Las interrupciones de la dinámica vital de la ciudad parece que de algún modo están permitidas por la Constitución Nacional y, por eso, vemos frecuentemente que grupos voluntariosos o dirigidos, salen a la calle para bloquear vías indispensables para la movilización ciudadana, en vez de utilizar los medios de comunicación social o lugares menos perturbadores. Pensamos que el mismo derecho constitucional que tienen sectores para salir de ese modo a protestar y exigir, debe tener el ciudadano común para traficar libremente por las calles o entrar y salir del lugar a donde si dirija y que de alguna manera el gobierno debe garantizar. Desgraciadamente en nuestro país, Venezuela, no es así. Por lo visto, el gobierno de turno deja hacer o pasar causando, lógicamente, una inestabilidad que afecta o retrasa la dinámica de la producción para avanzar hacia la paz y bienestar. El Gobierno dictatorial e Marcos Pérez Jiménez para evitar esas manifestaciones callejeras, exigía a los partidos política y grupos reivindicativos, realizaran sus manifestaciones en sitio cerrados como bien lo hacen las religiones en sus templos y clubes o colegios con sus miembros y, obviamente, así cualquier Gobierno, del signo que sea, puede trabajar holgadamente y realizar bien su trabajo en beneficio del colectivo que es su deber y compromiso. ¿Por qué no es posible dentro del sistema democrático? es la pregunta sonante y constante cada vez que los medios de comunicación social informan de algún tumulto sorpresivo y perturbador. Diera la impresión que dentro del sistema democrático, es patente el miedo o temor de perder popularidad electoral y por ello se toleran ciertas manifestaciones perturbadoras del orden y la paz ciudadanos. (AF).
