Celina Carquez @celinacarquez
Enrique Márquez, quien también preside la Comisión de Participación Política y Financiamiento, afirma que el presidente violó la Constitución, las normas y leyes electorales el pasado 14 de agosto cuando utilizó los medios estatales para promover los candidatos del oficialismo.
Caracas. Al vicepresidente del Consejo Nacional Electoral, Enrique Márquez, las amenazas del primer vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, lo tienen sin cuidado. Ahora apunta hacia el presidente Nicolás Maduro, para que no utilice los recursos del Estado en la campaña oficialista y que toda la red de medios públicos no sean usadas solo para promover las candidaturas de los miembros del PSUV.
“Pido a los rectores que nos anticipemos y atajemos las circunstancias que puedan afectar la justicia y la equidad del proceso electoral”, dice en un documento enviado al resto de los miembros del Poder Electoral al que Crónica.Uno tuvo acceso.
El también presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento explicó que, el pasado 14 de agosto, el presidente de la República, Nicolás Maduro, encabezó un acto llamado “Reunión con las candidatas y candidatos del PSUV”, y la línea entre cuando se hace propaganda o se informan asuntos de índole nacional es bastante difusa.
Ese sábado 14 de agosto, Maduro se comportó de manera ambivalente, siempre según Márquez en su solicitud, porque por un lado hablaba sobre el proceso electoral y luego se refería a asuntos propios de un jefe de Estado, como las negociaciones que se están realizando en México bajo el auspicio del Reino de Noruega y aplaudía el desempeño de los deportistas en los Juegos Olímpicos de Tokio.
“Finalmente, luego de una hora y pocos minutos actuando como jefe de Estado, Maduro dio la palabra a Diosdado Cabello, quien entonces pasó a nombrar a los candidatos de su partido”, aseveró.
En el escrito consignado por Márquez el martes 17 de este mes, enfatizó que “el asunto no es que los representantes del Ejecutivo participen o no en los actos de su partido, lo que sí es inconstitucional e ilegal es que la actividad del Gobierno se ponga al servicio de un partido”.
Documento entregado por el Vicepresidente del CNE by Celina Carquez on Scribd
Afirmó que el gobernante se valió de su condición de presidente para usar los medios públicos y recursos del Estado, para promover las candidaturas de gobernadores y alcaldes de su partido violando la Constitución, la Ley Orgánica de Procesos Electorales (Lopre) y la Ley contra la Corrupción.
“El deber del árbitro es advertir que tales excesos no son de algún modo admisibles, e ignorarlos sería atentar contra el mandato de evitar desequilibrios y ventajismos”, señaló en el documento, al tiempo que agregó que es necesaria la reinstitucionalización del Poder Electoral.
Esta es la segunda vez que el vicepresidente del CNE apunta a los más altos funcionarios del Gobierno. En junio cuestionó el programa de VTV Con el mazo dando. Y luego vino una seguidilla de insultos, amenazas con demandas y descalificaciones por parte de Cabello, al tiempo que el rector suplente incorporado Carlos Quintero refutaba con vehemencia al vicepresidente.
Las leyes violentadas
El ordenamiento legal y electoral fue violentado de manera flagrante el pasado 14 de agosto, pues no se trató de la cobertura de una noticia transmitida por el canal Venezolana de Televisión, sino de la promoción de un acto proselitista.
Maduro se hizo acompañar ese día por altos funcionarios, como la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el primer vicepresidente del PSUV Diosdado Cabello, para hacer anuncios propios del proceso electoral.
El rector del Poder Electoral afirmó que la Constitución prevé en el artículo 145 que los funcionarios públicos “están al servicio del Estado y no de parcialidad alguna”.
Añadió que los rectores del organismo deben velar por que no se utilicen recursos públicos en las campañas electorales, de acuerdo con el artículo 64 de la Lopre.
La Ley contra la Corrupción prevé en su articulado algunas normas sobre procesos electorales. En particular, el artículo 70 de dicho instrumento legal establece penas que oscilan entre uno y tres años de prisión “al funcionario público que, abusando de sus funciones, utilice su cargo para favorecer o perjudicar electoralmente a un candidato, grupo, partido o movimiento político”.
El escrito también pone de relieve que —además de las violaciones ya mencionadas— el gobierno de Maduro transgredió la campaña electoral que, de acuerdo con el organismo, será del 28 de octubre al 18 de octubre.
“Independientemente del resultado de la primera solicitud, pido que se exhorte a los funcionarios púbicos del Estado y regionales; a la red de medios públicos, especialmente a VTV, para que se abstengan de usar los medios públicos en favor o en contra de algún candidato o partido, en el marco previo a la precampaña”, finaliza el documento.
