El Día del Trabajador coincide con la reciente instalación, después de 23 años, de una mesa de diálogo con presencia de sindicatos, empresarios y el Estado. En todos estos años, la destrucción del movimiento sindical venezolano fue una política sistemática de los gobiernos de Chávez y Maduro. Dirigentes y trabajadores sindicales tienen el reto de encontrar la ruta hacia la unidad estratégica.
Caracas. En la segunda mitad de 1980, un joven dirigente obrero del astillero de Gdansk, al norte de Polonia, fundó junto con varios compañeros el sindicato clandestino Solidaridad. A sus 37 años, cansado del oprobio comunista y del control estatal sobre la vida de los trabajadores polacos, Lesh Walesa decidió iniciar un movimiento libertario y reivindicativo de los derechos sindicales y humanos que nueve años más tarde lo llevaría a él a la presidencia de la república y a Polonia a la democracia.
Un par de años después, a unos 8700 kilómetros de distancia, un capitán del Ejército venezolano adoctrinado desde muy joven con el ideario marxista comunista ponía los cimientos para recorrer un camino completamente inverso: desde la democracia al autoritarismo apoyado, en parte, en la destrucción del movimiento sindical. También desde la clandestinidad, Hugo Chávez, de 28 años, fundaba el Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, con el que dio un fallido golpe de Estado 10 años después y que lo llevó en 1998 (ya como Movimiento V República) a la presidencia.
El antagonismo entre estos dos dirigentes del siglo 20 luce pertinente al conmemorarse hoy el Día Internacional del Trabajador y a escasas horas de que hubiera concluido la primera reunión de Diálogo Social en Venezuela en 23 años.
Lesh Walesa y Solidaridad se convirtieron en un referente global de lo que puede significar un movimiento sindical fuerte y cohesionado en un país oprimido. Por el contrario, Hugo Chávez, el MVR, el PSUV y, más recientemente, Nicolás Maduro, se han convertido en una referencia de lo que es un Estado antisindical y antiobrero, y han dejado en evidencia cómo la destrucción del movimiento sindical es un factor central en el socavamiento del sistema democrático.
En esa afirmación coinciden, con sus matices, dirigentes como León Arismendi, del Instituto de Altos Estudios Sindicales (Inaesin); Mauro Zambrano, dirigente sindical y coordinador del Monitor Salud; Marcela Máspero, presidenta de la Unión Nacional de Trabajadores; y organizaciones como Provea, Human Rights Watch, el Comité de Familiares y Amigos de los Trabajadores Presos y la ONG Surgente en distintos informes públicos.
Una política sistemática
León Arismendi afirma que desde el momento de su llegada al poder, Hugo Chávez centró parte de su acción política a minar de forma sostenida y sistemática la integridad del movimiento sindical, que si bien tenía serias críticas y señalamientos ya en el año 1998, había sido un pilar fundamental en la consolidación de los derechos laborales en el país.
“Con el triunfo de Chávez, los partidos se vinieron abajo y los sindicatos, que habían nacido con los partidos, lo resintieron. Entrando Chávez al poder, en 1999 se dio un acoso terrible a los sindicatos con el proceso constituyente porque se metió a todos en el mismo saco y el discurso de Chávez era ‘hay que demoler a la CTV’. En 2000 vino el referéndum sindical, que pretendió desbancar a la dirigencia de la CTV en una consulta donde podían participar todos los inscritos en el registro electoral; la abstención fue altísima y eso fracasó. Aún así, para 2001 la CTV convocó una elección interna de su Comité Ejecutivo y el candidato de Chávez (Aristóbulo Istúriz) fue derrotado por Carlos Ortega. Pero el Estado se negó a reconocer el resultado y a la CTV como legítima representante de los trabajadores. Para 2003, Chávez impulsó la creación de una central obrera afín a su persona (Unete) y todo eso fue llevando las relaciones entre sindicatos y gobierno a los niveles de confrontación que vimos todos estos años”, relata.
Arismendi coincide con informes publicados en los últimos años por organizaciones como Provea, Human Rights Watch y Surgente, al señalar que esa confrontación se expresó en paros, huelgas y protestas de un lado, y del otro creación de sindicatos paralelos, despidos, retaliaciones, represión, milicias obreras, elecciones sindicales intervenidas por el Estado y encarcelamiento. Pero, a su juicio, lo que más daño le ha hecho al movimiento sindical es la intervención estatal en las elecciones sindicales.
“El haber puesto las elecciones sindicales en manos del CNE es violatorio del derecho a la autonomía. Desde esas elecciones de 2001 las centrales no han hecho elecciones, ninguna. Las federaciones tampoco. En la tradición del sindicalismo cada cinco años había un congreso donde los sindicatos tenían que hacer elecciones para elegir a los delegados, las federaciones, las confederaciones, todos elegían sus delegados. Antes del 98 la CTV hizo un congreso cada quinquenio; después de 1998 solo ha habido uno, en 2002. La Unete no eligió a su directiva sino que esta fue designada en 2003. La directiva de la Central Bolivariana de Trabajadores es la misma desde 2011. En un sindicalismo sin elecciones las posibilidades de renovar los cuadros es imposible. Se van secando”.
