Junto a una foto de su predecesor, el difunto Hugo Chávez, el dictador del régimen de Venezuela, Nicolás Maduro, da su discurso anual a la nación ante miembros de la Asamblea Constituyente en los terrenos de la Asamblea Nacional en Caracas, Venezuela, el martes 14 de enero de 2020.AP/Matias Delacroix/Archivo
Para lograrlo, durante 20 años los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras paralelas que garantizan el avance de ese proyecto «bolivariano»
CARACAS/ESPECIAL. – Durante los últimos 20 años la llamada ‘Revolución Bolivariana’ se ha afianzado sobre una institucionalidad cambiante. La estrategia básica, primero de Hugo Chávez y después de Nicolás Maduro, se ha centrado en modificar el accionar y los fundamentos de las instituciones para garantizar el sostenimiento electoral del proyecto político, fortalecimiento del clientelismo y consolidar el control social.
A su llegada al poder ‘la Revolución Bolivariana’ se marcó como objetivo modificar el sistema político-electoral del país a través de la coexistencia de nuevas instituciones y la eliminación lenta, pero sostenida, de las estructuras políticos, jurídicas y económicas de la democracia venezolana.
Para lograr este objetivo durante 20 años los gobiernos de Chávez y ahora el régimen de Maduro se han enfocado en el diseño de estructuras institucionales paralelas destinadas a servir como plataforma operativa para la ejecución de políticas consideradas fundamentales para el avance y sostenimiento del proyecto identificado como Revolución, otorgándole al aparato gobernante discrecionalidad absoluta para impartir justicia, organizar elecciones o administrar recursos.
El Estado paralelo
Laura Loza, directora de la ONG Acceso a la Justicia sostiene que, al menos, desde 2019 se consolidó en Venezuela “un Estado de hecho, no solo por no existir Estado de derecho, ni institucionalidad alguna; sino porque no existe poder público alguno, elegido o nombrado según lo que indica la Constitución».
En el informe de la organización sobre El estado de la justicia y del Estado de Derecho en Venezuela se recuerda que para el año 2022 el Índice de Estado de Derecho, elaborado por la organización World Justice Project (WJP), destaca que Venezuela repite el último lugar por octavo año consecutivo de entre los 140 países evaluados.
Una calificación similar a la que recibe Venezuela, la obtienen países no democráticos como Camboya, Afganistán y la República Democrática del Congo.
Los datos de WJP coinciden con los de otras organizaciones, como, por ejemplo, el Índice de Percepción de Corrupción de Transparencia Internacional, que ubicó a Venezuela en el lugar 177 entre 180 países evaluados.
Según el análisis de los integrantes de Acceso a la Justicia “no sobra insistir en que desde 1999 la institucionalidad democrática en Venezuela fue transformándose progresivamente hasta que la disposición gubernamental de instalar un Estado paralelo se intensificaría en el año 2010 luego del fracaso del proyecto de reforma constitucional de 2007, que buscaba crear un orden jurídico conveniente a su ideología, concretamente instaurar el denominado Estado comunal, lo cual sería materializado con posterioridad a través de las llamadas “leyes del Poder Popular” que introdujeron los consejos comunales, lo que el expresidente Hugo Chávez llamó “la nueva concepción del federalismo (…) También conviene agregar el rol impulsor del régimen venezolano dirigido por Nicolás Maduro Moros para consolidar un Estado paralelo y, en consecuencia, erosionar y desmantelar el Estado constitucional de derecho contemplado en la Constitución.
Deterioro paulatino de la institucionalidad
Por otra parte, debe recordarse que en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicado en junio de 2022, Venezuela vuelve a aparecer en el capítulo dedicado a los países no democráticos, sin justicia y que viola sistemáticamente los derechos humanos.
Desde hace varios años, la CIDH ha venido observando un paulatino deterioro en la institucionalidad democrática y la situación de derechos humanos en Venezuela que se ha profundizado e intensificado significativamente a partir del 2015.
Según el análisis de la CIDH “se trata de una problemática compleja que tiene sus raíces en la injerencia del Poder Ejecutivo en los otros poderes públicos. Esta inobservancia del principio de separación de poderes se refleja de manera particularmente grave en la preocupante actuación del Poder Judicial, en especial en los dos últimos años. En efecto, el agravamiento de la crisis reciente en Venezuela se relaciona estrechamente con una serie de decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que representaron injerencias en la Asamblea Nacional (AN) y afectaron el principio de separación de poderes.
Se perdieron las referencias
En una reciente entrevista con Prodavinci la economista Claudia Curiel sostuvo que “que las instituciones que le daban noción de Estado a la república, y que probablemente poblaban el imaginario de los venezolanos, son instituciones que se han ido desdibujando para dar lugar a otras. Tienes un Estado inmenso, no solamente por temas fiscales y probablemente a ciudadanos que sienten orfandad, en lo económico terminas sin tener reglas para ir hacia adelante”.
Para Curiel es necesario “discutir cuál es la institucionalidad que Venezuela quiere. Y cuando digo institucionalidad lo digo en su sentido más amplio. ¿Por qué? Porque vamos a hablar de las reglas formales, de los incentivos, que de hecho van haciendo el día a día en lo económico y lo social. ¿Qué ocurre? (…) El reconocimiento de que el Estado está hipertrofiado, que es inmensamente grande, y tiene además una clara vocación de ocupar espacios, con una concepción donde lo público tiene que estar en todos los espacios posibles, marcan las decisiones que se toman y que se llevan a cabo. Esto está ampliamente documentado tanto en los lineamientos generales como en el plan de la patria. No solamente es el número de empresas en manos del Estado, ni en cuántos ámbitos rige”.
