Después de las intervenciones policiales y militares realizadas en las cárceles de Tocorón, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) cuestiona la falta de transparencia y la carencia de información por parte de las autoridades
Cuatro centros penitenciarios en el país fueron intervenidos por el Estado desde el 20 de septiembre hasta el 30 de octubre. A través de operativos militares y policiales se clausuraron las cárceles de Tocorón (Aragua), Tocuyito (Carabobo), Puente Ayala (Anzoátegui) y La Pica (Monagas). Los despliegues fueron calificados como «exitosos» por parte del ministro de Interior, Justicia y Paz, Remigio Ceballos, quien todavía debe respuestas a las preguntas que han surgido tras los operativos.
En los balances ofrecidos por Ceballos luego de las tomas de estas cárceles, no se especificaron detalles con respecto al traslado de reclusos a otros recintos que ya presentan altos índices de hacinamiento. Tampoco aclaró si tomarán acciones y determinarán responsabilidades de los pranes que tenían el control en estas prisiones. No especificó cuánto armamento hallaron en el operativo ni en cuánto tiempo esperan restablecer el funcionamiento de las instalaciones carcelarias intervenidas.
De acuerdo con Humberto Prado, director del Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP), las intervenciones realizadas por el gobierno en las cárceles carecen de transparencia, ya que quedan muchas preguntas que no han sido respondidas por los encargados del operativo.
Tras las intervenciones a los recintos carcelarios, surgen interrogantes y dudas sobre los problemas pendientes por resolver. TalCual resume algunas:
- Más hacinamiento: Humberto Prado destaca que ninguna cárcel del país tiene la capacidad de recibir a los presos desalojados de los penales intervenidos. Esto se debe al alto índice de hacinamiento en los centros penitenciarios.
El OVP en el informe de 2022 registró un hacinamiento en riesgo crítico de 164,19% en las cárceles venezolanas. 28 de los 45 centros de reclusión operativos para ese año exceden la capacidad instalada y están sobrepoblados.
Antes de los operativos, los centros de reclusión intervenidos tenían una población que superaba 40% de su capacidad instalada lo que implica un hacinamiento crítico, explica Prado.
«Lo que hacen es subirle el hacinamiento a la cárcel a la que trasladan a los presos. No es que no tengan razón en trasladar para refaccionar, pero no se puede trasladar a toda una población», dice el presidente del OVP quien advierte que después de los operativos el hacinamiento puede alcanzar 300%.
El objetivo de las intervenciones, según Ceballos, es acabar con las mafias y también recuperar los espacios de los penales. Sin embargo, Prado cuestiona el tiempo que va a durar esa «refacción» debido a que en el pasado se han cerrado prisiones bajo esa misma promesa y las obras están paralizadas.
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Actualmente diez cárceles en Venezuela están cerradas: Penitenciaria General de Venezuela, La Planta, el Internado Judicial de San Fernando de Apure, la Cárcel Nacional de Maracaibo, Tocorón, el Internado Judicial Rodeo I, el Centro Penitenciario de los Llanos, Tocuyito, Puente Ayala y La Pica.
- Retardo procesal: Con los traslados de privados de libertad se genera otro problema, advierte Prado, ya que se retrasan los procesos judiciales de los reclusos e incrementa el retardo procesal que ya se encuentra en 70%, según cifras del OVP.
«Los presos que estaban en Tocuyito, que los trasladaron a Barquisimeto y otras cárceles cercanas ¿cómo los van a trasladar para los juicios? ¿Cómo van a hacer los familiares para visitar a sus seres queridos? Resolviendo un problema creas otro», señala el especialista.
- Reubicación de reclusos: Otro de los problemas que surge con las intervenciones, es el sitio al que trasladan los detenidos y la falta de información oportuna. El OVP aseguró que muchos de los familiares de los reclusos exigen a los responsables de los operativos que presenten una lista para saber a qué penal llevan a sus familiares.
De acuerdo con la información publicada por la ministra de Servicios Penitenciarios, Celsa Bautista, el 28 de octubre, la población penitenciaria que estaba recluida en la cárcel de Tocuyito fue reubicada en penales en los estados Carabobo, Lara, Falcón, Guárico, Miranda, Sucre, Anzoátegui y Barinas.
En Puente Ayala, el ministro de Interior y Justicia dijo que trasladaron a 1.511 reclusos de manera temporal a otros centros de detención, sin especificar cuáles. En el caso de La Pica, intervenida el 3 de noviembre, Ceballos informó que la población de 1.496 reclusos fue reubicada al Centro de Formación Hombre Nuevo Nelson Mandela.
- Cifras inciertas: Otra interrogante que surge con respecto a los trasladados de Tocorón es la disparidad en la cifra de la población penitenciaria. «Por qué el penal de una población de unos 5.500 presos pasó a albergar 3.000 reclusos y ahora en esta toma hay unos 1.500 ¿Dónde están esos presos que faltan?», cuestionó el OVP después de la intervención en Tocorón.
- Pranes con paradero desconocido: Los penales intervenidos estaban bajo el control de pranes que ejercían el poder dentro de las cárceles. En Tocorón el pran era Héctor «el Niño» Guerrero, quien además encabezaba la megabanda El Tren de Aragua que, según investigaciones periodísticas y reportes oficiales, tiene presencia en varios países de Latinoamérica. Más de un mes después de la intervención en Tocorón, no se sabe cuál es su paradero.