Otro elemento perturbador del mundo sindical, introducido a partir de 2011, según el informe especial de Provea, es la violencia armada intersindical que ha llevado a la muerte de dirigentes sindicales.
Acoso e injerencia
A pesar de todo, Arismendi afirma que en los primeros años del conflicto, entre 1999 y 2002, la CTV y los sindicatos autónomos lograron “responder adecuadamente” a las embestidas oficiales, pero luego, la creación de Unete en 2003, el trato preferencial que las inspectorías del trabajo comenzaron a darle a sus sindicatos afiliados, la politización del discurso y el accionar de la dirigencia sindical, significó el debilitamiento institucional de la CTV.
“Cerraban la puerta de las inspectorías, creaban sindicatos paralelos, el sindicato oficialista copaba los espacios y lograba la protección del Estado. Por otro lado, la dirigencia sucumbió a la tentación de archivar la agenda sindical y quiso ser uno de los ejes de la batalla política por salir del Gobierno. La respuesta fue que el Gobierno asumió una política antisindical por el medio de la calle con favoritismo hacia unos y discriminación hacia otros”, señala.
El caso de Unete es interesante porque luego de haber acompañado a Hugo Chávez y a Nicolás Maduro en sus inicios, en el año 2015 decidió deslindarse completamente de la política antisindical chavista madurista. La fundadora y presidenta de Unete, Marcela Máspero, asegura que otro de los elementos que perjudicó al movimiento sindical a lo largo de estos más de 20 años fue la injerencia de partidos políticos y el Gobierno en el movimiento sindical.
“Los factores político partidistas y de gobierno manipulando a su antojo al movimiento sindical hizo mucho daño. A nosotros, por ejemplo, nos pasó, porque de forma ingenua creímos en el discurso del presidente Chávez, de la democracia sindical, la participación de los trabajadores, el poder para los trabajadores, hacer crecer las empresas. Pero cuando vimos que nuestros compañeros eran apresados y perseguidos por exigir derechos o por disentir de políticas estatales, decidimos tomar otra posición y rescatar nuestra autonomía e independencia. Esa decisión ahora nos la quieren hacer pagar muy caro”, dijo Máspero.
Casos emblemáticos
Esas políticas antiobreras y antisindicales han sido sostenidas y profundizadas por Nicolás Maduro. El informe especial de la ONG Provea titulado Política de Estado contra la libertad sindical en Venezuela: criminalización y encarcelamiento de sindicalistas 2021, señala: “Desde 1999 (hasta 2021) más de 150 sindicalistas han sido sometidos a juicios penales. Algunos juzgados en libertad, pero bajo régimen de presentación periódica por más de diez años. Además tienen otras restricciones como la suspensión de la libertad de tránsito por el país, la prohibición de salida al exterior e incluso el no poder participar en concentraciones o protestas ni siquiera en las empresas donde fueron elegidos como representantes sindicales”.
Algunos de esos 150 detenidos a lo largo de 22 años de chavismo-madurismo han sido liberados plenamente o con medidas cautelares. Los casos más recientes son los de Rodney Álvarez, trabajador de Sintraferrominera (apresado en junio de 2011) y Eudis Girot directivo de la Federación Unitaria de Trabajadores Petroleros (apresado en noviembre de 2020); ambos fueron dejados en libertad condicional con medidas de presentación periódica en abril pasado en el contexto de la instalación de la Mesa de Diálogo Social con presencia de la Organización Internacional del Trabajo.
Uno de los casos de persecución sindical más emblemático en todos estos años ha sido el del dirigente de Sintraferrominera, Rubén González, quien fue detenido en 2009, condenado en 2011 a siete años de prisión y liberado en 2014. González fue detenido nuevamente en noviembre de 2018, condenado a cinco años de prisión en 2019, e indultado en agosto 2020. El pasado 25 de abril cuando se presentó en la sede de las reuniones tripartitas para participar como representante de Codesa, el gobierno de Maduro le negó el acceso.
Los sectores más afectados
Los sectores más afectados por la persecución judicial son el petrolero, las empresas básicas y el sector construcción. Aunque en los últimos años han sido detenidos trabajadores del sector alimentos, tráfico aéreo y educación.
El dirigente sindical del sector salud y coordinador de Monitor Salud, Mauro Zambrano, afirma que en ese gremio no es la detención la práctica de persecución más común, sino la amenaza, el amedrentamiento y el despido.
“No es común el encarcelamiento de trabajadores de la salud, pero sí las amenazas, retaliaciones y despidos de dirigentes. El libre ejercicio no existe. Haces sindicalismo y corres el riesgo de que te despidan, el riesgo de agresiones físicas incluso porque ellos (el Gobierno) activan grupos afectos para atacar a quienes se atreven a protestar. En un hospital no hay tapaboca y cuando el trabajador reclama, vienen las amenazas. En nuestro más reciente informe, correspondiente al primer trimestre de 2022, recogemos 130 amenazas contra trabajadores de la salud”, afirma Zambrano.
