Del aura que envolvía al juez que combatía a los tiranos queda sencillamente el recuerdo. De aquel magistrado que se ganó las simpatías del movimiento de derechos humanos ahora es un abierto defensor del chavismo
Andrés Cañizález
Me sucedió como a muchos latinoamericanos. La primera vez que escuché el nombre de Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional de España, lo asocié a justicia y derechos humanos. Convertido en ex juez, ahora su verdadero rostro está asociado a la defensa del chavismo. La llama de la justicia parece haberse extinguido y en su lugar suena la caja registradora.
Como juez del máximo tribunal español, saltó a la fama internacional en 1998 cuando ordenó arrestar en Londres al ex dictador chileno Augusto Pinochet por crímenes contra la humanidad, basándose en el informe de la Comisión de la Verdad redactado en Chile.
Garzón solicitó su extradición a España por una demanda criminal en el marco de la “Operación Cóndor”, la coordinación de las dictaduras latinoamericanas para perseguir y eliminar opositores. Fueron 503 días de reclusión y aunque el Reino Unido finalmente no autorizó el traslado a España, el caso marcó jurisprudencia global sobre los crímenes de lesa humanidad. Y además le hizo pasar un trago amargo al ex dictador que se creía intocable.
Garzón también abrió la posibilidad de que se presentaran en España cargos de genocidio contra los miembros de la Junta Militar en Argentina. Durante dicha investigación se condenó al ex capitán Adolfo Scilingo por su implicación en dos vuelos de la muerte en 1977. Se lanzaban desde un avión al mar a los activistas de izquierda, engrosando la lista de detenidos-desparecidos. Fue el primer militar argentino condenado por un tribunal extranjero.
Del aura que envolvía a Garzón queda sencillamente el recuerdo. Aquel magistrado que se ganó las simpatías del movimiento de derechos humanos por los casos señalados ahora es un abierto defensor del chavismo.
La vinculación de Garzón con el régimen de Nicolás Maduro era ya pública y notoria, como suelen decir los abogados venezolanos. Garzón ha encabezado la defensa de Alex Saab, el empresario colombiano señalado de testaferro de Maduro y acusado tanto en Colombia como en Estados Unidos de lavar el dinero del chavismo.
El ex juez de la Audiencia Nacional de España ha movido cielo y tierra, tratando de presentar a Saab como una víctima incluso de torturas y malos tratos mientras éste ha estado retenido en Cabo Verde mientras se decide su extradición a Estados Unidos.
Si bien la Corte Suprema de Cabo Verde decidió desde marzo de este año que era legal la extradición de Saab a EEUU, Garzón ha logrado dilatar por largos meses el traslado definitivo del acusado a la justicia estadounidense.
La nueva vinculación de Garzón con el chavismo lo ha destapado ahora el medio español The Objetive, un proyecto periodístico de la venezolana Paula Quinteros. De acuerdo con documentos a los que tuvo acceso este medio, el bufete de Baltasar Garzón factura nueve millones de euros al régimen de Venezuela por “coordinación con la Fiscalía en España”.
El contrato fue suscrito en 2016 y todo apunta a que aún está vigente. Todo esto coloca en una situación incómoda a Dolores Delgado, fiscal general del Estado español y actual pareja de Garzón.
En 2012 comienza la caída de Garzón. Aquel año fue expulsado de la carrera judicial por un delito de prevaricación y posteriormente, en su ejercicio libre de la abogacía, ha sido director de la defensa de Julian Assange, fundador de Wikileaks, y trabajó en Argentina para el Ministerio de Justicia bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, Garzón ha terminado siendo contratado como abogado del chavismo, cuando precisamente el régimen venezolano vive sus horas más oscuras señalado de forma contundente por instancias de la ONU por presuntos crímenes de lesa humanidad, asunto sobre el cual le tocará en breve decidir a la Corte Penal Internacional si lleva a Maduro al banquillo de los acusados.
Saab, a quien defiende públicamente Garzón, según las autoridades judiciales de Colombia y Estados Unidos, manejó cientos de millones de dólares producto del manejo irregular de las llamadas cajas CLAP (programa oficial de reparto de alimentos usado como herramienta de control social), y trató de comprar propiedades en esos países o hacer inversiones.
En julio de 2019, ya la justicia de EEUU sostenía que, con los CLAP, que se entregan a los más pobres, el empresario colombiano y tres hijastros de Maduro se lucraron con “cientos de millones de dólares”.
Además del uso de control social que sigue teniendo el reparto de comida por parte del chavismo, las bolsas o cajas CLAP desnudaron el desprecio del régimen por el pueblo que dice defender, ya que se distribuye comida de segunda, de mala calidad. Garzón defiende a quien fue el artífice de este esquema.
El Estímulo
