El gobierno de Nicolás Maduro creó el Consejo Nacional de Ciberseguridad en medio de la crisis política por el rechazo a los resultados de las pasadas elecciones presidenciales anunciados por el CNE. Expertos respondieron a Crónica Uno una pregunta clave: ¿qué se debe esperar de este organismo?
Crónica Uno
Caracas. En la Gaceta Oficial N° 42.939, del pasado 12 de agosto, se formalizó la creación del Consejo Nacional de Ciberseguridad, un organismo que ve la luz con un particular telón de fondo: el nuevo capítulo de la larga crisis política de Venezuela y las denuncias de supuestos ataques cibernéticos a sitios web del país, entre ellos los ligados el órgano comicial.
El presunto ataque al Consejo Nacional Electoral (CNE), que voceros de partidos políticos y expertos ponen en duda, después de que no se hayan ofrecido pruebas, es precisamente el mayor detonante para la constitución de este nuevo organismo, que nace en medio de una nueva ola represiva y de censura tras el masivo rechazo ciudadano a los resultados de los pasados comicios presidenciales anunciados por el CNE.
Para ciudadanos y expertos, la creación de este ente forma parte de una escalada en los mecanismos de control para restringir la libertad de expresión y controlar la narrativa pública. Esta ha sido una marca de los más de 25 años que lleva el chavismo en el poder.
Desde inicios de los gobiernos de Hugo Chávez y Nicolás Maduro, la prensa había sido el principal objetivo de la censura. En las últimas dos décadas se ha reportado el cierre de más de 400 medios de comunicación, según la ONG Espacio Público.
Esta política restrictiva limita el acceso a información veraz. Así lo alertó la ONG el 3 de mayo pasado, a propósito de la presentación de su informe anual sobre la situación de la libertad de expresión en Venezuela, correspondiente al año 2023.
Estas restricciones han abarcado desde el cierre masivo de periódicos y estaciones de radio, hasta el bloqueo de decenas de medios digitales. La mayoría de estas medidas fueron ejecutadas por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (Conatel), mediante procedimientos administrativos y sancionatorios.
Con este panorama surgen dos preguntas que expertos intentan responder en una conversación con Crónica Uno.
¿Qué se esperaría del Consejo Nacional de Ciberseguridad?
Para el coordinador general de Redes Ayuda, Luis Serrano, este organismo debería tener como función principal la protección de la estructura digital del país. Sobre todo la esencial para su desarrollo económico.
“Además, los sitios web de las instituciones del Estado y los portales que sean necesarios para aspectos estratégicos del país. Esto incluiría al Seniat o el Saime”, apuntó.
Asimismo, indicó que este tipo de entes tienen antecedentes en países como Japón o Estados Unidos. En ambas naciones, organismos similares resguardan la infraestructura que sostiene al gobierno digital y los sitios de las instituciones necesarias para el funcionamiento de la democracia.
Por su parte, el experto Fran Monroy coincide en que este órgano debe tener funciones de protección a la infraestructura. Especialmente debería enfocarse en elaborar manuales que ayuden a prevenir ataques cibernéticos.
Investigar, proteger y crear sistemas de defensa ante ataques, esa debería ser la función. Esto es posible hacerlo, al menos debería haber un procedimiento para detener los ciberataques más comunes”, dijo.
En lo que podría degenerar en el marco de la situación de Venezuela
Pese a que tiene funciones inherentes a su naturaleza, los expertos no desestimaron que en el marco de la actual crisis de Venezuela el organismo sirva para incrementar la censura y la persecución de la disidencia. Esa preocupación es compartida por una parte de la ciudadanía.
A solo días de su creación, en las redes sociales y grupos de WhatsApp comenzó a circular un escrito en el que se pedía “prudencia” a la hora de publicar mensajes. La anécdota es un claro ejemplo del temor que asalta a algunos ciudadanos.
“Aquí no deberías hablar de contenidos, sino de procesos, de procedimientos, ataques, de si hay un proceso anómalo que implique sospechas de un ataque. Allí es donde debería actuar el Consejo Nacional de Ciberseguridad, pero no regular mensajes, para eso ya está el Código Penal”, dijo Monroy.
Pero Serrano señala que las ONG como Redes Ayuda, que defiende los derechos humanos y digitales, han reportado el “enfoque en la persecución de la disidencia y en el control de la información” que exhibe el gobierno de Nicolás Maduro.
En este sentido, apuntó que las preocupaciones de la ciudadanía tras la creación del Consejo son “legítimas”.
“Especialmente porque estamos en un contexto donde tenemos censura y represión”, agregó.
Funciones claras
Ninguno de los las 13 funciones que establece el decreto de creación de Consejo Nacional de Ciberseguridad faculta al ente para el monitoreo de contenidos y redes sociales, aunque sí ordena la activación de “una red de vigilancia durante” las 24 horas que ataje “incidentes telemáticos”.
“Pero esto ya existe”, dijo Monroy, tras indicar que la estatal Cantv tiene un departamento que monitorea constantemente la red.
Con todo, Serrano señala que la Gaceta Oficial “no define cuál es el objeto de esta vigilancia para evitar que se convierta en un monitoreo de contenido o un monitoreo de control de la comunicación entre los ciudadanos”.
“Entonces, lo que no sabemos es si el monitoreo será para resguardar las instituciones o va a ir más allá. Es decir, si va a derivar en censura y por ende violación a los derechos humanos”, añadió.
