Por Mariana Sofía Garcia @sofiggarcia
Bachelet confió en que el diálogo político en curso en México entre el oficialismo y la oposición venezolana pueda “conducir soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.
Caracas. Los bajos niveles de ingresos, ahorros y pensiones de los empleados públicos en Venezuela, en especial los trabajadores del sector salud y educación, pusieron en alerta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet. Sin embargo, confía en que el diálogo en México pueda dar condiciones a “soluciones significativas” en el país.
En el 48 período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, este 13 de septiembre, la alta comisionada presentó un informe sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela, el cual tuvo mayor énfasis en el acceso a los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. En este sentido, resaltó los bajos salarios que reciben los trabajadores que dependen de la financiación pública, quienes reciben entre dos y cinco dólares mensuales.
La pérdida de profesionales médicos tuvo un impacto directo en la capacidad del país para responder efectivamente a la pandemia de COVID-19”, dice el informe de Bachelet sobre la migración del personal sanitario a otros países ante la rápida disminución de sus ingresos.
En el informe, detalla que para hacer frente a los desafíos en los últimos años, el gobierno venezolano ha aumentado el gasto social a través de transferencias monetarias directas. “Informes indican que la política salarial no era inclusiva”, dice y resalta que, en ocasiones, se excluía a miembros de sindicatos considerados como “críticos” a la administración de Nicolás Maduro. Igualmente, menciona el aumento del 289 % del salario mínimo, en mayo pasado, que seguía siendo insuficiente frente al precio de la canasta básica y a la inflación.
Sobre las pensiones, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Acnudh) reconoció el número de usuarios activos en el sistema Patria, pero resaltó la reducción de la cobertura de internet y cortes de energía eléctrica que plantearon nuevo desafíos, especialmente en zonas de bajos ingresos y rurales.
El Acnudh siguió recibiendo informes de algunas personas a las que supuestamente se les denegó la asistencia alimentaria por motivos políticos, por criticar al Gobierno. El acceso a las prestaciones sociales no debe estar condicionado a la afiliación política real o percibida”, denunció.
Bachelet resaltó que las protestas para exigir el acceso a servicios básicos adecuados, derechos laborales, vivienda, combustible, servicios de salud adecuados y alimentos. Durante el período que abarca el informe (1° de junio de 2020-30 de junio de 2021), el Acnudh documentó ocho casos de manifestaciones en las cuales hubo violaciones de derechos humanos por parte de las fuerzas de seguridad o los grupos de choque, conocidos como colectivos.
Acceso a la salud y educación
Para la alta comisionada, que la vacunación contra la COVID-19 se limitará al sistema Patria y a la plataforma del Ministerio de Salud, excluye, en gran medida, a quienes no tienen acceso a internet o a teléfonos móviles inteligentes, principalmente aquellos que viven en situación de vulnerabilidad o en zonas rurales y remotas.
Bachelet destacó la cooperación técnica de algunos actores de la sociedad civil y salud en el desarrollo de un plan de vacunación, pese a que este no se difundió públicamente. Además, resaltó que el Gobierno no informó sobre el avance del programa de vacunación con datos sobre beneficiarios, uso de fondos públicos y mercados paralelos de vacunas.
En el caso de los pueblos indígenas, manifestó su preocupación por enfermedades como la malaria, tuberculosis, neumonía, sarampión, VIH y la COVID-19.
Sobre la educación, la alta comisionada resaltó la infraestructura de la educación primaria, secundaria y superior ante la falta de mantenimiento y servicios básicos. Hizo énfasis en la disminución de más del 20 % del presupuesto de las universidades y los repetidos ataques o robos a las instalaciones. Por otra parte, lamentó que, según la sociedad civil, en enero de 2021, más del 50 % de los profesores estaban ausentes o abandonaron sus trabajos.
El Acnudh alienta a las autoridades venezolanas y a las universidades autónomas a que continúen el diálogo para celebrar elecciones libres y justas de las autoridades de las universidades autónomas, y a que garanticen una amplia participación de sus comunidades en estas elecciones y en sus asuntos presupuestarios”.
Información pública y detenciones arbitrarias
El informe de la alta comisionada reitera la falta de información pública y como esto ha afectado directamente la capacidad de la población para la formulación, implementación y fiscalización de políticas públicas. El Acnudh registró 60 solicitudes de información pública relacionadas con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, entre 2020 y 2021, por parte de organizaciones de la sociedad civil. La mayoría de las solicitudes seguían sin respuesta al momento del informe.
Por otra parte, el informe documentó 17 casos de violaciones de derechos humanos, que incluyen cuatro casos de amenazas e intimidación (incluyendo dos mujeres) y 12 casos de detención arbitraria.
Sin embargo, Bachelet confió en que el diálogo político en curso en México entre el oficialismo y la oposición venezolana pueda “conducir soluciones significativas y se traduzca en mayores avances para la protección de los derechos humanos”.
Por su parte, la Cancillería venezolana reafirmó la cooperación con la Oficina que preside Bachelet a través de un comunicado publicado en sus redes sociales en el que insisten en los “efectos devastadores de las medidas coercitivas unilaterales adoptadas por el gobierno de los Estados Unidos”.
“Resulta lamentable que el referido informe reproduzca las fallas metodológicas presentes en documentos previos a la Oficina e incorpore afirmaciones sin fundamento alguno, que no han sido contrastadas con las autoridades del Estado. Venezuela rechaza las falsas aseveraciones del informe sobre presuntas detenciones arbitrarias”, escribieron en el comunicado.
Desde 2018, la alta comisionada sigue la situación de los derechos humanos en Venezuela. Ante el Consejo de Derechos Humanos ha presentado informes y actualizaciones orales. En junio de 2019 visitó Caracas para constatar las violaciones y designó a oficiales de su oficina para que documenten en terreno la situación.
#NOTICIA | Venezuela toma nota del informe publicado por la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que ratifica efecto perverso de las Medidas Coercitivas Unilaterales https://t.co/GbDPeIzVNa
— Cancillería Venezuela
(@CancilleriaVE) September 13, 2021
