Ariadna García @ariadnalimon y Maru Morales P. @morapin
La Confederación General del Trabajo de Colombia apela a que por encima de cualquier interés político se garantice la sostenibilidad de la empresa. Juan Guaidó anunció una reestructuración de la junta directiva. La AN 2016-2021 se ha resistido a debatir sobre las denuncias de hechos irregulares en la empresa. Esta semana la Comisión Delegada pidió a Iván Duque acompañar el proceso de revisión junto con Estados Unidos.
Caracas. La Superintendencia de Sociedades de Colombia sometió a Monómeros Colombo Venezolanos S. A. a la figura de control, luego de que detectara varias irregularidades y situaciones que comprometen la sostenibilidad de la compañía. Entre las prácticas que llevaron a la institución colombiana a tomar esa decisión están problemas de liquidez por dificultades que han provocado las sanciones de Estados Unidos, a pesar de que cuenta con una licencia desde 2019 que le permite operar; incumplimiento en protocolos de transparencia para evitar blanqueo de capitales, o renuncias de trabajadores por haber experimentado acoso.
Desde 2017 la compañía ha enfrentado dificultades para acceder a financiamiento debido a las sanciones de Estados Unidos, situación que no ha sido solventada, a pesar de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) le otorgó una licencia que la exime de la sanciones que pesan sobre el gobierno de Nicolás Maduro y Petróleos de Venezuela. Además, en abril de 2019 Monómeros pasó a ser controlada por la administración del opositor Juan Guaidó, a quien Estados Unidos reconoce como presidente encargado de Venezuela, situación que provocó mayor incertidumbre entre los trabajadores colombianos y las empresas de Barranquilla, donde opera la filial de Pequiven.
El primer vicepresidente de la Confederación General del Trabajo (CGT) de Colombia, Jorge Iván Díez Vélez, dice en entrevista a Crónica.Uno que la situación de Monómeros es un tema “bastante sensible” en la región de Barranquilla, no solo por lo que significa la compañía en Colombia, al abastecer 40 % del mercado de fertilizantes, sino también por las relaciones bilaterales entre los gobiernos de Colombia-Venezuela y la oposición. “Frente a esos dos fenómenos bastante complejos y delicados se genera una gran incertidumbre, la situación de los trabajadores de Monómeros es de mucha incertidumbre, porque está en riesgo la sostenibilidad de Monómeros en Colombia, los puestos de trabajo, la conservación del empleo y la convención colectiva. Frente a este panorama la incertidumbre es la que está rondando en la empresa y en la región de Barranquilla”, dice.
SuperSociedades sometió a control a Monómeros en agosto de este año, al evidenciar que la compañía “atraviesa por una situación crítica económica, derivada de las limitaciones impuestas por el sistema financiero, a raíz de haber estado en la lista de la OFAC y los efectos sobre su flujo de caja”. En la resolución 2021-01-515418 de SuperSociedades se lee que a partir de agosto de de este año el flujo de caja de Monómeros se proyecta negativo. La institución advirtió que la compañía no tendría liquidez para seguir desarrollando su operación normal a partir del 16 de agosto y que podría incumplir con los pagos de sus obligaciones. La deuda con los proveedores en el exterior asciende a $129.649.177.602.
A juicio del representante de la CGT, más allá de la decisión de SuperSociedades hay una disputa de tipo político, que debe manejarse con prudencia y poniendo de primero la sostenibilidad de Monómeros para preservar los empleos que genera y su impacto en el agro colombiano.
“En el transcurrir de estos años ha habido muchas dificultades de tipo administrativo, es muy inestable lo que tiene que ver con los trabajadores, ha habido algunos despidos, en algunas ocasiones incumplimiento con el contrato colectivo; sin embargo, en términos generales, la empresa se ha venido manteniendo de una manera positiva y ha mantenido una política de respeto hacia los trabajadores, pero se han reiterado situaciones de manejo administrativo que tocan aspectos de política”, señala Díez.
