10 meses han transcurrido desde que los camiones verdes de Fospuca llegaron al municipio Caroní, para ello el alcalde oficialista Tito Oviedo y concejales de la Cámara Municipal prepararon un aparato legal que, en la práctica, acorraló al ya golpeado sector empresarial del municipio
Laura Clisánchez Bellorin| El Estímulo
Ubicado en el estado Bolívar, Caroní es uno de los ocho municipios en los que la compañía privada Fospuca presta su servicio de recolección de basura. Sus 53 camiones verdes llegaron a Ciudad Guayana en noviembre de 2022 con la promesa de que tal contratación pública solucionaría la grave crisis sanitaria de la urbe al recolectar 1.200 toneladas de basura al día.
Los camiones verdes llegaron a la ciudad, pero la población no sabe bajo qué condiciones. La contratación pública del servicio se firmó puertas adentro, lo que hizo a la opinión pública dudar de la transparencia del proceso.
La Alcaldía preparó un aparato legal – aprobado por el Concejo Municipal de Caroní- que permitiese la operatividad de la empresa, garantizase el pago oportuno del servicio y le concediera al alcalde la competencia de imponer tarifas sin consulta previa con concejales.
La población se enteró de las tarifas a imponer por la filtración del Decreto 008/22 promulgado por el alcalde, y el contrato de concesión firmado en octubre de 2022, salió a luz pública ocho meses después de que la empresa comenzó operaciones en el municipio, y trascendió no por las múltiples solicitudes de transparencia de miembros de la sociedad civil, sino por intervención de un tribunal.
Fospuca: el conflicto reina
El conflicto es el común denominador en todos los municipios en los que opera Fospuca como prestadora del servicio de recolección de basura, con la complicidad de sus alcaldes. En Baruta (Distrito Metropolitano de Caracas), los comerciantes se sintieron engañados y burlados cuando su alcalde no respondió a las solicitudes de reajuste de tarifas mientras que usuarios reportaban aumento de tarifa cada tres meses, en El Tigre (Anzoátegui), los empresarios no lograron acuerdos ni siquiera con el nuevo alcalde para conseguir tarifas más accesibles y poder declarar sus impuestos, en Maneiro (Margarita) las elevadas tarifas del servicio y los embargos emprendidos por Fospuca también están a la orden del día, y en Barinas Fospuca cesó operaciones por no lograr acuerdos en las tarifas con el alcalde y el sector comercial.
En esta entrega, El Estímulo hace un recuento de las irregularidades de la contratación pública de Fospuca, compañía presidida por José Simón Elarba, abogado y empresario influyente con buenas relaciones con factores del oficialismo y la oposición.
Elarba además ha sido intermediario en negocios entre compañías de telecomunicaciones en China y Venezuela, a cambio de más de 28 millones de dólares y se define como amigo de políticos y empresarios del PSUV sancionados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, de acuerdo con investigaciones del portal Armando.info.
Aunque el alcalde prometió las tarifas más bajas en comparación con otros municipios del país donde opera Fospuca, Caroní es uno de los municipios con las tarifas más altas según el Decreto Nro. 008/22
La falacia de las tarifas más bajas en pro del saneamiento ambiental
“No fue fácil lograr acordar con la empresa el monto menor en relación a otros municipios del país, que no se enteren mis hermanos alcaldes de otros municipios (…) Estamos muy alejados de la cultura tributaria que deberíamos tener, esa es la verdad y seguramente un comerciante evasor al que no le guste pagar impuestos se va a quejar porque le cobremos el servicio de recolección de desechos”, con esas palabras, el alcalde oficialista Tito Oviedo selló la promesa de que en Caroní establecería las tarifas más bajas en comparación con los otros municipios donde opera Fospuca.
José Simón Elarba hizo coro a las palabras del alcalde y anunció que 83% de los comercios pagarían menos de 50 dólares, mientras que los usuarios residenciales pagarían tarifas entre 0,5 y 8 dólares.
Sería Fospuca – y no la Alcaldía – la encargada de cobrar y facturar el servicio.
De cuánto percibe el fisco mensualmente por el servicio de recolección de basura nada sabe la población, la única certeza es que tal acción transgrede la Ley Orgánica del Poder Público Municipal, que establece que es el fisco municipal el que debe ser el acreedor titular de los pagos derivados del servicio de aseo urbano para que forme parte de su patrimonio, al ser este un concepto con reserva legal tributaria.
En contraste con la propaganda, Caroní es en realidad uno de los municipios con las tarifas de aseo urbano más altas, sobre todo para el sector empresarial. Para llegar a esta conclusión El Estímulo comparó las tarifas del servicio en otros municipios donde opera Fospuca según sus gacetas disponibles en la página web la compañía.