Máspero ofrece una cifra más global: “Al día de hoy la lista de trabajadores y dirigentes despedidos por participar en luchas reivindicativas ronda las 300 personas e incluyen Metro de Caracas, Sidetur, empresas de Guayana, Cancillería y las empresas privadas Bimbo y Kraft; solo en el estado Bolívar suman 100”. La cifra no solo es elevada, sino que si se compara con el número de despidos registrados por Unete hace dos años (150), demuestra que hay una política sistemática estatal en ese sentido.
“Además tenemos un listado de trabajadores imputados, con cédula de identidad y todo, que pasan de 100, algunos con medidas cautelares y otros que ya han sido liberados. Entre ellos los casos de Rodney Álvarez y Eudis Girot”, indicó Máspero.
Expectativas versus realidad
Las expectativas del movimiento sindical venezolano con la instalación de la Mesa de Diálogo Social son bajas porque otros mecanismos de diálogo a lo largo de estos 23 años con el chavismo-madurismo no han rendido los resultados esperados por la gente: la recuperación del bienestar económico y social, de la democracia, de los derechos y de la libertad.
“Predecir el futuro es difícil. En las reuniones que sostuvimos, por ejemplo, en Miraflores a comienzos de abril, los representantes del gobierno tomaron nota de los planteamientos, dijeron que buscarían solucionar, se acordó la instalación de unas mesas. Pero yo no me genero expectativas porque no depende de mí el resultado, porque las experiencias previas no han sido buenas y porque la mayoría de las mesas no han producido las soluciones. Sin embargo, los trabajadores no podemos dejar de intentar. Si ellos nos llaman, vamos; pero si tienen la voluntad o no, eso se verá de tener voluntad o no se verá”, sostiene Zambrano.
Arismendi coincide con esa postura, pues afirma que si bien ha percibido la intención de un acercamiento, lo importante es que se consolide y para ello, asegura, es de gran importancia que el movimiento sindical actúe cohesionado. En la Mesa de Diálogo Social se sentaron seis de las siete centrales sindicales del país:
- Central Socialista Bolivariana Socialista de Trabajadores, CBST, presidida por Wills Rangel.
- Asociación Sindical Independiente, ASI, presidida por Leida Marcela León
- Confederación General de Trabajadores de Venezuela, CGTV, encabezada por Antonio María Rodríguez.
- Confederación de Sindicatos Autónomos, Codesa, liderada por Caridad Rondón
- Confederación de Trabajadores de Venezuela, CTV, liderada por José Elías Torres como secretario general
- Unión Nacional de Trabajadores, Unete, encabezada por Marcela Máspero
Mientras que la Confederación Única de Trabajadores de Venezuela (CUTV) presidida por el dirigente del Partido Comunista de Venezuela, Pedro Eusse y fundada en 1962, no fue invitada a la mesa, como retaliación contra el PCV y su ruptura con el madurismo oficializada en 2020.
Pero además de esa exclusión, entre las centrales que sí participaron en la jornada de trabajo con la OIT se hizo evidente una división en dos bloques. Máspero explicó que eso hizo que el Estado se sentara por separado con los sindicatos: por un lado, el grupo integrado por la CBST, la CTV, ASI y CGT; y por el otro, Unete y Codesa. Estas dos últimas fueron las únicas que no firmaron el acuerdo conclusivo de la actividad porque, según Máspero, el papel dice textualmente que los firmantes reconocen los avances en el cumplimiento de las exigencias. Para estas dos centrales no hay todavía ningún cumplimiento.
El mejor escenario posible
León Arismendi considera que si las conversaciones —que terminaron el 28 de abril con el acuerdo para instalar dos mesas de trabajo— permitieran resolver la situación de las elecciones sindicales, ya sería un gran logro.
“Las elecciones son un factor que interesa incluso a los dirigentes chavistas porque sin duda que después de 11 años de fundada la CBST sin ninguna renovación de cuadros, debe haber desgaste. Un acuerdo que permitiera a Venezuela ponerse a tono con los tres convenios, (el 26 fijación de salarios, el 87 sobre libertad sindical y el 144 sobre la consulta tripartita) sería lo esperado. El cese del intervencionismo, de la persecución y la judicialización”, sostuvo Arismendi.
Máspero, que participó en la jornada de tres días, se muestra más escéptica. Si bien saluda la celebración de la reunión en sí misma como un paso importante y la libertad condicional de Álvarez y Girot (recalca que ambos debieron recibir libertad plena), considera positivo que haya una especie de despertar del movimiento sindical.
“Yo pienso que hay vientos de esperanza, más allá de la posición que asumieron las otras cuatro centrales sindicales, porque hay movimientos de calle que han venido creciendo. Hemos visto protestas de los jubilados y pensionados, así como de otros sectores. También está el diálogo que fue posible en esta mesa en un ambiente propicio, respetuoso, y siempre exigiendo resultados”, sostiene Máspero.
El principal reto, a su juicio, es recomponer la unidad por encima de las diferencias políticas e ideológicas que, teniendo objetivos comunes, les impiden construir estrategias comunes
Crónica Uno
