Advierte que Venezuela tiene «una oportunidad de oro» para reclamar el territorio, para que no exploten más los recursos naturales de la zona, que en las últimas semanas Guyana ha aprobado a ocho empresas petroleras internacionales en territorio marítimo en disputa
«El referendo sobre el Esequibo es una consulta muy mal planteada en los términos que ha sido redactada (…), con preguntas que, inexplicablemente, no tienen corrección alguna por parte del Tribunal Supremo de Justicia», denunció Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, a Radio Fe y Alegría este 7 de noviembre.
Considera que, dentro de todas las preguntas que violan la Constitución venezolana, la número tres del referendo por el Esequibo induce a señalar que Venezuela (o el Estado) no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
«Cosa que es falsa, porque el gobierno venezolano asistió a dos audiencias en la Corte Internacional de Justicia, audiencia en la que no fue bien preparado ni con una estrategia jurídica clara», dijo.
La pregunta tres del referendo por el Esequibo plantea a la población venezolana lo siguiente: «¿Está usted de acuerdo con la posición histórica de Venezuela de no reconocer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia para resolver la controversia territorial sobre la Guayana Esequiba?»
San Miguel aclaró que el propio Acuerdo de Ginebra firmado en 1966 establece que tanto Guyana como Venezuela se acogen a los previsto en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que, para toda controversia, se buscará solución a través de diálogo, la negociación y la intervención de los entes internacionales de justicia, como la CIJ.
«Esta pregunta número 3 solo lleva la intención de que el gobierno abandone la querella de la Corte Penal de Justicia, lo cual sería gravísimo para el país», agregó la abogada. «Yo creo que el referéndum está diseñado para arroparse de la voluntad de los venezolanos para abandonar, finalmente, la Corte Penal de Justicia».
¿Qué pasa si Venezuela abandona la CIJ?
San Miguel, que también es activista por los derechos humanos, señaló que Venezuela quedaría indefensa si el gobierno se priva de presentar los alegatos históricos, los documentos que demuestran que el territorio Esequibo pertenece a Venezuela, de presentar pruebas y de poder interactuar durante el tiempo que dura el juicio, que sería entre tres a cuatro años.
«Después de que Venezuela no haya presentado pruebas, no haya ido a las audiencias, no haya argumentado sus alegatos en los juicios sobre el territorio del Esequibo, se va a producir una sentencia y allí viene lo más grave: aún desconociendo nosotros o el gobierno la jurisdicción de la Corte, será obligatorio para los venezolanos. Es un error histórico y monumental abandonar el espacio de la CIJ», advirtió.
Aclaró que la sentencia no resuelve la delimitación marítima, «porque esta sentencia dirime el punto de determinar si el Laudo Arbitral de 1899 es válido o es nulo».
«Supongamos que diga que es válido: solo se va a referir a la delimitación territorial. Quedará pendiente la delimitación marítima, con la cual muy probablemente Guyana revertirá la situación de presentar el tema de la delimitación marítima en la CIJ», indicó.
Debilidades y petróleo
San Miguel aseguró que Guyana percibió todas las debilidades del Estado venezolano y, al descubrir los primeros hallazgos petroleros en las áreas de disputa, decidió acudir al Secretario General de la ONU para elevar el caso a la instancia internacional.
Consideró que el secretario de la ONU no ha hecho alguna acción indebida referente al caso, sino que todo «estaba dentro de las posibilidades».
«Se activaron las audiencias donde Venezuela ha ido mal preparada y con una estrategia errada, hasta el punto de encontrarnos hoy convocando a los venezolanos para buscar el respaldo y abandonar algo que ya parece decidido por el gobierno, que es el caso ante la Corte Penal y que tiene un costo alto para la nación», sentenció la presidenta de Control Ciudadano.
Para el próximo 14 de noviembre se realizará una audiencia solicitada por Guyana ante la CIJ por considerar que el referéndum sobre el Esequibo convocado por Venezuela puede agravar el conflicto. Para San Miguel, este escenario puede ser una oportunidad «para que Venezuela se presente y pida las medidas provisionales para detener la exploración y la explotación de los recursos naturales en la zona en disputa y en la proyección marítima de la misma».
A su juicio, es justamente lo que debe hacer Venezuela y lo que pudo haber hecho desde el año 2020 para evitar llegar en el punto actual, en el que prácticamente todas las áreas jurisdiccionales por delimitar en las costas marítimas entre Guyana y Venezuela han sido entregadas a empresas transnacionales petroleras.
Cambio de métodos por el Esequibo
En 1966 se estableció el Acuerdo de Ginebra, donde se acordó encontrar medios amistosos para determinar los límites, según lo establecido en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. La abogada Rocío San Miguel precisó que se pudo mantener desde el año 1966 hasta el año 1982 con un protocolo de Puerto España suscrito en el año 1970.
Pero, para el año 1987, Guyana y Venezuela deciden cambiar de métodos y pasar del método de diálogo a designar a un buen oficiante para tratar de encontrar una solución.
«Pero ocurre que a los venezolanos nos dan una Constitución en 1999 que además define muy bien todo el tema territorial, y durante todo este tiempo, realizamos actividades que resguardaron de alguna manera nuestros derechos en las áreas jurisdicciones marítimas», indicó.
A mediados del 2004, la situación cambió. De acuerdo a San Miguel, lamentablemente cambia la política de la nación frente al Esequibo «permitiendo la construcción de infraestructura y explotación de recursos naturales por parte del entonces presidente Hugo Chávez».
San Miguel advierte que Venezuela tiene «una oportunidad de oro» para reclamar el territorio y para que no exploten más los recursos naturales de la zona. En las últimas semanas, Guyana ha aprobado a ocho empresas petroleras internacionales en territorio marítimo en disputa. «Debe pedir que baje el conflicto, debe estar presente. Sería un error histórico de no ser así», concluyó.
*Con información de Radio Fe y Alegría Noticias