En total, 41.89% de 10.836 empresas censadas – con base en un catastro que tampoco está actualizado – deben pagar de 50 dólares en adelante, y esto de acuerdo con información proporcionada por la compañía.
Mientras vía decreto Oviedo establece una tarifa máxima de 18 petros (1.080 dólares) para Caroní, en municipios como Maneiro (estado Nueva Esparta) el monto máximo es de 8 petros (480 dólares), y en San Diego (Carabobo) es de 7,09 petros (425), por ejemplo. Eso sin incluir los montos adicionales a los locales que excedan los mil metros cuadrados.
Las variables que intervienen en el establecimiento de las tarifas del aseo es una información que el alcalde de Caroní, y el presidente de Fospuca se guardan para sí.
En contraste con las tarifas, los trabajadores de la compañía denuncian incumplimiento de pagos, y precariedad laboral. “Las tarifas del aseo son demasiado altas mientras nuestro sueldo es una miseria, no supera los 20 dólares mensuales, no tenemos los Equipos de Protección Personal (EPP) reglamentario (…) el que no cumpla con lo que ellos dicen le quitan el bono de final de mes ”, denunció un obrero que solicitó mantener su nombre en reserva.
El andamiaje disfrazado de legalidad
La primera pieza del andamiaje que hace posible el funcionamiento de Fospuca en Caroní, es la modificación de la Ordenanza de Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos que, en resumen, contempla la privatización del servicio, elimina el carácter tributario de las tasas del servicio que pasaron a ser tarifas, y los concejales cedieron sus competencias para conferir al alcalde la potestad de establecer los montos sin consultar previamente con la Cámara Municipal de Caroní, integrada por 13 concejales, nueve de ellos oficialistas que integran el Bloque de la Patria.
La modificación violó la reserva legal tributaria contemplada en el artículo 77 de la Ley de Gestión Integral de la Basura (2010), los artículos 316 y 317 de la Constitución Nacional y el artículo 95 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal.
Los cambios en la ordenanza llegaron a finales de octubre de 2022, de la mano de la aprobación por unanimidad del proyecto de sistema mixto de recolección de basura presentado por el alcalde. ¿En qué consistía? En buscar una alianza entre una empresa privada y la municipalidad para establecer un servicio de aseo urbano domiciliario que funcionara ante el fracaso de gestión de la estatal SupraGuayana.
SupraGuayana seguiría atendiendo a los sectores vulnerables mientras que Fospuca atendería al sector empresarial, industrial y algunos domicilios, aunque luego se encargó de la limpieza de espacios públicos y barrido de calles.
Hasta la actualidad no hay acceso público a información que permita precisar el plan operativo, plan de inversión, resumen del presupuesto mensual del servicio, su estructura de costos o análisis de precios unitarios.
Acá la segunda pieza clave del andamiaje: Para asegurarse de que los comercios paguen el servicio, con previa aprobación de la Cámara Municipal, la Alcaldía impuso la Solvencia Única Municipal. Un instrumento legal que permite a la Superintendencia de Administración Tributaria establecer el pago de servicios públicos como requisito para declarar y pagar impuestos municipales.
De manera que quien no pague el aseo urbano, no puede declarar y pagar impuestos o acceder a beneficios fiscales. Por lo tanto se expone a multas y sanciones que le pueden llevar al cierre temporal del local comercial. Los empresarios de Caroní se refirieron a la solvencia como “un traje a la medida” que protege los intereses de la compañía concesionaria en detrimento de los usuarios.
Mientras puertas adentro se engranaba la plataforma legal que sustentaría la operatividad de Fospuca, en junio de 2022 ya se corría el rumor de la privatización del servicio de aseo urbano en el municipio Caroní. En El Tigre, estado Anzoátegui, a 218,1 km de distancia de Ciudad Guayana ya ocurrían reclamos ciudadanos y cierre de comercios a modo de protesta por inconformidad en las tarifas impuestas.
Viendo la experiencia de la ciudad vecina, el sector empresarial de Caroní comenzó a pronunciarse para pedir al alcalde y al Concejo Municipal que, de haber una privatización del servicio, velaran por el establecimiento de tarifas ajustadas a la capacidad contributiva de las empresas y a la generación real de los desechos de cada una de acuerdo con su rama comercial tal como establece el artículo 72 de la Reforma Parcial de la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos (15/11/1990, Gaceta Municipal Nº 142/2022).
“No queremos que suceda lo que sucede con Fospuca en otras ciudades del país”, manifestaban los empresarios a la prensa local en ese momento. Pero sí sucedió.
