Foto cortesía @monomerossa — Stand de Monómeros en AgroExpoCaribe 2022
El informe de Contraloría que determinó la responsabilidad política de Guillermo Rodríguez Laprea y Diana Bracho no fue aprobado. El documento será enviado a otra comisión encargada de velar por la integración del Consejo Nacional para la Protección de Activos en el Exterior. Luego de semanas de insistencia, el procurador especial, Enrique Sánchez Falcón, fue recibido por la Delegada para su rendición de memoria y cuenta.
Caracas. 11 de los 18 diputados que integran la Comisión Delegada de la Asamblea Nacional electa en 2015, representantes de los partidos Primero Justicia, Acción Democrática y Un Nuevo Tiempo, evitaron votar el informe final de la Comisión de Contraloría sobre la situación de Monómeros.
En su lugar, los once apoyaron una propuesta de la vicepresidenta de la Comisión de Contraloría, Elimar Díaz (PJ), de remitir dicho informe a la Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Parlamentario del 14 de junio, que será presidida por Juan Guaidó.
El informe de la Comisión de Contraloría, que contó con los siete votos restantes (Guaidó, Proyecto Venezuela y Voluntad Popular), recomienda declarar la responsabilidad política del gerente general de Monómeros y la presidenta de la Junta Ad Hoc de Pequiven por presuntas prácticas y omisiones contrarias a la ética empresarial.
Los diputados que votaron para que el informe no fuera discutido sino remitido a la Comisión Especial fueron:
- Por Primero Justicia: Juan Pablo Guanipa, Carlos Paparoni, José Antonio Mendoza, María Gabriela Hernández, Dinorah Figuera, Fátima Soares.
- Por Un Nuevo Tiempo: Elías Matta, Nora Bracho.
- Por Acción Democrática: Eliecer Sirit, Milagros Sánchez Eulate, Romny Flores.
Mientras que los diputados que votaron para aprobar el informe de Contraloría fueron:
- Juan Guaidó, presidente de la AN 2015
- Carlos Berrizbeitia y Deyalitza Aray, de Proyecto Venezuela.
- Sergio Vergara, Olivia Lozano, Macario González y Sonia Medina, de Voluntad Popular.
Guaidó aprovechó su intervención para referirse a las recientes declaraciones y decisiones en Colombia sobre Monómeros:
“Hoy a pesar de los dimes y diretes, Monómeros sigue protegida. Hay una decisión importante del presidente de Colombia con respecto a esta empresa que requiere un equilibrio bastante complejo que se ha generado por la usurpación de Nicolás Maduro y el reconocimiento del gobierno encargado que hoy dirijo. Por lo cual también debe pasar por ese tamiz la decisión sobre esta empresa que, para nosotros, la prioridad es que siga siendo de los venezolanos, que siga protegida y rindiendo cuentas”.
Las razones de UNT
En el debate previo a la votación intervinieron Ismael García (VP), Elías Bessis (ABP) y Juan Guaidó en su calidad de presidente de la cámara para apoyar el resultado del informe; y Auristela Vásquez (AD), Ángel Caridad (UNT), Elimar Díaz (PJ) para expresar la posición de sus partidos sobre por qué no debía aprobarse.
Ángel Caridad explicó que su partido no había respaldado la aprobación del informe en la comisión de Contraloría porque este “solapa y entra en conflicto” con el informe de la comisión especial nombrada en 2021 y que ya había sido aprobado por la Delegada.
Consideró que la Comisión de Contraloría había asumido competencias de esa Comisión Especial en lo relativo a evaluar el desempeño de los funcionarios al frente de la empresa Monómeros; aunque reglamentariamente esa es una de las competencias de la comisión de Contraloría.
Además dijo que “los informes del embajador Story, la aprobación de la licencia OFAC, el cese de control de Supersociedades (que se conoció el martes de esta semana), y el informe de auditoría externa demuestran la realidad económica de Monómeros”.
Por último, Caridad indicó que “el informe de Contraloría no va a las causas y hechos que configuraron un ataque de grupos económicos colombianos despiadados, vinculados a Alex Saab y al exgerente de Monómeros”.
El viernes 12 instalan comisión
Elimar Díaz, vicepresidente de la Comisión de Contraloría, dijo que Primero Justicia “no torpedea ninguna investigación por corrupción”, pero que ya existe una serie de mandatos de la Comisión Especial de 2021 que no se acataron. Acotó que adicionalmente “el informe de la Comisión de Contraloría no estuvo apegado al reglamento y fue tomado a la ligera”.
Juan Guaidó hizo un recuento de todas las instrucciones que, como presidente encargado, giró a la presidenta de Pequiven ad hoc, y que fueron desatendidas, así como de los mandatos de la comisión especial de 2021 que no se han ejecutado por falta de voluntad y acuerdo entre los partidos del G4.
