El Banco Central de Venezuela (BCV) es la autoridad monetaria encargada de “lograr la estabilidad de precios y preservar el valor interno y externo de la unidad monetaria”, el Bolívar. Así lo establece el artículo artículo 318, de nuestra carta magna (CRBV); además, el mismo artículo 318 de la Constitución de 1999 prevé que las competencias monetarias del Poder Nacional serán ejercidas de manera exclusiva y obligatoria por el BCV, incluyendo entre sus funciones las de: “formular y ejecutar la política monetaria”, “participar en el diseño y ejecutar la política cambiaria”, “regular la moneda, el crédito y las tasas de interés” “administrar las reservas internacionales”, “todas aquellas que establezca la ley”. Para cumplir estos objetivos tiene que estar garantizada la autonomía del BCV, a tal efecto, la Constitución de 1999 establece que el BCV es “persona jurídica de derecho público con autonomía para la formulación y el ejercicio de las políticas de su competencia”; y que dicha autonomía implica que el BCV “no estará subordinado a directivas del Poder Ejecutivo” (artículo 320).
Lamentablemente, a partir del 18 de octubre de 2002, comenzaron las violaciones a la autonomía del BCV se publicó, en Gaceta Oficial N° 5.606 extraordinario, la reforma parcial de la Ley del BCV con la que se modificaron los artículos 65 y 71 y se agregó una nueva Disposición Transitoria. Con la modificación del artículo 71, las utilidades declaradas en el período –previa deducción de las reservas de Ley– debían ser entregadas a la Tesorería Nacional y no al Fisco Nacional, tal y como se establecía en la Ley de 2001. De esta manera, el BCV podría transferir recursos, sin contraprestación, al Ejecutivo Nacional, o a manos de Alejandro Andrade y después de Claudia Diaz. Luego vinieron reformas, tras reformas, millarditos y más millarditos, pasando por la creación del FONDEN y así el Banco Central de Venezuela pasó a ser manejado directamente desde Miraflores.
Las consecuencias las estamos viviendo los venezolanos, devaluaciones monstruosas, hiperinflación, escasez, deterioro de los servicios públicos y más de 6 millones de venezolanos en el exterior huyendo del hambre y la miseria.
Todos estos antecedentes en materia de política monetaria no han llevado a una dolarización por la vía de los hechos, la cual no responde a un plan diseñado por el régimen, sino a su propia incompetencia.
Pese a que Chávez intentó imponer el trueque, se mantuvo el dinero para el intercambio entre proveedor y consumidor de un bien o servicio y más concretamente con el uso del dinero como elemento clave en las transacciones. Luego, después de años del gobierno venezolano mantener una fuerte restricción en el uso del dólar en el 2018 el gobierno derogó la Ley de Ilícitos Cambiarios para dar luz verde al uso del dólar. Allí se impuso el libre mercado sobre el anacronismo.
Ahora el gobierno pretende frenar la dolarización y aumentar el uso del bolívar y decreta el 28 de marzo reciente el nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), un gravamen exclusivo para operaciones entre empresas que comenzó a operar en 2015 y que ahora es global para todas las operaciones en divisas, incrementando así a la inflación.
El régimen no soporta que el dólar se haya convertido en la moneda preferida de los venezolanos, en perjuicio del bolívar como moneda nacional. Actualmente pretenden que en las transacciones el bolívar sea más utilizado que el dólar, pero la realidad le demuestra lo contrario y ese choque nadie sabe en que terminará en el plazo de un año. La dolarización ha avanzado y se hace indetenible ante la falta de medidas para corregir los desaciertos y la incompetencia. Recuperar el valor del Bolívar es bien cuesta arriba. En el 2012, se estimaba que las transacciones en dólares no llegaban al 5 % del total. Hoy, representan el 64 ,8 % de las operaciones, según datos de Ecoanalítica, mientras el 42 % de los venezolanos no tienen acceso al dólar, pero tampoco consiguen los bolívares necesarios, según un estudio de Datanálisis en octubre pasado.
En definitiva, si alguien se ha beneficiado de la inflación es el régimen y no están dispuestos a frenarla. Hasta ahora la dolarización ha sido beneficiosa para Venezuela porque ha contribuido a reducir la inflación, aun cuando falta el soporte principal que es aumentar la producción nacional y mejorar la oferta interna. La incertidumbre y la desconfianza continua y así seguirá mientras el BCV siga siendo una oficina más de Miraflores.
Economista José Luis Alcocer.