Finalmente, ese mismo mes la Cámara Municipal de Caroní anunció la aprobación del inicio de la licitación para la contratación de un servicio de aseo urbano en el municipio. Fospuca Caroní se presentó como única empresa ofertante.
Para ese momento, la empresa – esta vez con el nombre de Fospuca Ambiente – ya se encargaba de la adecuación del relleno sanitario de Ciudad Guayana, aunque no fue sino tres meses después que la compañía lo anunció públicamente.
Aunque el lugar no cumple con los parámetros establecidos en la Ley del Manejo Integral de la Basura para llamarse “relleno sanitario”, sino vertedero a cielo abierto, los usuarios deben cancelar entre 40% y 60% de la tarifa del servicio de recolección de basura por concepto de relleno sanitario a través de la factura del servicio eléctrico prestado por la estatal Corpoelec.
Miembros de la sociedad civil salieron a protestar en reiteradas ocasiones bajo la consigna “aseo sí, estafa no” en rechazo a las tarifas impuestas por la Alcaldía
“Aseo sí, estafa no”
Ante la cantidad de irregularidades identificadas en torno a la contratación pública de Fospuca Caroní, a un mes de la llegada de la compañía al municipio miembros de la sociedad civil conformaron la Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano.
Esto, según reportaron, con el propósito de detener el cobro de altas tarifas por el servicio de recolección de basura y adecuación del relleno sanitario a través de estrategias legales y activismo ciudadano.
Desde enero de 2023 hasta la actualidad, con la consigna “aseo sí, estafa no”, la asamblea ha organizado más de tres protestas, e incluso solicitaron a la Superintendencia Nacional para la Defensa para los Derechos Socioeconómicos (Sundde) que, bajo el filtro de la Ley de Precios Justos, investigara los precios y la estructura de costos de Fospuca Caroní.
Más de una denuncia y solicitud de transparencia reposan en la Defensoría del Pueblo, Ministerio Público, Sundde y Alcaldía de Caroní, todas sin respuesta, según reporta la Asamblea de Ciudadanos.
Ante la restricción de acceso a información pública y solicitudes de transparencia desatendidas, a principios de febrero el Colegio de Ingenieros del estado Bolívar en alianza con la asamblea comenzó a buscar respuestas por su cuenta: levantó un estudio en el que determinó que Fospuca Caroní recauda 2,8 millones de dólares al mes mientras sus costos operativos no superan los 400 mil dólares con utilidades incluidas.
El gremio se basó en la estructura de costos de distintos servicios de aseo urbano que llegaron a funcionar en Caroní, y evaluaron las variables: costos de mantenimiento de las compactadoras y demás equipos especializados, nómina para 332 personas, galpón y locales de la empresa, gastos de oficina y utilidades fijadas en el 30%, además de una declaración de inversión de Fospuca Caroní de 15 millones de dólares.
En detalle: Fospuca Caroní declaró que esperaba recaudar entre 700 y 750 mil dólares mensuales divididos entre el sector residencial (20%) y el sector empresarial (80%), con base en esas expectativas de recaudación, el Colegio de Ingenieros calculó que las tarifas impuestas deberían ser de en promedio 0,76 dólares para residencias y 28,97 dólares para empresa. Montos que, al compararlos con los establecidos en el Decreto Nro. 008- 22, suponen un sobreprecio de 1.500% para residencias y de 535% para empresas.
El gremio determinó que Fospuca podría recaudar 2.8 millones de dólares al mes con las tarifas impuestas excluyendo los convenios de pago o rebajas. “La dimensión de la estafa es de 28 millones al año”, sentenciaron los especialistas.
Cálculo – Colegio de Ingenieros on Scribd
La Asamblea de Ciudadanos radicalizó la protesta y a finales de febrero se dirigió directamente a las oficinas de Fospuca Caroní en Puerto Ordaz y a la Defensoría del Pueblo para entregar una carta en la que rechazaban las tarifas, el accionar judicial de Fospuca contra las empresas de Ciudad Guayana que adeudaban el servicio y las acciones del tribunal que declaró inadmisible un amparo constitucional introducido por las empresas para solicitar el desbloqueo del portal fiscal.
Ante la inconformidad de los usuarios, en una entrevista para el medio local Correo del Caroní Elarba manifestó que: “Las tarifas del servicio son el resultado de lo que cuesta mantener limpia la ciudad. Y es una contradicción porque mientras dicen que quieren que la ciudad esté limpia, quieren que desaparezcan las tarifas (…) sigue prevaleciendo la mentalidad de gratuidad en la prestación de los servicios públicos”.