«El Niño» Guerrero tenía libertad plena al momento de la intervención de Tocorón, según confirmó el propio Ceballos. Sin embargo, el pran se mantuvo dentro de la cárcel para ejercer su control de la población carcelaria a través del cobro de causas, imposición de castigos y adhesión a su estructura delictiva. Lo mismo ocurrió con Néstor Richardi Sequera, el pran de Tocuyito, que tenía pena cumplida desde 2018 y decidió continuar viviendo dentro del penal, donde incluso estableció un estudio de grabación de música.
Aunque el ministro de Interior y Justicia no se pronunció con respecto a Richardi, extraoficialmente se ha dicho que el pran de Tocuyito está detenido en la sede del Sebin, en El Helicoide. En el caso de La Pica, el pran era Pedro Miguel González Mata, conocido como «Pedro El Rapidito» , quien con sus hermanos ejecutaban extorsiones en Monagas y cometían otros delitos, se rindió tras la toma del penal.
El poder que tenían estos pranes en sus respectivas cárceles es responsabilidad del Estado, dice Prado.
Explicó que en lo que respecta al control de las cárceles la responsabilidad recae en la Guardia Nacional, quien tiene el control de seguridad en el acceso a los penales. A su juicio, el hecho de que a las cárceles haya entrado armamento fue por complicidad de este componente armado y, además, destacó la responsabilidad del Ministerio de Servicios Penitenciarios, del Ministerio Público, del sistema judicial y de la Defensoría del Pueblo.
Si bien Ceballos anunció que se iniciaron investigaciones contra directivos y funcionarios de los penales intervenidos, Humberto Prado cuestiona que el gobierno no investigue las administraciones anteriores del Ministerio de Servicios Penitenciarios y del Ministerio de Interior y Justicia que «dejaron que estos pranes tuvieran este poder».
De acuerdo con Humberto Prado, «Tareck El Aissami creó los pranes, Iris Varela los consolidó y Mirelys Contreras los institucionalizó». Actualmente siete pranes continúan ejerciendo el control en otras cárceles del país, según el OVP.
- Negociación y complicidad: El Observatorio Venezolano de Prisiones señala que en los operativos realizados los pranes tuvieron tiempo de irse del lugar con antelación, despedirse en redes sociales –como fue el caso de Richardi– e incluso sacar enseres y ganado de los penales.
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De acuerdo con el OVP, el gobierno implementó la modalidad de negociación con los pranes para intervenir las cárceles. La prueba de eso es que días antes de la intervención en Puente Ayala evacuaron el ganado y sacaron electrodomésticos. El OVP asegura que el pran de este penal, Luis Manuel Yegue Mendoza , alias «Pata e’ Queso», tuvo tiempo de advertir a sus lugartenientes y luceros de la operación.
En La Pica ocurrió una situación similar. El 1 de noviembre, antes de la intervención en la cárcel monaguense, los familiares de los reclusos protestaron en la entrada del penal para exigir que no trasladen a los presos a cárceles lejanas.
Aunque el gobierno no ha hecho referencia a esta presunta negociación con los pranes, el hecho de que se haya realizado evacuación de enseres en días previos evidencia que los reclusos estaban sobreaviso.
El OVP precisa que para que las intervenciones en cárceles sean efectivas deben ser operaciones selectivas, organizadas y sorpresivas, algo que no ocurrió en las últimas intervenciones en los penales.
«La complicidad es tan grande que siempre sale la información de cuándo va a ser la intervención (…) ¿Es importante que sea retomada la autoridad en cada una de las cárceles? Claro que sí. Eso es evidente. Pero la cuestión es que los pranes han cometido tantos delitos que tú no ves la parte sorpresiva de que (en los balances) presenten las armas incautadas y la banda que tenía azotada el penal (…) La falta de transparencia es lo que hace ruido en todo esto», afirma Prado.
- ¿Dónde están los fallecidos? El Observatorio Venezolano de Prisiones informó que durante las intervenciones en Tocorón y Tocuyito hubo presos que fallecieron, según información suministrada por los familiares. Remigio Ceballos y Celsa Bautista no han detallado una cifra de reclusos heridos o fallecidos en las intervenciones realizadas y aseguran que en todo el proceso se «respetaron» los derechos humanos.
De acuerdo con la ONG, se presume que durante la intervención en Tocorón murieron 11 reclusos, de los cuales se desconoce su identidad y el gobierno no ha hecho referencia pública a estos casos. Los familiares de los fallecidos informaron al OVP que los reclusos muertos los sacaron del penal sin avisarle a sus seres queridos.
En la intervención de Tocuyito, el 25 de octubre, fallecieron, aparentemente, cinco personas privadas de libertad. Los cadáveres ingresaron a la Morgue de Bello Monte, en Caracas, sin identificación y sin avisar a los familiares, según la información dada por el OVP.
En este sentido, la organización puntualiza que los cuerpos tampoco fueron levantados por una comisión de Homicidios del Cicpc en el estado Carabobo o de Caracas, como corresponde por ley.
Humberto Prado critica que los asuntos penitenciarios sean abordados de manera militar. «El problema penitenciario no es militar ni policial, es un problema social que debe ser tratado por penitenciaristas».
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