Yohana Marra @yohanamarra
La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela sostuvo que tanto jueces y fiscales no garantizaron los derechos humanos de opositoras al gobierno. Asimismo, instó al Estado a cooperar con las investigaciones de sus funcionarios, ya que en un año no han dado respuesta a 17 cartas enviadas.
Caracas. La Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela tiene motivos razonables para creer que actores políticos venezolanos, “de alto nivel”, tuvieron influencia significativa en el sistema de justicia.
Este jueves 16 de septiembre, la Misión presentó su segundo informe en el cual destaca que el Estado no ha adoptado medidas tangibles, concretas y progresivas para remediar las violaciones de los derechos humanos. Tampoco para combatir la impunidad y reparar a las víctimas con investigaciones.
Fuentes del Poder Judicial, consultadas durante la investigación, informaron que los jueces de todos los niveles reciben órdenes sobre cómo decidir las sentencias, “a veces procedentes directamente de altas esferas del gobierno y canalizadas a través de la presidencia del Tribunal Supremo de Justicia”.
Y los jueces que no cedieron a las presiones políticas han sido perseguidos, denigrados o intimidados. La Misión citó el caso de la jueza María Lourdes Afiuni, en 2009, que le dio miedo al resto.
“Casi la mitad de los ex jueces, juezas y fiscales entrevistados, junto con muchos de sus familiares, han tenido que abandonar Venezuela temiendo por su seguridad; muchos otros se negaron a hablar con la Misión por temor a represalia”.
Para la investigación se realizaron 177 entrevistas, entre estas a 60 representantes legales de las víctimas y 36 miembros y exmiembros de los órganos judiciales, que incluye a jueces y fiscales.
Por ello determinaron que tanto jueces y fiscales no garantizaron los derechos humanos de opositores al gobierno. Aunque la información oficial es escasa, la Misión asegura que los indicios apuntan a que el número de procesos por delitos relacionados con violaciones de los derechos humanos es bajo.
“Son especialmente prevalentes las irregularidades en casos presentados ante juzgados y tribunales con competencia especializada en materia de terrorismo”, indican.
Organismos de inteligencia con carta blanca para investigar
El informe también reveló que hay casos que involucran a opositores al gobierno, en los que el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Dirección General Contrainteligencia Militar (Dgcim) tienen un papel importante en las investigaciones.
Un exfiscal informó a la Misión que en ocasiones estos organismos tenían carta blanca para llevar a cabo las averiguaciones y el Ministerio Público intervenía cuando era necesario ratificar las decisiones.
“Entre las acciones llevadas a cabo por los organismos de inteligencia se incluyen la vigilancia, la recolección de pruebas, la preparación de informes periciales, el análisis forense, la realización de detenciones, el interrogatorio de los sospechosos, la detención preventiva de las personas acusadas y las declaraciones ante el tribunal”.
El Consejo de Derechos Humanos, en su resolución 45/20, instó a las autoridades venezolanas a cooperar con la Misión y proporcionarle toda la información. Tras dos años de ejercicio, el gobierno no ha permitido que los miembros de la Misión visiten el país ni ha respondido ninguna de las 17 cartas que han enviado entre septiembre de 2020 y septiembre de 2021.
Por su parte, el Comisionado para la Organización de las Naciones Unidas, Miguel Pizarro, dijo en rueda de prensa que el nuevo informe reafirma la violación sistemática de los derechos humanos en Venezuela a pesar de las recomendaciones y denuncias hechas por los organismos internacionales.
“Hoy queda demostrado que la Fiscalía, el Ministerio Público, los tribunales y el Tribunal Supremo de Justicia han negado la reparación, la verdad y la justicia a las víctimas, y el Estado Venezolano no castiga las violaciones de derechos humanos y no está en disposición de hacerlo”.
Ministerio Público rechazó informe de la Misión
Tarek William Saab, fiscal de la República designado por la extinta Asamblea Nacional Constituyente, rechazó el informe de Determinación de los Hechos sobre Venezuela.
“Desde agosto de 2017 en Venezuela tenemos a más de 150 agentes del Estado procesados por violar los derechos humanos”, dijo en rueda de prensa.
Además anunció la creación de la Unidad Especializada de Investigaciones en Materia de DD. HH., que tiene como función principal apoyar a los fiscales de dichas causas para que “desde el punto de vista técnico y criminalístico, evalúen según la circunstancia de casos, a fin de practicar lo necesario para el esclarecimiento de los hechos”.
Estará conformada por cuatro fiscales nacionales y auxiliares en materia de protección de los DD. HH., investigadores, expertos criminalísticos, técnicos profesionales, médicos forenses y médicos patólogos.