La junta directiva ha hecho intentos para aliviar su situación financiera a través de acercamientos con el presidente de Citibank en Colombia, y el encargado de los negocios del sector público para Latinoamérica, pues la respuesta que dan las entidades financieras en Colombia, que actúan como intermediarios del mercado cambiario, es que solo podrán operar en la compraventa de divisas para Monómeros si se tiene el consentimiento de Citibank, pero hasta ahora Citibank se ha mostrado reacio, aparentemente, por considerar que la junta directiva no es la más capacitada para la actividad.
“Este bloqueo financiero puede desestimular el interés de los proveedores de materias primas internacionales, ya que se debe continuar utilizando intermediarios para el pago de sus facturas, lo que lleva a Monómeros a incurrir en costos financieros adicionales, esto sumado a los perjuicios de reputación negativa, causados por los bloqueos de la OFAC”, se lee en el documento levantado por SuperSociedades tras una inspección en la compañía.
Las restricciones que enfrentó Monómeros en 2017 a causa de las sanciones fue hacia productos en moneda extranjera, acceso a cupos de crédito, intermediación de transacciones de pago de importaciones y recaudo de exportaciones. A pesar de que la empresa cuenta con una licencia que la exime de sanciones hasta el 30 de junio de 2022 y que le ha permitido mantener relaciones con la banca nacional colombiana, sigue con trabas para acceder a operaciones de compra y venta de divisas, productos en moneda extranjera, acceso a cupos de crédito, intermediación de transacciones de pago de importaciones y recaudo de exportaciones. “Los servicios mencionados anteriormente los tiene bloqueados”, asegura la empresa.
Lo anterior ha llevado a que Monómeros no tenga acceso a compra y venta de divisas con ninguna entidad financiera, para la compra de suministros, que en un 85 % corresponden a empresas del exterior, por lo tanto, continúa con sobrecostos en las transacciones de pago a los proveedores de materias primas a través de factoring, los cuales superan $1,5 millones al año. Al no poder negociar directamente con algunos productores, la empresa está obligada a comprar materias primas a través de traders, con el sobrecosto correspondiente, situaciones que han agravado su estado financiero.
La Confederación General del Trabajo de Colombia apela a que cualquier decisión que tomen los involucrados en el proceso tenga presentes a las miles de familias y centenares de trabajadores que dependen de la generación de empleo de Monómeros y de los insumos agrícolas que esta produce.
No es una decisión sencilla, por eso llamamos a que haya mucha prudencia en el manejo de la situación y, sobre todo, en garantizar el empleo de los trabajadores”, dice el vicepresidente del gremio.
A juicio de Díez, todo lo que en este momento se haga con Monómeros de Venezuela genera incertidumbre en ambos países. “Uno podría decir que la medida de SuperSociedades puede favorecer en el entendido de que se pueda ejercer un control parcial o muy limitado, debido a la coyuntura que existe, pero esto va más allá de cualquier medida, por eso hemos hecho el llamado de que por encima de cualquier interés político, lo que se debe garantizar es la sostenibilidad de la empresa, de los empleos y todos los acuerdos convencionales que se tienen al interior de la compañía, así los trabajadores tendrán una garantía de que la empresa sobreviva en el tiempo y de que las coyunturas políticas se vayan atemperando”, indica.
Monómeros tiene en nómina a 555 empleados, pero en total genera unos 1500 empleos indirectos. La compañía enfrenta demandas laborales en la actualidad que llegan a 218, sobre esto la Superintendencia dijo: “El gran volumen de demandas de naturaleza laboral constituye un aspecto de relevancia que amerita una supervisión mayor, en la que por parte de la Sociedad se presenten los respectivos planes y programas de mejoramiento, tanto respecto del número de demandas laborales, como de los posibles efectos que pudieran tener las contingencias, en el evento en que los respectivos fallos resultaran desfavorables para la empresa”.
La CTG apunta que los empleados de Monómeros tienen buena calidad de vida dado los ingresos que perciben allí, debido a que, además de los salarios de ley, el sindicato tiene suscrita una convención colectiva con la empresa que tiene beneficios supralegales, que son un soporte importante: “Por eso es muy importante que esta empresa se estabilice, no solo por la situación actual, sino para que los trabajadores tengan certidumbre en el futuro”.
