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2023, otro del cuarto de siglo de gobernanza chavista que cierra marcado por negociaciones, tensiones y escándalos de corrupción

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Venezuela ha vivido años intensos marcado por una crisis generalizada y los últimos 12 meses no fueron la excepción. El 2023 estuvo marcado por un proceso de negociación entre el gobierno, la oposición y EEUU, tensiones con Guyana y una investigación por presuntos crímenes de lesa humanidad

VOA

El 2023 fue un año políticamente activo en Venezuela, un país que se prepara para celebrar en el segundo semestre del 2024 unas elecciones presidenciales marcadas por múltiples incertidumbres.

Los acontecimientos se desarrollan en medio de un contexto de crisis generalizada que impacta especialmente a los sectores más vulnerables al menos desde el 2007. Los venezolanos siguen sorteando frecuentes fallas en los servicios públicos y una severa crisis económica provocando una de las olas migratorias más grandes del mundo que el actual gobierno chvista atribuye a las sanciones impuestas por la comunidad internacional.

Estos fueron algunos de los acontecimientos que marcaron al país en 2023 y que incidirán en el futuro próximo del país.

1.-Acuerdo de Barbados, primaria e inhabilitaciones

El gobierno del presidente Nicolás Maduro y la Plataforma Unitaria de la oposición firmaron en Barbados un acuerdo parcial sobre derechos políticos y garantías electorales que promueve acciones como la actualización del Registro Electoral y la invitación de misiones técnicas de observación electoral.

La firma del acuerdo condujo al levantamiento temporal de sanciones por parte de Estados Unidos que advirtió que los alivios podrían revertirse si no se evidenciaban pasos concretos orientados a al levantamiento de inhabilitaciones políticas y la liberación de “ciudadanos estadounidenses y presos políticos venezolanos detenidos injustamente”.

El acuerdo permitió que la oposición pudiera celebrar, en octubre, la primaria presidencial que enfrentó múltiples obstáculos y que fue considerada por el gobierno como un “fraude”.

Con más de 2,2 millones de votos, María Corina Machado se convirtió en la candidata presidencial unitaria de la oposición para las elecciones del 2024, pero aún debe hacer frente a una inhabilitación administrativa considerada “ilegal” que le impediría formalizar su candidatura ante el Poder Electoral.

En medio de un plazo establecido por EEUU, El Reino de Noruega, país facilitador en las negociaciones entre el gobierno y la oposición, divulgó un procedimiento acordado por las partes para la revisión de inhabilitaciones por parte del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ). Ante esa instancia, Machado introdujo un reclamo y una demanda de amparo cautelar contra la inhabilitación que sostiene es “inexistente”.

El gobierno estadounidense saludó la acción de Machado y de otros candidatos e insistió en que corresponde a los representantes del gobierno “demostrar su compromiso con unas elecciones competitivas e inclusivas”.

2.-Liberación de Alex Saab y presos políticos

El gobierno de Estados Unidos liberó a Alex Saab, un cercano aliado del presidente Nicolás Maduro, a cambio de 10 ciudadanos estadounidenses encarcelados en Venezuela y un fugitivo. Saab fue recibido por Maduro en el Palacio de Miraflores que agradeció al Estado de Qatar y a los miembros de las delegaciones en las negociaciones por la gestión.

Al menos 20 personas consideradas presos políticos también fueron liberadas como parte de los acuerdos.

El presidente estadounidense, Joe Biden, dijo que estaban “asegurando” que el gobierno venezolano cumpla con sus compromisos sobre la hoja de ruta electoral acordada con la oposición para celebrar elecciones presidenciales “competitivas» en 2024, resaltó que continuarán monitoreando la situación “de cerca” y advirtió que tomarán acciones de ser necesario.

3.-Disputa por el Esequibo

El diferendo entre Guyana y Venezuela por el Esequibo, un territorio de casi 160.000 kilómetros cuadrados rico en recursos naturales, escaló en 2023, luego de que el gobierno guyanés llevó a cabo licitaciones petroleras en áreas pendientes de delimitación.

Tras celebrar un cuestionado referendo consultivo en el que, de acuerdo al Poder Electoral más de 10 millones de personas aprobaron rechazar la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) en el diferendo entre Venezuela y Guyana por el Esequibo y la incorporación de ese territorio como un nuevo estado, el gobierno ordenó la creación de una zona militar, conceder licencias de exploración y explotación de recursos naturales, así como la activación de un censo y un plan de atención social a los habitantes de la zona en disputa.

El Parlamento de mayoría oficialista aprobó en primera discusión una ley orgánica para la creación del estado Guayana Esequiba. Las medidas fueron rechazadas por Guyana que ha advertido sobre la posibilidad de instalar bases militares estadounidenses para defender su territorio.

Tras una reunión, Maduro y su par guyanés, Irfaan Ali, acordaron no amenazar ni utilizar la fuerza “en ninguna circunstancia”, reunirse en los próximos tres meses en Brasil para considerar asuntos con implicaciones para el Esequibo y el establecimiento de una comisión conjunta de los ministros de Relaciones Exteriores de ambos Estados para abordar asuntos mutuamente acordados.

Para dirimir el diferendo, Venezuela defiende el Acuerdo de Ginebra de 1966, que prevé la resolución amistosa y “en forma que resulte aceptable para ambas partes”. Guyana, por su parte, insiste en la validez del Laudo Arbitral de París de 1899 que el Estado venezolano califica de “nulo e írrito”.

