El uso de la «Lógica del Enemigo Interno» se acentúa en Venezuela bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación. Al mismo tiempo, avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y aumenta el uso de normas contra el terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil.
La ONG Centro para los Defensores y la Justicia (CDJ) registró 46 violaciones al derecho a defender derechos humanos en Venezuela durante agosto de 2021, lo que reafirma una tendencia que se agrava y enciende nuevas alarmas nacionales e internacionales.
«El derecho a defender, promover y exigir los derechos permanece bajo ataque. El Estado intensifica las acciones represivas y de control social que afectan la operatividad y seguridad de las personas y organizaciones de derechos humanos», señala el informe mensual de esta reconocida ONG.
«Adicionalmente, la Emergencia Humanitaria Compleja que atraviesa el país se suma a los elementos que consolidan un entorno hostil y adverso para el ejercicio del derecho a defender derechos humanos», agrega sobre la situación de Venezuela, convertida en un caso de ayuda internacional.
«Las medidas represivas y de control social continúan siendo aplicadas como forma de represalia en contra de quienes realizan actividades relacionadas a la reivindicación y protección de derechos», señala.
Discurso del enemigo
El régimen chavista que gobierna Venezuela suele usar lo que la ONG llama «la Lógica del Enemigo Interno» para criminalizar el activismo en defensa de los derechos humanos.
De esta forma, «se acentúa bajo un discurso de odio, descalificación e intimidación, a la par que avanzan las restricciones del espacio cívico y democrático y el uso de normativa relativa al control del terrorismo y la delincuencia organizada para perseguir a la sociedad civil».
«Las campañas de estigmatización se presentan como la principal forma de agresión entre los distintos patrones que conforman la Política de Criminalización en contra de quienes promueven, defienden y exigen derechos humanos en Venezuela», agrega.
Los discursos de odio, los llamados a la violencia y las campañas de descredito y desprestigio en contra de quienes conforman el movimiento de derechos humanos en el país, han sido al sistemático.
En agosto se documentaron 37 nuevos hechos de estigmatización.
«Funcionarios públicos de alto nivel, incluyendo diputados y miembros del Poder Ejecutivo, periodistas afines y comunicadores afiliados al sistema nacional de medios públicos, así como individuos identificados con el chavismo, hicieron uso de distintas plataformas comunicacionales, tanto tradicionales como digitales estadales, así como sus cuentas en redes sociales para atacar, ofender y desacreditar a quienes defienden de derechos humanos en el país».
Labor de riesgo
«Desde el CDJ alertamos que a través de las campañas de estigmatización se sigue profundizando y robusteciendo la política de criminalización en contra de la defensa y exigencia de derechos humanos, haciendo de la defensa de derechos una labor de alto riesgo», dice la ONG al pedir «el cese inmediato de la estigmatización».
«Todo proceso orientado a solventar la crisis socio-política que atraviesa el país debe partir de la perspectiva de los derechos humanos y debe garantizarse que toda persona y organización que promueva, defienda y exija estos derechos lo haga sin temor a represalias o limitaciones arbitrarias», agregan.
Con información de El Estimulo