La empresa ha incumplido algunas de las obligaciones que guardan relación con el Sistema de Autogestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (Sagrlaft), por lo que la Superintendencia decidió que en unos meses reciba una visita para supervisar la implementación del Sagrlaft. Adicionalmente, “de manera preliminar”, se evidenció que la sociedad tampoco ha seguido las instrucciones relacionadas con la adopción del Programa de Transparencia y Ética Empresarial (PEE).
Otra de las irregularidades detectadas fue que la totalidad de las actas de la Junta Directiva de 2021, carecía de las firmas de quienes actuaron en cada una como presidente y secretario. Solo después de la inspección de la Superintendencia fue que Monómeros procedió a legalizar la totalidad de las actas, afirma la institución.
Récord de escándalos
Desde abril de 2019, cuando Guaidó tomó el control de Monómeros, ha habido al menos tres escándalos asociados a la conducción de dicha compañía.
El primero ocurrió a finales de ese mismo año 2019, cuando entre noviembre y diciembre el exembajador de Guaidó en Colombia, Humberto Calderón Berti, denunció ante los medios de comunicación la inaceptable injerencia político partidista del G4 en el funcionamiento y operaciones de Monómeros.
El segundo se produjo en junio de este año 2021, cuando tras una denuncia de los trabajadores de Monómeros se supo que la gerencia había firmado un contrato con una empresa panameña (LionStreet Corp S.A.) y cedía el 60 % de sus ganancias a este socio.
Y el tercero se desató apenas la semana pasada, el 6 de septiembre, cuando la Superintendencia de Sociedades de Colombia anunció la nueva medida de control sobre la compañía, vinculada en parte, pero no en todo, a la denuncia sobre LionStreet. Esta medida llevó a un enfrentamiento entre la junta directiva y la presidenta de la compañía, Carmen Elisa Hernández, quien terminó renunciando el día 13 de septiembre.
En todo este tiempo, ni el gobierno encargado ni la Comisión Delegada ni el Parlamento 2016-2021 han iniciado una averiguación oficial sobre lo que ocurre en la empresa y las denuncias. Incluso, el tema Monómeros solo ha sido llevado a plenaria para la designación de los directivos y al momento de las rendiciones de cuentas en julio de 2020 y en julio de 2021.
Hasta este martes, cuando la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional acordó enviarle al presidente de Colombia, Iván Duque, una comunicación en la que se oponen a la medida de control sobre la empresa y le piden su apoyo para evitar que esta sea tomada por terceros en medio de la crisis. Más adelante volveremos sobre el contenido de esta carta.
Como Poncio Pilatos
El presidente de la Comisión de Contraloría de la Comisión Delegada, Macario González (VP), confirmó este lunes a Crónica.Uno que esa instancia prevé invitar a Julio Borges, así como al diputado José Luis Pirela, de la Fracción 16 de Julio, para que expongan sus denuncias y propuestas sobre Monómeros y a partir de allí determinar si se abre una investigación o se cita a los directivos de la empresa.
“Estamos invitando a Borges para que informe su opinión sobre el caso y explique sobre las irregularidades que él dice haber detectado ahí. Habíamos invitado al diputado José Luis Pirela, pero él optó por que quiere llevar el tema a una plenaria y no trabajar el asunto en la Comisión. Queremos conocer primero la denuncia de los diputados para luego decidir si hace falta convocar a los directivos de la empresa. Estamos a la expectativa de la reunión con Borges, pero aún no hay fecha”, dijo González.
Crónica.Uno también consultó este lunes al presidente de la Comisión de Energía y Petróleo de la Comisión Delegada, Elías Matta (UNT). Sin embargo, al preguntársele si podía conceder una entrevista para hablar de la situación de la compañía, respondió: “No tengo la información de la situación (de la medida de la Superintendencia). Tengo más de un año que no conozco del tema. No me gustaría opinar de algo que no manejo bien. No hemos recibido información (de Monómeros) desde la pasada presentación de memoria y cuenta del 2020”.
