El día de ayer, viernes, 17 de febrero del 2023, se llevó a cabo en Puerto Ordaz una reunión parlamentaria del Estado Bolívar,
Estuvieron presentes diputados nacionales, regionales y municipales del Estado, para fijar posición sobre las tarifas y procedimientos judiciales realizados por la empresa prestadora del servicio de aseo urbano y la Alcaldía del municipio Caroni en contra de comerciantes o empresarios y vecinos de zona residenciales.
Se conformó dicho frente con los parlamentarios:
Luis Aguilar, José Márquez , Dayana Hernández, Rachid Yasbek ,Hector Barrios , María Alvarez, Jose Alfredo Rios , Euler rendon , Cesar castellanos , Eduardo Rodriguez, Aliana Estrada , Eduardo Natera y los ciudadanos Raul viera y Jorge Ruiz.
Se acordaron lo siguientes puntos:
1.- Ratifican la unidad de los legisladores del estado bolívar frente a las agresiones que perturban y trastocan la economía y la paz ciudadana en el municipio Caroní.
2.- Consideramos que existe un estilo extorsivo contra los contribuyentes por parte de la alcaldía de Caroní y la empresa contratada para recolección de servicio d aseo urbano .
3.- Se evidencia por investigaciones realizadas por los parlamentarios de los tres niveles, que tanto el contrato como las tarifas son consecuencias directa de la aprobación del decreto 008-2022 ejecutado por el ciudadano Tito Oviedo en su condición de alcalde, en tal sentido , consideramos pertinente que tanto el contrato de adjudicación como las tarifas aplicadas deben ser suspendidas por que contienen elementos legales y técnicos que lo hacen inviables, para seguirse ejecutando. Los concejales de oposición no aprobaron esas tarifas
4.-Acompañaremos a los vecinos, comerciantes y empresarios en sus justos reclamos, y solicitamos el resarcimiento de los daños causados por la ejecución de medidas judiciales, embargos y multas por parte de la empresa Fospuca y la alcaldía de Caroni.
5.-La actitud extorsiva del alcalde Tito Oviedo contra los contribuyentes, impidiéndole el pago de sus tributos que son necesarios para ejecutar la inversión en obras y servicios a favor de los ciudadanos de este municipio, configura una causa de retraso del desarrollo de la ciudad
6.- El ciudadano es el contralor natural del ejercicio administrativo y legislativo por tal motivo este frente unido acompañará las asambleas y acciones que los ciudadanos han venido realizando para afrontar este atropello.
- Responsabilizamos al ciudadano Tito Oviedo de todo cuanto altere la paz, tranquilidad y progreso del Municipio caroni por éste exabrupto administrativo y jurídico.
Presión popular
Por su parte, el diputado regional Héctor Barrios expresó que la presión popular unida de comerciantes, y usuarios residenciales, debe ser ejercida contra la alcaldía de Caroní.
Los procedimientos legales son inocuos ante los tribunales, por que más vale una cuarta de Juez, que un Km de justicia, y de eso sabe mucho la empresa FOSPUCA.
Para aminorar los costos de Fospuca, se debe, primero. Eliminar el cobro del manejo del vertedero de desechos, del recibo de Corpoelec y regresarlo a sus responsables como son el gobierno regional y el ministerio de Ambiente. Segundo. Cobrar por toneladas de escombros y desechos sólidos recolectadas en cada negocio. Tercero, comprar basura pesada y entregada en el vertedero a todos quienes deseen llevarla al sitio de depósito o vertedero municipal. Cuarto, establecer una tarifa plana muy baja para los sectores populares.
Las tarifas actuales son impagables para el comercio y complejos habitacionales de alta densidad poblacional.
Los comerciantes y vecinos afectados deben solicitar rescisión del contrato a FOSPUCA por parte del municipio mediante actuaciones legales y protestas cívicas de la población.
La voracidad fiscal de la alcaldía, es una presión indebida que obliga al traslado de costos a los productos y servicios por parte de los empresarios que luego, no son reconocidos por los entes recaudadores del estado, como la propia alcaldía, la oficina de control de precios y el Seniat.
No queda otra vía que el accionar cívico de protestas ante las instancias legales existentes.
Las cámaras deben actuar a favor no solo de sus agremiados sino sobre todo a la sociedad donde se desenvuelven.
El CLEB debe solicitar las condiciones de la transferencia del vertedero en Cañaveral u otra parte del municipio por parte de la gobernación y Min. Ambiente para aclarar esa negociación dijo el Dip. del CLEB, Héctor Barrios.
