El monto del desfalco por la trama Pdvsa Cripto supera los 5.550 millones de dólares, de acuerdo a los datos presentados por la Fiscalía ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas. Por este caso de corrupción, informado hace cuatro meses por la Policía Nacional contra la Corrupción, se solicitaron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales faltan por ejecutar 20
La Fiscalía General de la República solicitó el pase a juicio para 22 de los 61 detenidos por corrupción en la trama conocida como Pdvsa Cripto, que involucra a funcionarios de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) en la ejecución de operaciones paralelas a la empresa estatal.
Según el diario de corte oficialista Últimas Noticias, el monto del desfalco supera los 5.550 millones de dólares, de acuerdo a los datos presentados por la Fiscalía ante el Tribunal Especial 2º de Control de Caracas con competencia en Corrupción y Delitos Asociados. Por esto se acusa directamente a 13 empresarios y nueve funcionarios públicos que trabajaron en tres grupos para cometer los presuntos delitos.
La Fiscalía explicó en su escrito que estas 22 personas conformaron una red de corrupción, comandada por funcionarios públicos «que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas, a través de la asignación de cargas de crudo (buques) por parte de Pdvsa a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a particulares, sin ningún tipo de control».
El fruto de las ventas de ese petróleo se desvió a cuentas particulares a través de criptoactivos y negocios ejecutados por 74 sociedades mercantiles.
La Fiscalía identificó al coronel José Antonio Pérez Suárez, ex vicepresidente de Comercio y Suministro de Calidad de Pdvsa como jefe de la red, quién supuestamente mandó a contruir una oficina dentro de las instalaciones de la estatal donde se manejaban las cuentas paralelas.
En este punto participaban Yamil Alejandro Martínez Núñez y Heinrich Chapellín Biundo «manejando información clasificada de Pdvsa sin ser personal adscrito a la nómina, donde además se mantenía restringido el acceso con un sistema de seguridad donde solo podía ingresar estos ciudadanos, manejando además altas sumas de dinero en efectivo y era el espacio donde eran desarrolladas las reuniones con este grupo de operadores financieros».
Entre los implicados también se señaló a Joselit Ramírez (exjefe de la Sunacrip), José Agustín Ramos Chirinos (expresidente de Pdvsa-Puertos), Odoardo José Bordones y Jesús Enrique Salazar Querales, funcionarios adscritos a la vicepresidencia de Comercio y Suministro; además de Rajiv Mosqueda y Renny Barrientos, ambos adscritos a la Sunacrip; al igual que el exdiputado Hugbel Roa, quien actuaba como intermediario entre los empresarios y Pérez Suárez, según Fiscalía.
De lado de los empresarios se pidió enjuiciar a Manuel Meneces, Roger Ramírez, Juan Manuel Alfonso López; los hermanos Rafael y Roger Perdomo, además de su primo Vicente Perdomo; Daniel Prieto; Kristhonfer Vivas; Johana Torres; Alejandro Arroyo, expresidente del equipo Mineros de Guayana; el empresario del ramo construcción Bernardo Arosio; Ximena Parada; Fernando Bermúdez, socio y directivo de Global Foods Trading; Eduardo Noriega; José Luis Fernandiz Laya; Railín Elizabeth Yépez Jaimes; Rodolfo Moleiro; Alejandro Londoño; Olvany Gaspari, esposa del exdiputado Hugbel Roa; Leonardo Enrique Torres y Yuravic del Valle Ravelo.
Por la trama de corrupción Pdvsa Cripto, informada hace cuatro meses por la Policía Nacional contra la Corrupción, se solicitaron 81 órdenes de aprehensión, de las cuales faltan por ejecutar 20.
La Fiscalía también solicitó avanzar en el juicio contra Cristóbal Cornieles, expresidente del Circuito Judicial Penal de Caracas, y José Mascimino Márquez García, exjuez en materia de terrorismo. Ambos son acusados de obtener dádivas por favorecer la liberación dictada a favor de Oswaldo Cheremos, catalogado como socio del Tren del Llano.