Venezuela objeta la jurisdicción de la CIJ para examinar la disputa fronteriza y decidir sobre la validez del Laudo Arbitral que cedió el territorio a Gran Bretaña, que en ese entonces mantenía a Guyana como colonia, pero el gobierno guyanés insiste en que ese es el mecanismo para lograr la resolución de la controversia fronteriza.

Venezuela tiene plazo hasta abril del 2024 para presentar una contra memoria, con argumentos sólidos para defenderse ante la CIJ. Aún es incierto cómo procederá el Estado venezolano, pero especialistas insisten en que, aunque el gobierno desconozca su jurisdicción, el proceso avanzará y un dictamen desfavorable sería inapelable. Además, consideran que el gobierno aprovecha el tema con propósitos internos.

En los últimos días del año, Maduro ordenó el inicio de un “despliegue militar” en el Caribe de Venezuela en respuesta a la llegada de un buque de guerra de Reino Unido a las costas de Guyana. [Lea también: Maduro anuncia ejercicios militares por “amenaza” de Reino Unido, Guyana «no planea invadir a Venezuela»]

4.-Investigación en la Corte Penal Internacional

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) decidió autorizar al fiscal de la Corte, Karim Khan, reanudar la investigación a Venezuela por crímenes de lesa humanidad, argumentando que el Estado venezolano “no está investigando o no ha investigado hechos delictivos que puedan constituir delitos”.

El Estado venezolano, que niega se hayan cometido crímenes de lesa humanidad, ejerció un recurso de apelación contra la decisión en audiencias en las que la fiscalía de la CPI cuestionó que Venezuela haya demostrado “impacto” en las investigaciones internas. Sin embargo, mientras se espera un veredicto, la investigación avanza.

En junio, el fiscal Khan, que por tercera vez visitó Venezuela, firmó con Maduro un memorando de entendimiento de cooperación y trabajo conjunto para concretar la conformación de una oficina de cooperación técnica de la fiscalía de la CPI en el país.

5.-Escándalo de corrupción

A inicios del 2023, al menos 61 personas, entre ellas funcionarios públicos de alto rango, fueron detenidos y procesados por “hechos de corrupción” y “malversación de fondos” en las estatales Petróleos de Venezuela (PDVSA), la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Cartones de Venezuela (Cartoven) y el Poder Judicial.

El fiscal general, Tarek William Saab, precisó que, en el caso de PDVSA, las operaciones implicaron la asignación de cargas de crudo a la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip) y a “particulares sin ningún tipo de control administrativo” que incumplieron con las normativas de contratación.

No se conocen datos precisos sobre el monto que ha sido desfalcado al Estado, pero, según la agencia de noticias Reuters, PDVSA ha dejado de cobrar al menos 21.000 millones de dólares por la comercialización de petróleo a través de intermediarios. En ese entonces el fiscal descartó presentar cifras por estar en fase de investigación, pero no se ha registrado públicamente una actualización del caso.

El escándalo llevó a Tareck El Aissami a renunciar a su cargo como ministro de Petróleo, horas después de que varios funcionarios de alto rango de su entorno fueron detenidos y posteriormente acusados por delitos de apropiación de patrimonio público, valimiento de relaciones de influencias, legitimación de capitales y asociación, así como traición a la patria.

El ex ministro de Petróleo de 49 años, a quien la Oficina de Control de Activos de Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EEUU señaló en 2017 como un “narcotraficante especialmente designado”, no ha vuelto a aparecer públicamente desde el 6 de marzo cuando anunció haber mantenido una reunión de trabajo con Igor Sechin, director ejecutivo de la estatal rusa, Rosneft y no hay información oficial sobre si está siendo investigado o si fue detenido.

6.-Denuncias de criminalización y persecución

El más reciente informe de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre Venezuela (FFM por sus siglas en inglés), que no es reconocida por el gobierno, concluyó que en Venezuela “siguen ocurriendo” violaciones a los DDHH y se intensifican los ataques “selectivos” contra el espacio cívico y democrático a través de políticas de Estado orientadas a “silenciar” a quienes disienten del gobierno del presidente Nicolás Maduro.

Durante todo el año se registraron denuncias de casos de detenciones arbitrarias, desaparición forzosa y torturas contra miembros de la sociedad civil que fueron expuestas ante instancias internacionales. Varios de los casos generaron especial alarma.

La detención y posterior liberación de 33 hombres que participaban en una supuesta “fiesta sexual” en un club privado de la comunidad LGBTIQ+, acusados de “ultraje al pudor”, “agavillamiento” y «contaminación sónica”, fue denunciada por diversos sectores que dijeron haber sido sometidos al escarnio público. Especialistas aseguraron que los hombres fueron detenidos sin haber cometido delito alguno y que fueron víctimas de discriminación.

Además, un tribunal acusó de instigación al odio por sus comentarios en redes sociales a un activista opositor que fue “arbitrariamente” detenido.

Acusados de “traición a la patria”, por presuntamente haber participado en una trama para conspirar contra el referendo consultivo sobre el Esequibo, la fiscalía emitió órdenes de arresto contra 14 personas, entre ellas 3 de los colaboradores más cercanos a María Corina Machado.

Roberto Abdul, uno de los miembros de la comisión que organizó la primaria presidencial opositora y, además, presidente de Súmate, una organización con capacidad técnica para organizar procesos de participación ciudadana fue detenido, pero liberado días después tras las negociaciones entre el gobierno y EEUU.

De acuerdo a organizaciones defensoras de DDHH en Venezuela existen más de 250 presos políticos.

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