Por su parte, Beatriz Borges, directora de la ONG Cepaz, sostiene que la institucionalidad en Venezuela es un instrumento para perseguir a las organizaciones de la sociedad civil.
Durante un foro organizado por la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (Wola por sus siglas en inglés) Borges recordó que desde 2014 “venimos documentando patrones de persecución política en contra de la disidencia y como estos son aplicados, o usados de manera ampliada, contra diferentes sujetos, entre ellos defensores y defensoras, pero también ocurre a periodistas, políticos y líderes estudiantiles»
Estos patrones de persecución se afianzan en la institucionalidad creada por el gobierno venezolano.
Por ejemplo: En el 2006 se dictó la Ley de Defensa de la Soberanía y Autodeterminación Nacional que, aunque no ha sido aplicada, prohíbe el uso de financiamiento internacional a las organizaciones que defienden derechos a la participación ciudadana.
También está el Decreto presidencial de estado de excepción y emergencia económica que en su artículo 2.8 instruye al Ministerio de Relaciones Exteriores a auditar e inspeccionar los convenios de personas naturales o jurídicas con organismos extranjeros, y a suspenderlos en caso de que pueda presumirse su utilización con fines desestabilizadores.
En el 2014 el Parlamento promulgó la Ley de Alistamiento y Registro para la Defensa Integral de la Nación que impone a todas las asociaciones civiles la obligación de registrarse en el órgano militar para cumplir tareas de servicio civil.
En los últimos dos años también se han promulgado legislaciones que profundizaron esta afectación: la creación del Cuerpo Nacional Contra el Terrorismo como órgano desconcentrado, el Plan Nacional Contra el Terrorismo y el Registro Automatizado de Organizaciones No Gubernamentales No Domiciliadas en el país.
Adicionalmente se encuentra la orden de la Superintendencia de Bancos para monitorear todas las operaciones de negocios o financieras llevadas a cabo por las organizaciones sin fines de lucro.
Según Borges, “estas legislaciones han sido el ambiente habilitante donde se ha ido creando un andamiaje jurídico para controlar y fiscalizar a las organizaciones de la sociedad civil.
Cambios para ganar elecciones
Según Acceso a la Justicia “cuando se entra a examinar los procesos electorales a lo largo de los últimos años, se observa cómo estuvieron empañados por numerosas denuncias de manipulaciones de todo tipo. La legalidad no fue obstáculo para lanzar el ataque sistemático contra los derechos políticos, es más, la justicia y el derecho fueron usados de manera instrumental para lograr los objetivos políticos”
Los integrantes de la organización sostienen que entre 2017 y 2022 el gobierno de Maduro “ha implementado una larga lista de mecanismos y estrategias (…) a fin de alcanzar de manera fraudulenta la victoria aplastante del partido gobernante”.
Según los informes de la organización para lograr este objetivo, “el Consejo Nacional Electoral (CNE), dirigido desde tiempos de Chávez por rectores afectos al oficialismo, y un Poder Judicial secuestrado por el Gobierno, fueron elementos clave para ayudar a consolidar el triunfo del chavismo en los comicios realizados en el país entre 2017 y 2021”
Explican que al control del CNE y TSJ “deben añadirse todos los instrumentos usados para coaccionar a los sectores de la oposición (persecución política) y a la propia población (control social), los cuales fueron anulando cada vez más sus derechos y la democracia en Venezuela”.
Exigen compromiso con la reinstitucionalización
Las organizaciones e individuos que integran al llamado Foro Cívico -espacio de encuentro de la sociedad civil venezolana- han exhortado a la comunidad internacional a “desarrollar un liderazgo internacional y regional comprometido con la reinstitucionalización democrática en Venezuela”.
El grupo sostiene que la mesa de diálogo en México es un paso importante hacia la transformación del conflicto en el país y es necesario que se cumpla con los acuerdos logrados. Sin embargo, un proceso de redemocratización de Venezuela requiere de un apoyo internacional comprometido, que abogue por las libertades, el respeto a derechos humanos, la justicia y la restauración de una democracia sustentable, que abarca necesariamente, inclusión y participación plena y efectiva de mujeres, jóvenes y otros grupos excluidos, así como de organizaciones de la sociedad civil, en todos los aspectos de la vida pública, los espacios de toma de decisiones y los procesos de diálogo”.
Si en algo coinciden analistas, economistas, representantes de la sociedad civil y académicos es que el despliegue de la Revolución Bolivariana basado en la institucionalidad paralela ha permitido perseguir propósitos considerados vitales para el proyecto revolucionario. Éstos abarcan desde aspectos socioeconómicos (Misiones, provisión de servicios esenciales), geopolíticos (proliferación de consejos comunales y proyecto de Estado comunal), seguridad y defensa (creación de dispositivos como la Milicia Bolivariana) hasta el uso de la institucionalidad para anular rivales políticos y favorecer el sostenimiento electoral del gobierno venezolano.
@Puzkas/Diario Las Américas
