En todas las regiones de Venezuela existen bandas delictivas que se diferencian por el armamento, el número de integrantes y los delitos que cometen, pero que sin embargo tienen algo en común: han dejado huellas con sangre en una sociedad que se debate entre resignarse a vivir con miedo, huir o cohabitar con quienes violan la ley
“Aquí hay que esperar cuál es el canto del gallo: si gritos o tiros”, dice la señora Ana, una vecina de La Vega que ha visto cómo su parroquia degeneró por la conformación de una banda que reclutó seguidores en el propio barrio y que aprovechó la crisis para surgir y hacerse poderosa.
En la Cota 905, una comunidad de la ciudad de Caracas, los propios vecinos han hecho un frente para combatir la violencia con encuentro y unión. Aunque son acciones silenciosas y escasas, ocurren y se concretan cuando se vence el miedo y se hacen actividades recreativas, de alerta temprana, sobre la violencia y de control de espacios para hacerlos más seguros y amables.
El 9 de julio de 2021 se realizó una intervención policial en la Cota 905 para desmantelar la agrupación criminal liderada por el “Koki”, “Garbis” y “Vampi”, la cual ameritó la participación de al menos 1.000 funcionarios de diferentes fuerzas de seguridad del Estado. La irrupción se hizo al tercer día de un tiroteo que paralizó el centro de Caracas y dejó 37 muertos.
La organización Insight Crime alertó en sus investigaciones que hasta 2020 los cabecillas de esta organización reunieron al menos 300 integrantes que les dieron el título de megabanda. Con estos seguidores se consolidaron en sectores como La Vega, El Cementerio y El Valle.
La megabanda financiaba su acción criminal mediante el narcotráfico, la extorsión y el secuestro. Para ello, se valieron de la construcción de bunkers en lo alto de la Cota 905 donde permanecían retenidas las personas que eran secuestradas mientras negociaban con sus familiares.https://view.genial.ly/615c8c80c3cc020d78fb782e
El Pitazo obtuvo el testimonio de un habitante de la Cota 905, quien aseguró que muchos de los vecinos de esta comunidad permanecían aterrorizados con la presencia de Carlos Luis Revette, alias «el Koki»; Garbis Ochoa, «el Garbis», y Carlos Calderón, «el Vampi». Por cada uno de ellos el Gobierno venezolano está dispuesto a pagar una recompensa de 500 mil dólares.
En el Área Metropolitana de Caracas, otra zona marcada por la delincuencia y la violencia es el municipio Sucre del estado Miranda. Sobre todo el barrio José Félix Ribas, conformado por 10 zonas y una de las barriadas más grandes entre las más de 2.000 que componen Petare.
En José Félix Ribas y en todo Petare manda “Wilexis”, el apodo con el que se conoce a Wilexis Alexander Acevedo Monasterios, un hombre que raya los 30 años y que gobierna el extremo este de la Gran Caracas desde 2014. El dominio de “Wilexi” en Petare está marcado por sangre, y no solo de la que se ha derramado en enfrentamientos o ajustes de cuenta, sino de quienes han caído por balas perdidas, robos, equivocaciones y operativos policiales.
María, nombre cambiado para proteger a la fuente, lo sabe bien y lo vive desde la distancia, luego de residir 10 años en José Félix Ribas. La guerra que se generó en mayo de 2020, durante un operativo para capturar a “Wilexis” y a su banda, la obligó a salir de su casa en la Zona 9 del barrio y alquilar un ranchito en una comunidad de Catia donde encontró algo de paz.
Aquí uno puede sacar su teléfono. Andar tranquilo, caminar, llegar a la hora que sea y hasta tomar en las calles con la seguridad de que, si no te metes con esa gente, ellos no se meterán contigo
Luego de tener que pasar una noche entera bajo la cama, junto a su hijo de 6 años, y de encontrar huellas de proyectiles en su puerta al día siguiente, María decidió que era tiempo de dejar atrás esa comunidad donde “a veces gana la gente mala”, tal como ella define la decisión de salir de Petare.
Sin embargo, del otro lado están también los que conviven con la delincuencia y se sienten más seguros rodeados por la banda del “Wilexi” que por cualquier funcionario policial. “Aquí uno puede sacar su teléfono. Andar tranquilo, caminar, llegar a la hora que sea y hasta tomar en las calles con la seguridad de que, si no te metes con esa gente, ellos no se meterán contigo”, apunta Jesi Berrío, un joven de 22 años de edad que ha vivido toda su vida en José Félix Ribas.
El hampa ahuyentó el turismo
A 70 kilómetros de Petare está la subregión mirandina Barlovento, con una superficie de 4.647 kilómetros cuadrados, rodeada de playas, atractiva naturaleza y haciendas cacaoteras, pero sumergida hoy en el abandono debido a la recesión económica y el hampa.
Florangel Villareal vive en Santa Teresa del Tuy, otra ciudad marcada por esta mafia. A sus 52 años recuerda que tres décadas atrás Higuerote, en Barlovento, era el sitio de encuentro familiar para vacacionar. Su papá tenía una casa que se vieron obligados a abandonar.
“Venían mis tíos de Valencia y Maracay y nos reuníamos allí en Carnaval, Semana Santa y agosto. Para nosotros era fácil llegar porque tomábamos la vía de Guatopo-Los Alpes-Caucagua, pero ahora esa zona está tomada por delincuentes, al igual que las vías de Barlovento. Ahora nos da miedo viajar por esa carretera y visitar esas playas que, además, están descuidadas”, señaló.
