De conformidad con el entramado legal vigente en Venezuela, en el presente año 2024 debe celebrarse la elección presidencial. Sólo que tanto la Constitución Nacional como la Ley Orgánica de los Procesos Electorales (LOPE) son, hasta pruebas en contrario, «letra muerta», plasmadas en papel pero no aplicadas y, peor aún, pisoteadas deliberadamente por las instituciones que tienen la obligación de cumplirlas y hacerlas cumplir. Vale decir, la campaña electoral y el acto de sufragio, probablemente se desarrollen sin reglas de juego claras y en situación de precariedad institucional alarmante, para decir lo menos. A pesar de ello, es importante persistir en la estrategia electoral para recuperar la institucionalidad democrática y las libertades.
En este contexto, el régimen intentará que el proceso electoral se desarrolle en condiciones desiguales, procurando favorecer al candidato del oficialismo que aspira la reelección y bloqueando a la candidata presidencial de la oposición que cuenta con el apoyo mayoritario de los venezolanos.
Al régimen se le derrumbó, irremediable e irreversiblemente, la base social de apoyo y su piso político está severamente afectado por el fracaso del gobierno, lo cual le ha reducido su capacidad para dar un debate político convincente. En efecto, el llamado polo patriótico se esfumó y, el PSUV, huérfano de ideas y proyectos, devino en un instrumento de control social e intimidación, más que en un partido político.
El gobierno de Maduro luce atrapado entre su inocultable objetivo de eternizarse en el poder por las buenas o por las malas y la urgente necesidad que tiene de legitimarse al interior del país y ante la comunidad internacional; contradicción que luce imposible de superar, por tener que decidir entre participar y promover unas elecciones en condiciones competitivas o, por el contrario, bloquear el proceso para aferrarse al poder y continuar deslegitimándose aún más.
En qué consiste el bloqueo al que hacemos referencia? La respuesta es obvia: impedir inconstitucional e ilegalmente la participación de María Corina Machado (MCM) como candidata de la oposición, violando flagrantemente el derecho político y constitucional a elegir y ser elegida; impidiendo que más de 5 millones de venezolanos con derecho al voto se inscriban en el Registro Electoral Permanente (REP), violando lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 293 de la CRBV y en el artículo 33 de la LOPE; ejerciendo una férrea censura y presión sobre los medios de comunicación social para acallar la libertad de expresión y de prensa; persiguiendo y encarcelando a periodistas, activistas defensores de los derechos humanos y a dirigentes políticos; a través de la desinformación vía medios de comunicación social controlados por el Estado; y, promoviendo candidatos de «bolsillo» para simular unas elecciones plurales.
La oposición, por otra parte, una vez celebrada la exitosa elección primaria del 22 de octubre del 2023, se encuentra centrada en la estrategia de desbloquear la candidatura de MCM a través de la movilización social, la diplomacia, denuncias a la violación de los Acuerdos de Barbados, la organización y articulación de la gigantesca base social que apoya a la candidata Machado y persistiendo en la continuidad del accidentado proceso de negociación; tal vez, con carencias en la estrategia comunicacional y en la política de alianzas.
Aunque existe una altísima probabilidad de «torcerle el brazo» al régimen y obligarlo a desbloquear el proceso electoral y la candidatura de María Corina Machado (que es, por cierto, la tarea política fundamental que demanda la actual coyuntura), también existe la probabilidad (no estamos en democracia) de que a “trote y moche” y pagando un alto precio, el régimen decida bloquear la posibilidad de elecciones competitivas y la candidatura de MCM. En ese caso, llegado el momento, la candidata, previa consulta y acuerdo con la sociedad civil, los actores políticos que la acompañan y potenciales aliados nacionales e internacionales, anunciará lo que corresponda; pero en la actual coyuntura política, lo que procede es luchar inteligentemente para hacer respetar los principios democráticos y para desbloquear la candidatura de Machado. Cualquiera otra iniciativa pública en este momento será percibida como una claudicación, independientemente de las buenas intenciones de quienes la motiven y promuevan.
Lcdo. Celestino Aponte
Ciudad Guayana, 25 de febrero de 2024.