El 7 de marzo, usuarios comerciales y residenciales acudieron a la sede del Ayuntamiento para entregar un documento firmado por más de 10 mil personas en el que exigían la derogación inmediata del decreto 008-2022 sobre las altas tarifas del servicio de aseo urbano. Fue entonces cuando, en apoyo al alcalde Tito Oviedo, militantes del PSUV atacaron a los manifestantes y trabajadores de la prensa frente a la inacción de los funcionarios policiales que custodiaban la sede de la Alcaldía.
“Pensamos que ese contrato está viciado”
A principios de junio, por la intervención de un tribunal, el contrato de concesión firmado entre José Simón Elarba y el alcalde Tito Oviedo trascendió a la luz pública.
Cuando la Asamblea de Ciudadanos lo tuvo en sus manos, se percató de que al documento compuesto por 53 cláusulas le falta información clave:el pliego de condiciones del concurso abierto de la licitación, resolución N° 18-21/2022 sobre la adjudicación del servicio de aseo urbano, Gaceta Municipal N° 183/2022 del 31/10/ 2022, que establece la aprobación en Cámara Municipal del sistema mixto de recolección de basura, documento constitutivo de la empresa Fospuca Caroní, plan operativo de Fospuca Caroní, plan de inversión de Fospuca Caroní, resumen del presupuesto mensual del servicio, estructura de costos del servicio, análisis de precios unitarios, oferta técnica, económica y financiera del concesionario (Fospuca Caroní) en el concurso abierto de la licitación.
“Por eso es que nosotros decimos que no es más que un panfleto en comparación con lo que dice que contiene.Lo hemos revisado y decimos que puede calificarse como nulo porque las cláusulas son imposibles de cumplir si no hay detalles al respecto”,declaró Simón Yegres, miembro del comité organizador de la Asamblea de Ciudadanos.
El alcalde firmó con Fospuca una concesión por 10 años prorrogables por 10 años más. El porcentaje de ganancia que corresponde a la compañía y cuánto recauda el fisco municipal es una información que tanto la autoridad municipal como Elarba, se guardan para sí.
El 9 de junio, tres concejales del Bloque de la Patria integrantes de la Comisión Permanente de Servicios Públicos admitieron que la Ordenanza para la Gestión y Manejo Integral de la Recolección y Tratamiento de Residuos y Desechos Sólidos, que aprobaron el 22 de agosto de 2022 transgrede la normativa nacional y sirvió de base para que el alcalde impusiera unilateralmente el sistema tarifario del aseo urbano.
Argumentaron que aprobaron la reforma confiados en que “constituiría un medio para atender la grave situación de deterioro del servicio en el municipio”, pero declararon que luego en la reforma de la ordenanza fueron introducidos elementos que no fueron discutidos previamente.
“Pensamos que ese contrato está viciado. No vimos el proceso de licitación y se violentó la Ley Pública de Licitaciones. Vemos con preocupación que van más de 700 pequeñas y medianas empresas que tuvieron que bajar su santamaría”, manifestaron en una declaración conjunta para el medio local Correo del Caroní.
Los concejales se adhirieron a una solicitud de investigación penal presentada en mayo por empresarios de Ciudad Guayana, en la que piden al Ministerio Público investigar a las instancias involucradas en la contratación de Fospuca por la presunta comisión de los delitos de acción pública: cobros indebidos e ilegales, cobranza de impuestos y tasas por medios no autorizados, extorsión contra usuarios comerciales y residenciales del municipio Caroní, y obstrucción al libre comercio.
El 30 de junio trascendió que la Fiscalía solicitó al Tribunal Quinto de Control de Puerto Ordaz desestimar la investigación, argumentando que lo presentado por los denunciantes no reviste de carácter penal. El tribunal aún no toma una decisión al respecto.
Sobre eso, la Asamblea de Ciudadanos para la Gestión del Aseo Urbano en Caroní denunció que el Ministerio Público siempre desestimó la solicitud de investigación porque aunque se introdujo en mayo no fue sino hasta el 4 de junio que la Fiscalía le asignó un número de expediente y nueve días después pidió su desestimación.
10 meses transcurrieron y el saldo de la privatización parcial del servicio fue de más de 400 empresas que declararon intención de cierre ante el Registro Mercantil o cerraron definitivamente por incapacidad de pago, según el balance de Fedecámaras Bolívar hasta abril de 2023.
Hasta el momento, Fospuca Caroní ha presentado demandas con solicitudes de embargo (estos últimos no se han ejecutado) contra 12 empresas de Ciudad Guayana por no pagar el servicio al no poder pagar las tarifas o estar en desacuerdo con los montos que califican como elevados y divorciadas de la realidad económica del municipio Caroní.