Así como Villareal, muchas familias venezolanas ya no visitan esta zona mirandina. Es así como el turismo dejó de ser la principal fuente económica de pescadores, lancheros y comerciantes, entre otros. Muchos se fueron y otros intentan sobrevivir con la esperanza de que Barlovento vuelva a ser un paraíso.
Dos bandas y un cartel en el radar de las autoridades
Al igual que en Miranda y Caracas, en el centro-occidente de Venezuela los delincuentes imponen su ley. En esta zona existen al menos cuatro mega bandas y un cartel. Los grupos son liderados por Josué Ángel Santana Peña, alias “Santanita”, con presencia en los estados Lara, Yaracuy, Carabobo y Aragua; y “Wilmer Bachiller”, en Yaracuy; mientras que en Falcón, Carabobo y otras entidades opera el Cartel de Paraguaná.
Alias “Santanita” está implicado en al menos siete asesinatos perpetrados en Lara entre 2017 y 2020 y es investigado por homicidio, robo, secuestro y extorsión, según el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc). Tiene alerta roja de Interpol y figura en la lista de los más buscados del Ministerio de Interior y Justicia desde 2019.
A “Santanita” se le vincula con el pran de la cárcel de Tocorón y líder de la mega banda Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores, alias “Niño Guerrero”. En 2020, el comisario Douglas Rico, director del Cicpc, indicó que Santana Peña se ocultaba en la cárcel de Tocorón y lo declaró como un objetivo nacional para los cuerpos de seguridad.
Venían mis tíos de Valencia y Maracay y nos reuníamos allí en Carnaval, Semana Santa y agosto. Para nosotros era fácil llegar porque tomábamos la vía de Guatopo-Los Alpes-Caucagua, pero ahora esa zona está tomada por delincuentes, al igual que las vías de Barlovento. Ahora nos da miedo viajar por esa carretera y visitar esas playas que, además, están descuidadas
Un protector que la policía liga al narcotráfico
Enrique Martínez, alias “Chiche Smith”, era reconocido como un empresario de Carirubana, estado Falcón, que mantenía contentos a los habitantes de la localidad pesquera con obras y regalos a través de una fundación que llevaba el nombre de su madre, Carmen Virginia Martínez.
En abril de 2020, las autoridades iniciaron un operativo en Caracas, Carabobo y Falcón para desarticular una banda dedicada al narcotráfico a la que denominaron el Cartel de Paraguaná. Para entonces, Tarek William Saab, fiscal general designado por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), anunció que libraron una orden de captura contra su presunto líder, alias “Chiche Smith”, quien fue detenido un año más tarde en Anzoátegui portando una cédula de identidad falsa. Martínez fue imputado por los delitos de tráfico de estupefacientes, legitimación de capitales, abuso sexual a menores y asociación para delinquir.
El Cartel de Paraguaná era señalado por transportar cargamentos de droga desde Colombia hacia las costas de Zulia y la Península de Paraguaná, para luego enviarlas a Centroamérica y México.
Pese a los señalamientos contra “Chiche Smith” y su familia, los residentes de Carirubana salieron en defensa de la Fundación Carmen Virginia Martínez, porque aseguraban que era la institución responsable de emplear y dar ayudas a los vecinos del sector, además de construir obras. Por estas labores, “Chiche Smith” era llamado el protector de Carirubana.
Un tramo vial bajo el dominio de delincuentes
Al oriente de Venezuela la realidad no es diferente a la del resto del país. En esta zona, la banda del “Curí” tiene el dominio de un segmento de la troncal 10, que une a Monagas con Carúpano, la segunda ciudad más importante de Sucre. Es la vía entre Los Cuatro Rumbos (Sucre) y San Miguel (Monagas); es un tramo en el que hay 12 pueblos, aproximadamente.
Registros policiales indican que la banda del “Curí” está conformada por 50 hombres y vinculada a delitos como robo, extorsión, secuestro, violación, homicidio y tráfico de drogas. Los mismos registros policiales refieren que el grupo delictivo tiene presencia desde 2017, pero habitantes de los poblados limítrofes consultados por El Pitazo refieren que es desde 2015 y fue a finales de 2016 cuando tomó más fuerza.
La presencia del grupo armado limitó la circulación de vehículos por este trayecto, tanto que ahora para cruzar es necesario que la Guardia Nacional escolte a los conductores. La poca presencia vehicular acabó con la venta de dulces en la vía y con esto, la posibilidad de que las familias obtuvieran algunos ingresos para sobrevivir.
Algunos transportistas han optado por cambiar de ruta para llegar a Carúpano desde Maturín o viceversa. Por ejemplo, usan la vía de Cumanacoa, municipio Montes de Sucre, o manejan desde el estado Anzoátegui. Son trayectos que representan el doble del kilometraje, porque para llegar a Carúpano desde Maturín se recorren 170 kilómetros y desde los otros dos destinos 400 y 450 kilómetros, respectivamente.
De acuerdo con el informe anual del Observatorio Venezolano de Violencia (OVV), al menos 11.891 muertes violentas se registraron en Venezuela durante 2020. De esa cifra, 4.231 ocurrieron con el argumento de “resistencia a la autoridad” a manos de la policía.
Según Monitor de Víctimas, solamente en casos asociados a bandas armadas se registraron 70 muertes por ajuste de cuentas o venganza en Caracas, lo que representa 11,74 % del total de víctimas en 2020. En promedio, fueron asesinados seis caraqueños cada mes bajo este móvil en 2020. Asimismo, se contabilizaron 92 muertes vinculadas con robos. El municipio Libertador fue el más afectado. Allí ocurrieron 64,3 % de los hechos. Las parroquias con mayores registros fueron El Valle, Coche y La Vega.
Por Equipo de Corresponsales El Pitazo