Guaidó anunció que este viernes a las 8:30 a. m. será la instalación de esta nueva Comisión Especial de Seguimiento al Acuerdo Parlamentario del 14 de junio, que ordenó la creación de un Consejo Nacional para la Protección de Activos en el Exterior, y que él mismo presidirá.
En la sesión ordinaria de este jueves, los diputados se solidarizaron con el diputado Juan Requesens, condenado a ocho años de prisión junto a otros 16 civiles y militares por el supuesto intento de magnicidio de Nicolás Maduro en agosto de 2018. También con la periodista Carla Angola, señalada de incitación al magnicidio por el fiscal general designado en 2017 por la extinta ANC, Tarek William Saab.
Asimismo, los diputados se solidarizaron con los trabajadores venezolanos que en las últimas semanas han mantenido una protesta permanente en las calles de las principales ciudades del país, en rechazo al instructivo de la Onapre que les arrebata beneficios y los priva de pagos a los que tienen derecho según la ley.
El procurador pudo rendir su informe en la Delegada
Al término de la sesión ordinaria, se realizó de inmediato la sesión extraordinaria para que finalmente, luego de más de un mes de haber entregado su informe a la junta directiva, y de haber hecho una presentación pública de su balance de gestión 2021-2022, el procurador especial Enrique Sánchez Falcón, fuera recibido por la Comisión Delegada para rendir su memoria y cuenta.
A lo expuesto hace dos semanas ante los medios, el procurador añadió la recomendación de contratar un escritorio especializado en arbitrajes internacionales para que elabore un protocolo de atención de los arbitrajes, que permita estandarizar la respuesta de la Procuraduría, ya que son muchos arbitrajes y por montos muy elevados.
Reiteró su rechazo a la contratación de una empresa que se encargaría de revisar el trabajo de la Procuraduría Especial, por considerar que “duplica labores”, puesto que en el entramado del gobierno encargado existe la Contraloría Especial y el Consejo de Contraloría. En tal sentido, pidió a los diputados revisar la decisión.
Por otra parte, reiteró su petición de que la Asamblea Nacional decida sobre si es correcto el manejo de la Procuraduría a los juicios y litigios, así como de las estrategias, y en caso de que se decida cambiar de mecanismo para la protección de los activos, sea resultado de un estudio racional.
Recalcó que la república no puede abandonar los juicios si es la demandada: “Solicitar que se abandonen los juicios no tiene racionalidad”. Además, ratificó su petición de que se apruebe un presupuesto integral para litigios, pues al menos tres de las firmas que defienden a la república han anunciado que cesarán sus actividades si no se les paga lo adeudado.
El procurador especial volvió a refutar el argumento de Primero Justicia sobre las licencias de la OFAC: “Decir que la protección de la OFAC es suficiente para resguardar los activos no pasa de ser una consigna. Esa protección impide ejecutar los activos bloqueados y protegidos, quiere decir que el que tenga una sentencia no podrá ejecutarlos, pero ninguna de esas medidas de protección impide las demandas, ni que se desarrollen los juicios”, dijo.
Borges no asistió en protesta por no poder hacer preguntas
Llamó la atención la ausencia del diputado Julio Borges (PJ) en esta sesión extraordinaria. El mes pasado Borges reclamó públicamente, a través de Crónica.Uno, la concurrencia del procurador especial para rendir cuentas. Sin embargo, consultado vía WhatsApp sobre su ausencia de este jueves 11 de agosto, respondió que los diputados de su fracción estaban presentes y él no en protesta por la falta de oportunidad para interactuar con el procurador:
“Primero Justicia va a reclamar que no hay posibilidad de preguntar y repreguntar. Lo vamos a hacer públicamente y formalmente. No debe ser así”, dijo Borges.
Aunque al término de su exposición, el procurador especial cerró diciendo: “Quedo absolutamente abierto a las preguntas que se quieran formular”, no se produjo ningún intercambio. Al contrario, Juan Guaidó tomó la palabra, le agradeció su presencia, exposición y “sacrificio personal al aceptar sus funciones”, dijo que el informe sería remitido a las comisiones permanentes correspondientes (como indica el reglamento) y cerró la sesión.
Hacia el final de la tarde de este jueves, la fracción parlamentaria de Primero Justicia difundió un comunicado en su cuenta de Twitter en el que califican la rendición de cuentas del procurador como “un acto formal apegado parcialmente a la normativa”. Por esa razón, dicen, exigen que “se realice una sesión exclusiva para que los parlamentarios podamos realizar todas las preguntas que permitan esclarecer el manejo de los activos”.
Crónica Uno