Vale recordar que el pasado 23 de julio, la junta directiva de Pequiven rindió su informe de memoria y cuenta ante la Comisión Delegada. En la presentación se informó en líneas generales sobre la situación de Monómeros. En esa oportunidad, el diputado José Luis Pirela formuló 11 preguntas que la vocera de Monómeros, Diana Bracho, evitó responder y pidió al diputado que las enviara a la junta directiva por escrito.
Tema vetado en la plenaria hasta hoy
Pirela confirmó a Crónica.Uno para esta nota que, tras la denuncia de los trabajadores de Monómeros, el mismo 18 de junio de este año, la fracción que él representa, la 16-J, solicitó formalmente un derecho de palabra en la Delegada para discutir las denuncias sobre corrupción en Monómeros, acordar acciones inmediatas y abrir una investigación que permitiera establecer lo ocurrido.
Ese debate no se ha dado. De hecho, ni la supuesta injerencia partidista en las operaciones ni la denuncia sobre LionStreet ni la medida de control dictada por SuperSociedades Colombia han sido discutidas por la Asamblea Nacional presidida por Juan Guaidó, ni en plenaria ni en la Delegada. Hasta hoy.
“El presidente de la Comisión de Contraloría, Macario González, me contactó hace como tres meses y me planteó acudir a una reunión de la Comisión. Yo le dije que desde la 16-J estábamos solicitando un debate en la Delegada, pero que no tenía problema alguno en asistir también y cooperar con la Comisión. Sin embargo, no formalizaron la invitación”, dijo Pirela.
Insistió en que la resolución de SuperSociedades dice cosas “muy delicadas”, como, por ejemplo, que “varias de las actas que deberían estar asentadas y firmadas en los libros de actas, no están asentadas o no están firmadas o ninguna de las anteriores”.
SuperSociedades también le mete el ojo al contrato con la empresa panameña y en su resolución dice que se propone “verificar si el contrato celebrado con la sociedad LionStreet Ventures Corp, S.A. se ajusta a las disposiciones estatutarias pertinentes”.
“Desde la fracción 16-J hemos pedido dos veces este año un debate sobre el tema para lograr que se cree una comisión plural, no parcializada, que investigue a fondo lo que ocurre allí. No nos han respondido. El día de la memoria y cuenta presentamos 11 preguntas muy concretas y la funcionaria de Monómeros no respondió. Remitimos esas preguntas a la directiva y tampoco nos han respondido”, reclamó Pirela.
Guaidó anuncia reestructuración y auditoría
Esta semana, el parlamentario por el estado Zulia José Luis Pirela colgó un video en sus redes sociales en el que interpela al G4 sobre la falta de transparencia en las operaciones de la directiva de Monómeros y a Julio Borges sobre su propuesta de crear un fideicomiso.
“Ninguno de los que está en la directiva califica para quedarse. Julio Borges primero debe asumir un rol autocrítico, porque la directiva es expresión de decisiones políticas del interinato y del G4 del cual él forma parte. No vamos a avalar ningún fideicomiso corrupto, como tampoco prácticas confiscatorias de nadie. Monómeros es un activo de la nación venezolana, no es de Maduro ni de Guaidó, es de los venezolanos”, sentenció.
En una rueda de prensa ofrecida este martes a mediodía, Guaidó fue interpelado por cuatro periodistas sobre la medida de control sobre Monómeros, la propuesta de Borges, la renuncia de Carmen Elisa Hernández y las denuncias de corrupción.
Guaidó dijo que Monómeros es y seguirá siendo de los venezolanos, pero que el mecanismo de protección de la empresa debe implementarse de la mano de Colombia; que la propuesta de Borges está en estudio; que iniciará una reestructuración de la directiva y que solicitará una auditoría.
“Estamos buscando figuras que protejan. Monómeros es y va a ser de los venezolanos, en titularidad y administración. Todo va a ser articulado con el Gobierno colombiano. Debe ser reestructurada la junta directiva para poder avanzar en alianza con Colombia para obtener las licencias necesarias. También he solicitado como lo hicimos en 2019, una auditoria externa completa”, señaló.
