que necesitamos para la garantía de la propiedad está en la Constitución”.
El abogado José Gregorio Torrealba explicó que el país se ha ido quedando sin mecanismos de protección a la inversión. Por ejemplo, en 2015 derogó la Ley para la Promoción y Protección de Inversiones (LPPI) y, posteriormente, entró en vigencia una ley de inversión extranjera, pero el especialista advierte que este instrumento no tiene ninguna relevancia, ni contiene ningún mecanismo efectivo para proteger la inversión. “Las alternativas de protección están en los tratados bilaterales de inversión”, dice.
El especialista en derecho administrativo José Ignacio Hernández estima que la deuda financiera de Venezuela se compone en 70 %. “Venezuela es el segundo país con más demandas ante el Ciadi, solo después de España, de 50 casos 47 tienen que ver con el modelo socialista. Explica que el país ha sido condenado en 38 % de los casos. Las condenas en el Ciadi se ubican cerca de $4000 millones, el país ha pagado la mitad y tiene condenas firmes por $8000 millones. “Si sumamos los laudos no firmes la deuda llega a $16.500 millones y es solo una facción de la deuda pública venezolana”, apunta.
La confiscación de las empresas se originó con la apertura petrolera en el año 2007. Fue obra del Ministerio de Minas dirigido por Ramírez el origen de toda esa deuda, derivada en laudos arbitrales. Eso originó este nivel de endeudamiento, ignorando todos los principios constitucionales”, señala Allan Brewer, doctor en derecho.
La protección de los activos por parte del gobierno interino se ha puesto en duda, luego de que desde los mismos partidos de oposición se señalaran hechos de corrupción en Monómeros, que está a cargo de la oposición desde abril de 2019. La falta de transparencia ha puesto la lupa en la gestión de Guaidó y ha generado que se evalúen otros mecanismos de protección. Desde la visión de Francisco Rodríguez, es necesario nombrar una junta administradora independiente para defender los activos. Julio Borges también aboga por otro mecanismo de protección, que sea a través de un fideicomiso administrado por un multilateral.
Rodríguez asegura que existe un debilitamiento en la calidad y efectividad de la defensa judicial de Venezuela en los casos de arbitraje en el exterior. Puede deberse a varias razones, entre las que enumera: que el gobierno interino cuenta con muchos menos recursos, tanto económicos como humanos y organizacionales que gobiernos previos de Venezuela, o que los retrasos y desacuerdos en torno a aprobaciones presupuestarias los han llevado a entrar en retrasos significativos con algunos bufetes de abogados.
Crónica Uno