Pero al ser consultado expresamente si solicitaría una averiguación parlamentaria por las denuncias, se diluyó en una respuesta vaga dejando en evidencia que el tema seguirá vetado al debate en la Delegada:
“Una cosa es control parlamentario, la rendición de cuentas que ya se hizo en julio y eso es muy distinto el tema de partidos con lo cual estoy absolutamente de acuerdo. Una cosa es cogobernanza parlamentaria, control de pesos, rendición de cuentas, transparencia, con lo cual estamos de acuerdo y a favor, por eso decía lo de la segunda auditoría en dos años y medio. Eso es prioritario y por eso la reestructuración de la directiva, el desempeño en alianza con los aliados, la protección del activo”, dijo el presidente de la Delegada.
AD, PJ y UNT piden apoyo a Iván Duque
Sorpresivamente, en la sesión ordinaria de este mismo martes que se realizó luego de la rueda de prensa de Guaidó y a la que este no asistió –y que fue presidida por el vicepresidente Juan Pablo Guanipa– se presentó como un punto adicional para el orden del día una “Comunicación de la Comisión Delegada de la AN fijando posición y soluciones a la situación de la empresa Monómeros S.A.”.
El punto fue incorporado, precisamente, a petición de Juan Pablo Guanipa (PJ), y la carta fue leída y aprobada sin debate por los diputados de AD, PJ y UNT, y quedó constancia en actas de la ausencia de la bancada de VP, por desacuerdo con el contenido de la misma.
La misiva dirigida personalmente al presidente de Colombia, Iván Duque, contiene un largo relato de las disputas y discordias entre la dupla integrada por Carmen Elisa Hernández y el director de Finanzas con el resto de la junta directiva de la empresa.
Luego de describir una trama de supuestas componendas para afectar a la empresa, los diputados venezolanos le piden a Duque la integración de una Mesa de Acompañamiento a la gestión de la empresa en la que participe su gobierno y el de Estados Unidos; que como parte de esa estrategia la banca colombiana y el Fondo Nacional de Garantías reanuden las líneas de crédito a Monómeros, congeladas tras la medida de control de SuperSociedades, y que Duque brinde su apoyo a la solicitud de financiamiento de largo plazo ante organismos multilaterales, entre ellos el Banco Interamericano de Desarrollo.
¿Protección o control?
A comienzos del mes de julio, el comisionado para Relaciones Exteriores, Julio Borges, propuso la creación de un fideicomiso administrado por un organismo multilateral para gestionar los activos en el exterior, entre ellos Monómeros Colombo Venezolanos. Días más tarde, Nicolás Maduro afirmó que llevaría el tema de Monómeros a la mesa de negociación en México para lograr que se le devolviera a su gobierno el control de ese activo. De inmediato, algunos proveedores y socios comerciales de Monómeros en Colombia comenzaron a expresar preocupación y dudas sobre el control de la empresa. Y acto seguido, SuperSociedades anunció la medida de control.
Un analista energético consultado por Crónica.Uno y que pidió no citar su nombre, señaló que si bien la medida de SuperSociedades es similar a la dictada en 2019, en aquella ocasión el mecanismo fue utilizado a favor del gobierno interino para lograr el levantamiento de las sanciones de la OFAC contra las operaciones de la empresa e iniciar el proceso de saneamiento reportado en la memoria y cuenta correspondiente a ese año. Sin embargo, ahora la situación es distinta en términos de la estabilidad de Monómeros, “principalmente, porque a la Asamblea Nacional que preside Guaidó se le vence el período en tres meses y, en paralelo, Nicolás Maduro ha insistido en llevar este tema a la mesa de México”, dijo el analista.
Tal escenario causa incertidumbre no solo en los proveedores y socios comerciales de Monómeros, sino incluso en el propio Gobierno colombiano, pues esta empresa de capital venezolano suministra un 40 % de los fertilizantes del sector agropecuario y cubre cerca de 70 % de la demanda de los sectores de café, papa y palmas en Colombia. Es decir, su salida del mercado o liquidación por parte de Maduro (como lo ha hecho con Refidomsa, Alunasa y otras empresas venezolanas en el exterior) pondría en riesgo la seguridad alimentaria de ese país.
Tomado de Cronica Uno
